Diputados van contra “montadeudas”: aumentan pena hasta a nueve años de cárcel

Para detener las extorsiones de empresas financieras a través de los llamados “montadeudas”, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley de Instituciones de Crédito, con cambios y adiciones a los artículos 111 bis y 106 de la Ley de Instituciones de de Crédito.

Y es que se busca frenar a las empresas de servicios financieros que “se ensañan con la población más necesitada, que operan ofreciendo préstamos que, en apariencia, tienden a contratarse de manera exprés y con pocos requisitos, a través de aplicaciones digitales”.

El dictamen señala que, no obstante, en realidad aprovecha la urgencia económica de las familias para cobrar tasa de interés desproporcionada; exigen pagos por adelantado, de manera que en pocas semanas un préstamo de 10 o 20 mil pesos, se convierte en impagable y en una sangría para el patrimonio de las familias”.

El dictamen fue aprobado por los diputados con 32 votos, tres abstenciones y cero en contra.

Luis Armando Melgar Bravo, del PVEM, dijo que la intención es prohibir a las instituciones de crédito que soliciten información privada de los usuarios, como son: contactos, fotografías y videos contenidos en medios digitales, ya sean teléfonos celulares, tabletas y computadoras de los clientes.

Agregó que se incrementa la pena a nueve años de prisión cuando la conducta se realice a través de aplicaciones que ofrezcan servicios financieros, operadoras de pago, plataformas de servicios digitales, redes sociales o servicios por internet.

Esto, dijo, con la finalidad de brindar mayor seguridad a las y los usuarios de los servicios de financiamiento a través de aplicaciones o páginas de internet, y evitar que sean presas de actos delictivos.

El diputado Jericó Abramo Masso, perteneciente al PRI, mencionó que esto es producto de una demanda colectiva social a raíz de más de 500 mil fraudes detectados por diferentes instituciones de gobierno, asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil.

Afirmó que “esta iniciativa evitará que millones de familias caigan en las garras de estos agiotistas disfrazados de empresas y que son entes ilícitos que se dedican, bajo el idioma financiero, a prestar dinero con altas condiciones de crédito de casi 250 por ciento de interés anual”.

Por su parte, el diputado morenista Carol Antonio Altamirano, agregó que se apoyará dicho dictamen, porque busca combatir uno de los abusos que afecta a miles de familias en México, y porque de ninguna manera se debe permanecer con los brazos cruzados ante la acción de personas y empresas que, en realidad, son extorsionadores que se aprovechan de la población más necesitada.

Catean call centers vinculados a montadeudas

El pasado martes 28 de marzo, agentes del equipo de inteligencia se la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron un operativo en las inmediaciones de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, donde detuvieron a siete personas que presuntamente están relacionadas con extorsiones y cobros por medio de aplicaciones, conocidos como montadeudas.

Los elementos de la Policía capitalina llegaron alrededor de las 15:20 horas del martes, al número 15 de la calle Versalles y al 47 de Atenas, los cuales operaban presuntamente como call centers, donde cumplieron órdenes de cateos. Un mando operativo policiaco, explicó al medio Milenio que “ya teníamos denuncias y por eso iniciamos la investigación, encontramos los call center en el segundo y cuarto piso, por lo que hay cuatro detenidos de Versalles y tres de Atenas, cinco de ellos son extranjeros”.

El saldo del dispositivo fue de siete detenidos, cuatro de ellos de origen asiático, un cubano y dos mexicanos, quienes fueron puestos a disposición de un Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia.

El operativo fue encabezado por el subsecretario de Inteligencia e Investigación Policial Hermenegildo Lugo, quien señaló que se decomisaron chips telefónicos, celulares y computadoras. Los inmuebles en los que se llevaron a cabo los cateos fueron asegurados y se colocaron sellos por el delito de falsificación de documentos.