El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, aprobó el Protocolo de intervención para el acompañamiento de víctimas de atentados terroristas en el proceso penal.
El nuevo método del Ministerio Público Fiscal dispone que el acompañamiento no puede prescindir de la voluntad expresa de cada damnificado y debe evitar que la investigación agrave el daño sufrido. Incluye a familiares, dependientes, testigos, rescatistas que padecieron daños y personas expuestas a riesgos de futuros ataques.
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La guía también alcanza a los fiscales y equipos de acompañamiento que quedan expuestos a relatos, escenas y demandas de alta carga emocional. En este sentido, prevé medidas para detectar y atender el estrés traumático, la fatiga por compasión y el agotamiento profesional.
La Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas junto con la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional serán las encargadas de ejecutar el protocolo.
El consentimiento
El Ministerio Público solo podrá iniciar el acompañamiento con la conformidad de la persona destinataria, aunque el pedido puede provenir del fiscal a cargo, de la propia víctima, de organismos estatales o de organizaciones de la sociedad civil.
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La intervención deberá respetar la confidencialidad de las comunicaciones, la intimidad y el resguardo de la información compartida.
Los equipos asistirán a la fiscalía desde el primer contacto con los afectados y se mantendrán disponibles durante todas las etapas del expediente.
El documento establece que el acompañamiento incluirá orientación, apoyo psicosocial e información sobre el estado de la investigación, las decisiones judiciales, las medidas de protección y los derechos procesales.
La asistencia deberá ajustarse a la situación de cada persona, sus vulnerabilidades, sus expectativas y los efectos que el transcurso del tiempo pueda tener sobre su vínculo con la causa.
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Reducir la revictimización
El protocolo identifica al juicio oral como una instancia de exposición particular para sobrevivientes y familiares. En ese aspecto, la planificación deberá procurar que los perjudicados no mantengan contactos innecesarios con imputados, sus allegados u otras partes del proceso.
También contempla espacios de espera con acceso a sanitarios, bebidas, alimentos, abrigo y acompañamiento profesional, además de ajustes en la agenda para reducir demoras.
La fiscalía y los equipos de acompañamiento podrán ajustar el ritmo, la duración, las preguntas y las condiciones materiales de las declaraciones según las necesidades de cada víctima.
En situaciones excepcionales, el registro audiovisual del testimonio podrá preservar la declaración y evitar nuevas comparecencias de personas con graves problemas de salud o que residan lejos del lugar donde se sustancia el proceso.
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El protocolo también contempla reconocimientos en rueda, reconstrucciones y visitas al lugar de los hechos. Antes de esas medidas, los sobrevivientes deberán recibir información sobre la modalidad del acto y disponerse las condiciones para impedir un contacto directo con los posibles responsables.
Los equipos podrán advertir a los damnificados sobre comunicaciones institucionales, imágenes, noticias o información sensible vinculada con el ataque y con el avance de la investigación.
La asistencia deberá contemplar la posibilidad de que los damnificados tomen distancia prudente de redes sociales y medios de comunicación si esos contenidos generan afectación emocional o confusión.
El nuevo protocolo de asistencia a las víctimas del terrorismo fue elaborado de manera conjunta por la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (SAIT), cuyos cotitulares son Juan Manuel Olima Espel y Armando Antao Cortez, y la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC), a cargo de Malena Derdoy.
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