Organizaciones civiles denunciaron serias violaciones de derechos humanos en Chiapas; pidieron atención urgente del Estado

Integrantes de más de 200 organizaciones de la sociedad civil de varios estados se pronunciaron ante la violencia que se vive en el estado de Chiapas, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa mantienen una pugna por el territorio, lo que ha originado serios problemas en la región.

En un comunicado conjunto, las organizaciones se sumaron al llamado de urgencia que hicieron las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y de Tapachula la semana pasada, mismas que acusan de “complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de grupos de la delincuencia organizada quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales”.

Señalaron que desde hace más de dos años, la disputa por el territorio de las estructuras criminales se ha agudizado, generando también un fuerte control social a partir del terror y la violencia armada.

“Alarma que entre las tácticas de los grupos criminales se ha tomado como rehén a la población civil, que es utilizada como escudo de guerra, forzándola a participar en movilizaciones, bloqueos y enfrentamientos en favor de alguno de los bandos”, refiere el comunicado.

Las organizaciones destacaron los cortes de suministros básicos, “como alimentos, gasolina, gas LP, luz eléctrica o servicios de compañías telefónicas mantiene a la población en vilo y zozobra con impactos psicosociales importantes. Existe angustia, escasez e incluso la imposibilidad de desplazarse por miedo a represalias de los grupos de la delincuencia en disputa”.

Destacaron que si bien la violencia se concentra en la frontera, esta también se presenta en otras partes de la entidad, al tiempo que “existe el riesgo inminente de que se generalice y agudice”.

“El Estado tiene un deber de protección, ya que es latente que la situación genere afectaciones y riesgos a la seguridad e integridad física, mental y emocional de la población”, apuntaron.

Agregaron que los habitantes de los municipios fronterizos con Guatemala se encuentran en terrible vulnerabilidad con múltiples violaciones graves de derechos humanos, aunado “a la histórica marginación del territorio”.

Los grupos enlistaron una serie de denuncias y exigencias al Estado mexicano. Apuntaron que hay un incremento de violencia, como asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones o “cobro de piso”, así como irrupción en asambleas comunitarias, entre otras.

Por otro lado, pidieron al Estado que diera atención integral a la población afectada directamente por la violencia.

“Brindar atención urgente a las víctimas por desplazamiento forzado, y genere condiciones duraderas para su retorno pronto y seguro; atender las necesidades humanitarias de alimentación, salud y refugio ante la emergencia”, menciona el comunicado.

El sábado 23 de septiembre, la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, aseguró en un comunicado que la presencia de grupos criminales en la entidad demuestra un Estado fallido y rebasado ante la falta de respuestas de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Se han denunnciado permanentemente la crisis social, la represión y la presencia de grupos criminales, sin embargo no ha habido respuesta para los pueblos, el silencio de las autoridades pone en riesgo la integridad humana y demuestra un Estado fallido y rebasado y/o coludido con los grupos delincuenciales, desde fiscales municipales y regionales, presidentes municipales, el gobienro del estado y federal”, refiere la misiva.