El ex canciller Marcelo Ebrard presentó un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para la protección de sus derechos en contra de la Comisión de Honor y Justicia de Morena. Pide a las autoridades que ordene a la comisión que admita su impugnación sobre proceso interno, del que resultó ganadora Claudia Sheinbaum.
Mientras Marcelo Ebrard espera a que la comisión de Morena resuelva su impugnación, la cual fue presentada desde el pasado 10 de septiembre, ha iniciado una gira para presentar su organización El camino de México.
De acuerdo con los documentos disponibles en el TEPJF, el reclamo de Marcelo Ebrard fue presentado como un Juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía (JDC) en contra de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido, instancia encargada de deliberar sobre la impugnación.
En este juicio el exfuncionario federal reclama la “omisión” atribuida a dicha comisión para “emitir en un plazo máximo de cinco días hábiles, el auto de admisión de la demanda promovida por el actos a fin de solicitar la nulidad y posterior reposición del proceso interno”.
Esta impugnación ya fue turnada a uno de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral, con lo que será el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón quien deberá resolver sobre la demanda del excanciller.
¿Qué acusa Marcelo Ebrard?
El ex canciller acusa algunas irregularidades, de las cuales había anticipado que tenía pruebas, como es la participación de la Comisión de Encuestas de Morena a favor de Claudia Sheinbaum; la intervención de la Secretaría de Bienestar y de funcionario públicos.
Asimismo, el conocimiento anticipado del equipo de Claudia Sheinbaum de las zonas electorales donde se encuestaría y una cadena de custodia comprometida. A pesar de la solicitud de una aclaración, pasaron 10 días hábiles, pero la Comisión de Honor y Justicia no respondió si procede o no la demanda de Ebrard.
Marcelo Ebrard argumenta que Morena viola sus derechos políticos-electorales al no responder en los tiempos señalados por la Sala Superior, que ordenaba a Morena responder en un plazo máximo de cinco días, según la resolución previa del 2001 (SUP-JDC-162/2010).
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