50 años de impunidad: revelan lista de posibles víctimas de los ‘vuelos de la muerte’

“La espada justiciera” hacía su aparición minutos antes de las 3 de la mañana. Los ‘guerrilleros’ eran sentados en una banca para asesinarlos de un balazo en la cabeza; después, elementos del Ejército Mexicano les colocaban bolsas en la cabeza, los metían en costales que llenaban con piedras y, tras una hora de vuelo partiendo desde Acapulco, arrojaban los cuerpos al mar: era la década de 1970, tiempos de la ‘guerra sucia’ y de ‘vuelos de la muerte’.

El 26 de mayo de 2004 -después de 30 años de impunidad- Rosario Piedra Ibarra recibió una carta de un presunto militar desertor que incluía los nombres de 183 posibles víctimas de ‘los vuelos de la muerte’, escribió la periodista Marcela Turati al hacer pública la misiva en un trabajo publicado en el medio Quinto Elemento.

La carta y la lista de las posibles víctimas estuvo en poder del Comité Eureka, fundado por la propia Ibarra Piedra, y está siendo analizado por expertos investigadores en la época contrainsurgente y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Los militares colocaban hasta ocho cuerpos (acostados) en el interior del avión, los mismos que días, semanas y hasta meses atrás habían sido detenidos y encarcelados en las instalaciones de la Base Militar Número 7 de Guerrero, mejor conocida como Pie de la Cuesta, la misma desde la que despegaban con rumbo al mar.

Entre los militares implicados destacan los nombres de Margarito Monroy Candia (mecánico de aviación) y el de los generales Mario Arturo Acosta Chaparro, Francisco Quirós Hermosillo y Javier Barquín Alonso, todos señalados por la desaparición de al menos 143 personas.

A 50 años de distancia, una investigación del Centro de Derechos humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y de la Oficina de Investigaciones Visuales SITU Research de Nueva York, logró demostrar que el Ejército Mexicano tenía información importante que podría ayudar a conocer el paradero de cientos de víctimas de la ‘guerra sucia’ y de los llamados ‘vuelos de la muerte’, los cuales se habrían desarrollado entre 1972 y 1981.

En su libro Necropolítica y narcogobierno: nuevas dinámicas de poder en México, el periodista José Reveles narra en uno de los capítulos lo ocurrido en los ‘vuelos de la muerte’. Con el testimonio de Monroy Candia, el comunicador cuenta como el Ejército Mexicano tuvo que cubrir con bolsas las cabezas de las víctimas para impedir que la sangre manchara el avión y que el olor -ya nauseabundo- no siguiera incrementándose; también recalca que la idea de los costales llenos de piedras surgió después de que el mar regresara algunos cuerpos a la playa.

Entre la lista de las 183 posibles víctimas se encuentra el nombre de Ignacio Salas Obregón, fundador de la Liga Comunista 23 de Septiembre, quien después de un enfrentamiento el 25 de abril de 1974 en Tlalnepantla -donde resultó herido-, fue detenido y trasladado al Campo Militar Número 1 (CDMX); en documentales y fotografías del Archivo General de la Nación consta la detención de Nacho Salas, incluso algunos de sus compañeros fueron llevados para identificarlos. A pesar de lo anterior, a la edad de 25 años y ocho meses se dejó de tener conocimiento de su paradero.

A pesar de que la lista ya ha sido compartida a colectivos de personas desaparecidas y a algunas familias de las víctimas directas, los expertos que investigan y comparan datos, nombres, fechas y expedientes, piden cautela.

La carta entregada a Rosario Piedra Ibarra está escrita a máquina antigua; contiene las fechas de los vuelos (entre julio y mayo de 1974); los nombres de quienes estuvieron en los ‘10 viajes especiales’; seudónimo, lugar y unidad.

Sin embargo, el historiados Javier Yankelevich remarcó a Marcela Turati que pese a lo valioso del documento, “hay que irse con cuidado (...) puede estar relacionado con los ‘vuelos de la muerte’, el problema es saber como está relacionado, ¿Por qué dice la palabra viaje y no vuelo? ¿de dónde a dónde fueron esos traslados? y falta ver como podemos relacionarlo con Pie de la Cuesta”.

En su texto, José Reveles señala que las víctimas en manos del Ejército Mexicano eran sentados en una banca de madera y les decían que serían fotografiados; empero, en lugar del flash de la cámara, a ellos apuntaba la “espada justiciera”, una pistola calibre .38.