Las elecciones del 2 de junio pasado fueron consideradas las más grandes de la historia, debido a que se eligió a los nuevo titulares de más de 20 mil 700 cargos a nivel nacional, entre ellos la Presidencia de la República, la cual por primera vez será encabezada por una mujer, quien en este caso representa la continuación en diversos aspectos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con ello, el impulso de las reformas que el actual mandatario presentó este año en contra del Poder Judicial y los organismos autónomos.
A esto se suma, que de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preeliminares (PREP), el partido Morena será mayoría en el Senado y la Cámara de Diputados, lo cual facilitaría que se lleve acabo el Plan C para la aprobación de las reformas promovidas desde el gobierno federal.
¿Qué instituciones podrían ser afectadas?
El presidente López Obrador presentó un paquete de 10 reformas el 5 de febrero pasado, entres las cuales destacó la iniciativa para proponer que los magistrados, ministros y jueces del Poder Judicial sean elegidos a través del voto ciudadano y no designados como ocurre actualmente.
Por ello, de acuerdo con el Análisis del resultado de las elecciones presidenciales en México realizado por la empresa Controlrisks, una de las instituciones afectadas sería la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que será un menor contrapeso por la capacidad de integrar a cuatro nuevos ministros con visiones similares a lo largo del sexenio.
No obstante, en un nivel de riesgo alto, se prevé un panorama de gobernabilidad en el que se reforma la constitución en solitario, se politiza la Suprema Corte de Justicia y se desintegran las instituciones autónomas.
Siguiendo en esta línea, otro riesgo alto según el mismo análisis, podría ser las nacionalizaciones y expropiaciones, la falta de pragmatismo en la relación con el sector privado y el favorecimiento total de empresas paraestatales.
Una segunda reforma que podría ser avalada, es la reforma para desaparecer los organismos públicos autónomos, los cuales han sido blanco constante de críticas por parte del presidente al considerarlos un gasto excesivo para el erario e instituciones creadas en los gobiernos neoliberales que privilegiaban los intereses privados antes que los del pueblo.
Ante ello, el Ejecutivo propuso la desaparición de organismos como los institutos Nacional Electoral (INE), Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) y Federal de Telecomunicaciones (IFT), así como las comisiones Federal de Competencia (Cofece), Reguladora de Energía (CRE) y Nacional de Hidrocarburos (CNH).
Aunque actualmente hay 11 organismos públicos autónomos, los anteriores son aquellos en contra de los que López Obrador ha arremetido y ha dicho que planea desaparecer para traspasar sus funciones a las secretarías de Estado, por lo que todavía no se sabe qué pasará con otros como Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística.
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