¿Por qué la iniciativa de reforma de AMLO sobre las pensiones ha sido tan controversial? Estas son las claves

Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer un paquete con 20 iniciativas de reformas constitucionales que han causado polémica, pero quizá la que más ha abierto el debate, al generar más dudas que certezas, es su propuesta sobre las pensiones, con la que busca que los trabajadores se jubilen con una pensión de 100%, con pagos mensuales al último salario que percibieron antes de su retiro.

La iniciativa de AMLO busca asegurar pensiones justas para los trabajadores que se jubilarán bajo los regímenes de 1997 y 2007, afectados negativamente por previas reformas consideradas “neoliberales”, particularmente durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, cuando se privatizó parcialmente el sistema, pasando a un esquema de cuentas individuales y dando paso a las Afores.

Para lograrlo, el titular del Ejecutivo propone que se modifique el artículo 127 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos en donde se establecería que las personas trabajadoras de 65 años que empezaron a cotizar después del 1° de julio de 1997 bajo la Ley del Seguro Social, así como aquellas bajo el régimen de cuentas individuales que cotizan en el ISSSTE, tengan derecho a una pensión de retiro por vejez igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el IMSS, cuando la pensión obtenida sea menor a dicho promedio.

Ello, según el documento, se lograría con la creación de un Fondo de Pensiones para el Bienestar, conocido como “fondo semilla”. Este comenzaría a funcionar a partir del 1º de mayo de 2024, con un monto inicial de 64 mil 619 millones de pesos, el cual se incrementaría gradualmente para compensar a los trabajadores afectados.

• De acuerdo con la propuesta de López Obrador, este “fondo semilla” estaría alimentado de varias fuentes como:
• El 75% de los recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
• La liquidación de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
• Los ingresos de la venta de bienes inmuebles sin construcción del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.
• Montos adeudados por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Congreso de la Unión, Poder Judicial de la Federación, órganos autónomos, entidades federativas, poderes legislativos y judiciales locales, administraciones públicas municipales o sus entes públicos pendientes de pago ante el SAT, ISSSTE o IMSS.
• Los recursos por la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y 37 de la Ley del INFONAVIT.
• Reintegro de recursos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación tras procedimientos legales.
• Recursos financieros y economías por la eliminación de órganos autónomos, reguladores, organismos descentralizados, desconcentrados, unidades administrativas y otros entes públicos por duplicidad de funciones.
• El 25% del remanente de utilidades netas de ingresos propios de entidades paraestatales sectorizadas en las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar).
• Rendimientos, aprovechamientos y productos financieros de la administración de dichos recursos.
• Recursos de las enajenaciones de inmuebles propiedad de la nación en posesión del ISSSTE y aquellos de su propiedad.
• El producto de las inversiones del patrimonio del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
• Donaciones o cualquier otro tipo de aportación de personas físicas o morales.

Primero, existe incertidumbre sobre la capacidad del Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado de recuperar activos y el monto que se lograría obtener. Se mencionan ingresos futuros de proyectos administrados por las Fuerzas Armadas, como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), los cuales actualmente presentan déficits. Según proyecciones, se espera que estas pérdidas continúen durante varios años más.

Respecto a los fideicomisos del Poder Judicial, el gobierno aún no los ha adquirido debido a pendientes legales que faltan resolver. Si bien se plantea la liquidación de diversas entidades, los fondos resultantes serían insuficientes.

Según el análisis del periodista Carlos Loret de Mola, el conjunto de recursos que podrían reunirse a partir de la disolución de los organismos autónomos solo cubriría el pago de pensiones por un periodo de 10 días.

Por otro lado, la organización México Evalúa señala que esta es una propuesta que no tiene viabilidad financiera, señalando que muchas de las fuentes de ingresos con las que se integraría el “fondo semilla” ni siquiera existen hoy día y se desconoce si podrán existir en un futuro; mientras que proyectos a cargo de la Sedena y la Sear apenas se están desarrollando.

Mario Di Costanzo, expresidente de la Condusef, también señala que esta reforma afectaría a los próximos pensionados y pondría en riesgo la inversión en salud, educación, infraestructura hidráulica, campo, energía y más.