¿Titular de la CES Morelos, José Ortiz Guarneros, podría ir a la cárcel por el caso del obispo Salvador Rangel? Esto sabemos

La situación en torno al caso de la desaparición del obispo Salvador Rangel Mendoza ha generado un profundo debate, principalmente tras las declaraciones difundidas por José Ortiz Guarneros, Comisionado Estatal de Seguridad del Estado de Morelos, pues además de causar controversia podrían enfrentar consecuencias judiciales que incluso lo llevarían a la cárcel.

Y es que este jueves Ortiz Guarneros reveló detalles sobre el estado en el que el obispo fue encontrado, lo que compromete la investigación que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE) a cargo de Uriel Carmona, cuya hipótesis es que el monseñor pudo haber sido víctima de un secuestro exprés.

“Hasta donde sabemos entró voluntariamente al motel, con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró, fuimos a pedir información pero ya había llegado la Fiscalía y no lo permitieron”, dijo el comisionado a los medios de comunicación.

Estas declaraciones han sido interpretadas como violación a la intimidad personal, revelación o aprovechamiento de secreto, y delitos contra la procuración y administración de justicia.

Por ello, si se procede legalmente en su contra, y de confirmarse las faltas, el comisionado podría enfrentar sanciones que van desde 6 meses hasta 8 años de prisión, además de multas económicas.

Luis Alberto Vázquez Cisneros, abogado de Salvador Rangel, reiteró la importancia de esperar a que finalice la investigación por parte de la Fiscalía antes de realizar cualquier afirmación y cuestionó la difusión de información por parte del comisionado. Aseguró que hay posibilidad de presentar una demanda en su contra por daño moral por publicar información parcial sobre el caso.

El comisionado Ortiz Guarneros agregó que: “Se hicieron unas declaraciones de que fue un secuestro exprés, nosotros creemos que no, pero el fiscal deberá demostrar por qué sí fue un secuestro exprés. Los que están en la política están aprovechando esto para denostar la seguridad en el estado”, afirmó.

La denuncia presentada ante la Fiscalía detalla que el obispo salió solo de su casa el pasado sábado, llevando consigo una bolsa de plástico negra, y ofreció un perfil de su estilo de vida en el que se añadió que no consume alcohol, tabaco, drogas, y lleva una vida célibe.

Un examen toxicológico reveló la presencia de cocaína y benzodiacepinas en la sangre del obispo, sin precisar si su consumo fue voluntario. Además, se dijo que cuando fue encontrado en el motel no llevaba ninguna pertenencia personal y únicamente tenía un blister de pastillas de sildenafil, usada para atender la hipertensión arterial pulmonar y la disfunción eréctil.

La defensa del obispo también declaró: “Lo que a mí me manifestó es que salió de su domicilio, se detuvo en un Oxxo a comprar algo y de ahí él perdió el conocimiento”, y señaló que él no le dijo que entró a un motel.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) ha pedido confianza en las instituciones y evitar especulaciones que afecten la dignidad humana del obispo.

Asimismo, tras la renuncia de su anterior abogado, el nuevo defensor mencionó que hasta la total recuperación de Rangel Mendoza no se emprenderán acciones legales.

La situación legal de José Ortiz Guarneros es aún incierta. La divulgación de información sensible podría tener implicaciones legales significativas, lo que recalca la necesidad de manejar con cuidado la información en casos de alto perfil.

El obispo de Chilapa-Chilpancingo, Salvador Rangel Mendoza, fue dado de alta y salió de un hospital particular la noche del jueves, tras haber estado internado desde el lunes. Rangel Mendoza fue llevado en una ambulancia a su residencia en Jiutepec, acompañado de amigos y familiares alrededor de las 19:30 horas. Su estado de salud fue descrito como “delicado”.

Pese a que la Fiscalía esperaba su declaración este día, Luis Alberto Vázquez Cisneros anunció que no se emprenderían acciones legales hasta que el obispo se recupere completamente. Señaló que, en su condición de víctima, no está obligado a declarar ante las autoridades y que ejercería su derecho hasta su total recuperación.