
Uno de los nombres que figuran en la investigación que la DEA abrió por el presunto financiamiento del Cártel de Sinaloa a la primera campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador también se ostenta como testigo protegido que ayudó al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, a fincar el llamado “Michoacanazo”.
El periodista Tim Golden -autor de uno de los tres textos originales que dieron cuenta de la investigación- escribió que Roberto López Nájera se presentó ante la Embajada de Estados Unidos en 2008 y pidió entrevistarse con alguien de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Después de dos años como informante -”Jennifer”, su nombre clave- contó que “La Barbie” (Édgar Valdez Villarreal) lo llevó a una reunión con un empresario y otro personaje identificado como Francisco León García: “Los dos dijeron que estaban allí con el conocimiento y la autorización de López Obrador (AMLO) a cambio de una inyección de dinero”, escribió Golden.
Lejos del escándalo mediático que representó la publicación de los presuntos vínculos entre AMLO y el Cártel de Sinaloa; el nombre de “Jennifer” no es ajeno a la justicia mexicana, mucho menos a otro político encontrado culpable y quien está a la espera de su condena por revelarse que sirvió al crimen organizado mientras se ostentaba como el encargado de la seguridad pública nacional: Genaro García Luna.

“Jennifer”, García Luna y el “Michoacanazo”
Mientras el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa afirmaba que estaba en una “guerra” contra el narco, las investigaciones de las autoridades de Estados Unidos revelaron que García Luna trabajaba para el Cártel de Sinaloa y al mismo tiempo orquestó uno de los mayores operativos contra líderes de oposición y personajes que no se alinearon a las políticas del gobierno federal: en 2009 arrestaron a 35 funcionarios en el llamado “Michoacanazo”.
Bajo el argumento de que pertenecían a La Familia Michoacana, el gobierno federal fincó cargos a presidentes municipales, oficiales, mandos policiales, empresarios y un juez; aunque el periodista Jesús Lemus escribió en su libro “El Licenciado” que la razón detrás era una disputa de Felipe Calderón con políticos locales.
Un año antes del “Michoacanazo” un comando secuestró a Jesús Lemus Barajas, lo torturó y lo encarcelaron por presuntamente estar relacionado con el narcotráfico cuando dirigía el periódico El Tiempo de La Piedad. Su delito fue señalar los vínculos de Luisa María Calderón -hermana del presidente- con Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”.
Para intentar que los delitos imputados a los 35 funcionarios detenidos en la también llamada “Operación Limpieza” se sustentaran, la Procuraduría General de la República (PGR) utilizó a “Jennifer” como uno de los testigos protegidos: el exabogado de “La Barbie” que desde un año atrás se había entregado a la justicia.
En su libro Lemus lanza otra hipótesis: el “Michoacanazo” fue una simulación orquestada por García Luna para sustentar el gasto de los miles de dólares que EEUU enviaba a México con la finalidad de combatir al narcotráfico; ésta se sustenta por que sólo dos años más tarde los 35 acusados recuperaron su libertad luego de que la PGR no pudo sostener las investigaciones en su contra.

“Jennifer” y Rafael Moreno Valles
Otro de los casos en el que estuvo involucrado el testigo de la DEA en la investigación que abrieron contra AMLO fue en contra de Javier Herrera Valles, el excomandante de la Policía Federal que alertó a Felipe Calderón sobre los nexos de García Luna con el Cártel de Sinaloa y la Organización Beltrán Leyva.
El expolicía envió dos cartas a Calderón en febrero y mayo de 2008 para avisarle de las actividades criminales de su secretario de Seguridad Pública, sin embargo, la respuesta del gobierno federal fue darlo de baja de su cargo y detenerlo en noviembre de ese año acusado de asociación delictuosa y delitos contra la salud. Pasó cuatro años en la cárcel.
“Fue un testigo falso que, después de acusar a mucha gente aquí, se fue a Estados Unidos (...) eso no da buena espina”, comentó el periodista José Reveles a Astillero Informa en relación a Roberto López Nájera; también recordó otro testimonio de “Jennifer” contra un “enemigo” de García Luna: en 2007 Tomás Ángeles Dauahare alertó a Calderón sobre García Luna y la estrategia fallida de seguridad. La respuesta fue la misma, “le destruyeron la vida” al acusarlo de asociación delictuosa y encerrarlo 11 meses en un penal de máxima seguridad.
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