
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó el 5 de febrero un paquete de 20 iniciativas de reformas, entre las que se incluye una en materia de pensiones.
La iniciativa busca que los trabajadores se retiren con el 100 por ciento de su último salario y sería aplicable a todas las personas que tengan 65 años, cumplan los requisitos para una pensión, y se pensionen una vez haya sido aprobada la reforma y creado el fondo de pensiones para el bienestar.
Señaló Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), durante la conferencia matutina del 7 de febrero.
La funcionaria detalló además que la propuesta busca revertir las reformas anteriores que “dañaron” a la clase trabajadora en México, específicamente las de 1997 y 2007.

Posibles riesgos de la reforma
Pero, de acuerdo con especialistas, la iniciativa conlleva implicaciones económicas e intergeneracionales, como las que a continuación señala el Instituto Mexicano para la Competitivad, A.C. (Imco):
El aumento significativo en el gasto para el pago de pensiones, reduciría el espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública.
“Un aumento significativo en el gasto en este rubro por parte del Gobierno Federal tendría consecuencias negativas al reducir aún más el limitado espacio fiscal disponible para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad e inversión pública, entre otras”.
Lo anterior, además incidiría en la competitividad y el crecimiento económico de México, afectando el bienestar de distintos sectores de la población, indicó el Imco en el documento: “Iniciativas sobre pensiones propuestas fiscalmente cuestionables”.
El Instituto agregó que las consecuencias serán diferenciadas para distintos grupos de edad, debido a que favorecería a los adultos mayores a expensas de la reducción del gasto de otras áreas.
Y es que, de acuerdo con las proyecciones del Conapo, en 2050 por cada 100 personas en edad laboral habrá 25.7 personas de 65 años o más.
“Un aumento en el gasto en pensiones tendría implicaciones de inequidad intergeneracional al favorecer de manera desproporcionada a las personas adultas mayores, a expensas de otros grupos de edad que verían reducido el gasto destinado a áreas fundamentales como educación, salud y seguridad”.

Mientras que el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) estimó en entrevista con El Financiero que el gasto presupuestal en pensiones se elevaría de 5.8 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a 7.8 por ciento para 2030.
Iniciativa promueve creación de Fondo de pensiones para el bienestar
La iniciativa propuesta por el mandatario mexicano incluye un fondo de pensiones para el bienestar, que provenga de diversas fuentes.
“Contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); estamos hablando de 16 mil 77 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100 por ciento de su salario”.
Dichas fuentes, de acuerdo con Luisa María Alcalde, son:
- Recursos de las operaciones del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
- Liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND).
- La venta de los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
- Cobro de adeudos de entidades públicas con IMSS, ISSSTE y Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y de 37 de la Ley de Infonavit, que poseen las afores y están relacionados con la recuperación de cuentas.
A la par de que también se prevé recursos complementarios, entre ellos la liberación de recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF), equivalentes a 15 mil millones de pesos.
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