Guardia Nacional no hará operaciones encubiertas, pero podría acceder a comunicaciones privadas

Durante la sesión del 24 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutió un proyecto del ministro Javier Laynez Potisek que pretendía revocar y ratificar algunas de las atribuciones de la Guardia Nacional (GN).

La ponencia de Laynez Potisek atendió una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Ley de la Guardia Nacional, publicada en 2019.

Una de las resoluciones principales durante la sesión fue que, con nueve votos a favor, se declaró inválida la facultad de la GN para realizar operaciones encubiertas, ya que podría derivar en “actuaciones arbitrarias”. El ministro Laynez puntualizó que la normativa actual permite a la corporación incurrir en este tipo de operaciones “sin autorización ni control judicial”.

Además, señaló que la ley faculta a la GN para desempeñar estas acciones en materia de prevención del delito, pero deberían restringirse a estrategias de investigación de ilícitos propiamente dichos, pues “para determinar dónde se ha introducido un agente encubierto, ya se debe tener a la persona o grupo identificado”.

Esta parte del proyecto fue apoyada por ministros como Arturo Zaldívar, Margarita Ríos Farjat y la presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, por lo que la GN no tendrá la posibilidad de ejecutar acciones como la participación de usuarios simulados en autobuses de pasajeros, a menos que esto forme parte de una investigación formal de delitos.

No obstante, el proyecto del ministro Laynez no obtuvo el mismo respaldo en cuanto a la facultad de la Guardia Nacional para intervenir comunicaciones privadas.

En su ponencia, el promovente consideró que dicha atribución le daba a los agentes de la institución la capacidad de inspeccionar comunicaciones sin mayor argumento que una simple sospecha de comisión de delito.

“Tal y como se encuentran redactadas, [las normas] permiten que elementos de la Guardia Nacional realicen una intervención previa de las comunicaciones privadas de manera discrecional fuera de un proceso de investigación sin la conducción del Ministerio Público”.

La propuesta de considerar inválida esta facultad de la GN sólo recibió seis votos a favor, por lo que esta parte del proyecto fue desechada. “Se reconoce la validez de los artículos que facultan la realización de intervención de comunicaciones, tratándose de prevención de delitos, por parte de la Guardia Nacional”, resolvió la ministra Piña Hernández.

LA GN en asuntos migratorios

Durante el análisis a la acción de inconstitucionalidad promulgada por la CNDH, la Suprema Corte discutió algunos puntos respecto a la participación de la GN en temas migratorios.

En este sentido, el ministro Zaldívar consideró a la institución castrense como “una salvaguarda” para garantizar que los inmuebles del Instituto Nacional de Migración (INM) tengan las condiciones necesarias y que “se cuide a las personas migrantes”.

Al presentar un fragmento del proyecto, Laynez consideró que las responsabilidades de la Guardia Nacional no tenían relación alguna con la preservación de una “convivencia armónica entre las personas migrantes” alojadas en las estaciones migratorias. Por tal motivo, calificó la presencia de los uniformados en dichas instalaciones como algo inconstitucional.

No obstante, al escuchar los argumentos del Pleno que desestimaron los planteamientos, el ministro reconsideró su posición, por lo que no hubo necesidad de votar al respecto.

En la sesión del 25 de abril continuará el debate sobre la Ley de la Guardia Nacional, pues la Sala no logró agotar todos los puntos.