No habrá “vida eterna” a partidos chicos, pero el Senado aprobó el resto del Plan B de AMLO

Aún cuando quedó aprobado el paquete de reformas a diferentes leyes en materia político-electoral, se espera que la oposición acuda a la Suprema Corte para impugnarlo

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El Senado aprobó el Plan B de AMLO (Foto: Cuartoscuro)
El Senado aprobó el Plan B de AMLO (Foto: Cuartoscuro)

El Senado de la República aprobó con mayoría simple la segunda parte del Plan B de AMLO en materia político-electoral; sin embargo, quedó fuera la cláusula de “vida eterna” a partidos chicos, por lo que se espera que el Ejecutivo Federal promulgue en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el paquete de reformas para que éstas entren en vigor; aún así, se espera que la oposición parlamentaria, integrada por el PRI, PAN PRD y MC, impugne ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) este resultado por suponerla como una reforma anticonstitucional.

Con 72 votos a favor y 50 en contra, el Senado avaló la segunda mitad de la Reforma Electoral impulsada por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), por lo que se modifican las leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos y Orgánica del Poder Judicial; y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sin embargo, la modificación legal que permitía a partidos grandes traspasar votos a los partidos chicos que conformen sus coaliciones quedó sin efecto, pues se consideró contraria a la democracia, motivo por el cual, tras dar cuenta de la votación, Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva del Senado dijo: “El artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales no se modifica y se mantiene en los términos de la Ley vigente”.

Con esto, se cierra el capítulo en el poder legislativo; sin embargo, continuará la validación del Plan B en el poder judicial, esto porque los partidos integrantes de la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), Movimiento Ciudadano (MC) y el Instituto Nacional Electoral (INE) promovieron una serie de acciones de inconstitucionalidad contra la reforma aprobada, por lo que será tarea de la SCJN ratificar o invalidar las modificaciones al marco legal.

Por su cuenta, la Corte informó que el ministro Alberto Pérez Dayán admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por las fuerzas opositoras contra el Plan B de AMLO. Al respecto, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal refirió que hasta la tarde del martes 21 de febrero, la SCJN “no ha notificado al Ejecutivo Federal una comunicación oficial que confirme, precise o desmienta dicha aseveración de los medios”.

Además, la entidad del gobierno federal señaló que sería inusitado que el ministro hubiera emitido un acuerdo de dicha naturaleza, pues con la suspensión, total o parcial se contravendría las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), pues “la admisión de una acción de inconstitucionalidad no dará lugar a la suspensión de la norma cuestionada”.

Otra ángulo por analizar en relación a las expresiones que se podrían manifestar contra la reforma es la marcha que se organiza entre las oposiciones para ejercer presión a la Suprema Corte en relación a sus resoluciones por el Plan B, pues se espera que el domingo 26 de febrero el Zócalo capitalino reciba a miles de manifestantes que desean que el sistema político-electoral no sea trastocado por la iniciativa de López Obrador, esto porque desde las fuerzas contrarias a AMLO se convocó a la ciudadanía para “defender la democracia”, tal como se había hecho en noviembre de 2022.

No obstante, tras la resolución de la Corte de Brooklyn, en la que se determinó la culpabilidad de Genaro García Luna por delitos de narcotráfico, la oposición y, particularmente, el Partido Acción Nacional (PAN) ha sido vapuleado por el oficialismo y su calidad moral ha sido puesta en tela de juicio, pues Felipe Calderón, ex presidente de México por el PAN, fue quien puso a García Luna a cargo de la seguridad de la república.