Los jueces Alejandro Catania y Juan Pedro Galván Greenway juraron este martes como camaristas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, durante un acto realizado en el edificio judicial de avenida De Los Inmigrantes 1950 y encabezado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.
La jura contó además con las presencias de jueces, fiscales, abogados y familiares de los nuevos integrantes del tribunal que ya integran la jueza Carolina Robiglio y el juez Roberto Hornos.
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El acto se concretó en una sala reacondicionada recientemente por el Consejo de la Magistratura, colmada de jueces, abogados, integrantes del Consejo y funcionarios. Robiglio, presidenta de la Cámara, fue la encargada de tomar los juramentos: tras la lectura de los decretos por los que se resolvieron sus designaciones, primero juró Catania y luego Galván Greenway. Ambos eran hasta ahora jueces de instrucción del mismo fuero.
La ceremonia tuvo un momento emotivo cuando la camarista Robiglio invitó a la hija del juez Catania, de 11 años, a suscribir el acta de designación de su padre y la niña subió al estrado para estampar su firma.
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Presencias
En el estrado se ubicaron Rosatti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el viceministro y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo Santiago Viola; y el juez de la Cámara en lo Penal Económico Roberto Hornos. Se trató de la primera jura en casi una década que se tomó para integrar ese Tribunal de Apelaciones.
Asistieron los miembros de la Cámara Federal de Casación Penal Diego Barroetaveña -también consejero-, Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Daniel Petrone y los jueces de la Cámara Federal Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi, Pablo Yadarola y Roberto Boico además del fiscal ante la Cámara en lo Penal Económico Gabriel Pérez Barberá.
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También estuvieron los jueces federales de Comodoro Py 2002 Daniel Rafecas, María Eugenia Capuchetti, Sebastián Ramos y Marcelo Martínez De Giorgi; los jueces en lo penal económico Diego Amarante y Marcelo Aguinsky; la jueza del tribunal oral de ese fuero Karina Perilli; y el ex camarista Marcos Grabivker. Además, participaron los fiscales ante la Cámara Federal de Casación Penal Javier De Luca y Mario Villar; el juez del tribunal oral en lo federal José Antonio Michilini; y el fiscal federal de Dolores Juan Pablo Curi.
Se acercaron a la jura los integrantes del Consejo de la Magistratura, los jueces Alejandra Provítola y Agustina Díaz Córdero y los aspirantes a ingresar a ese organismo el juez Juan Manuel Culotta y el abogado Alberto Biglieri.
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Un Tribunal estratégico
Ambos magistrados eran hasta este martes titulares de juzgados en lo penal económico de primera instancia. El Decreto 1092/2026 designó a Catania como vocal de la Sala B de la Cámara de Apelaciones y el Decreto 1093/2026 nombró a Galván Greenway como vocal de la Sala A del mismo tribunal. Las designaciones fueron oficializadas el lunes en el Boletín Oficial y los decretos llevaron las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mahiques.
Los pliegos recibieron el acuerdo del Senado el 17 de septiembre, con 66 votos afirmativos y sin debate. Ambos expusieron ante la Comisión de Acuerdos del Senado el 6 de mayo. Catania es juez de primera instancia desde 2008 y Galván Greenway, desde 2011.
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El fuero Penal Económico tiene a su cargo la investigación de evasiones tributarias multimillonarias, contrabando de droga y mercadería, apropiaciones indebidas, maniobras cambiarias ilegales y otros delitos contemplados en los regímenes penal cambiario, penal tributario y penal aduanero. Cuenta con once juzgados, repartidos en el edificio judicial de Avenida de los Inmigrantes 1950 y la calle Sarmiento 1118. Sus causas son revisadas por la Cámara Penal Económico, que hasta hoy estaba integrada solo por Hornos y Robiglio.
El Tribunal de Apelaciones es el revisor, entre muchas otras, de las decisiones que toma el juez en lo penal económico Diego Amarante en la causa donde procesó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por presunta retención indebida de aportes de la seguridad social en la entidad. La causa está radicada en la sala A del Tribunal.
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