
El diputado federal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Robles Gómez, presentó una iniciativa ante la Cámara de Diputados para reformar la Ley de Seguridad Nacional con el fin de incluir “sabotaje” dentro de los parámetros de acción de la seguridad nacional, con el fin de actuar sobre los hechos que han ocurrido en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.
Durante la exposición de motivos que se presentó en el documento, el legislador calificó como “acontecimientos atípicos” los accidentes en algunas líneas del Metro, especialmente las que han sucedido en las últimas semanas, por lo que no dudó en apuntar que dichos accidentes podrían ser “una arma política” por parte de grupos de derecha.

Asimismo, el legislador recordó que el sabotaje está tipificado en el artículo 140 del Código Penal Federal, en el cual se establece que se impondrá una pena de dos a 20 años de prisión, así como una multa de mil a 50 mil pesos “a quien dañe, destruya, perjudique o ilícitamente entorpezca” bienes del Estados.
Es decir, aunque actualmente elementos de la Guardia Nacional ya se encuentran en las instalaciones del Metro, en caso de que se apruebe la iniciativa morenista, entonces elementos de la Fuerzas Armadas también podrían estar inmiscuidos en los temas que conciernen al transporte público, por ejemplo en la Ciudad de México.

Lo anterior se podría lograr al reforman los artículos 2 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional, además de adicionar un artículo 5 Bis: “Cuando algún mandatario o mandataria estatal considere que existen condiciones atípicas que puedan poner en riesgo la Seguridad Nacional podrán solicitar a la persona titular del Ejecutivo Federal o al Consejo de Seguridad Nacional la intervención de la Guardia Nacional para la restauración de la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano”.
No obstante, conviene resaltar que no solo se hace hincapié en la Guardia Nacional, sino también para elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), incluso el Centro Nacional de Inteligencia, por lo que las fuerzas públicas se podrían ver relegadas al considerar que no están capacitadas para atender el tema.

No obstante, conviene recordar que, en caso de que se decida ingresar el sabotaje dentro de los parámetros de Seguridad Nacional, entonces el Gobierno de México tendrá la condición indispensable para garantizar la integridad y la soberanía nacionales, libres de amenazas al Estado, en busca de construir una paz duradera y fructífera, misma que corresponde al Presidente de la República.
Asimismo, la Secretaría de Gobernación (Segob) detalló que seguridad nacional y seguridad pública no son sinónimos, debido a que el primer término se encuentra definido como “las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, tanto en su vertiente de seguridad interior como de defensa exterior.
Mientras que la seguridad pública, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) —incluyendo la ley secundaría en la materia—, la función corresponde a los tres niveles de gobierno y tiene como fin último salvaguarda la integridad y derechos de la ciudadanía, especialmente en los espacios públicos.
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