El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso ante la Casación Penal contra el cierre de la causa que investigó el acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional por USD 57.100 millones.
En su planteo, se opuso a la decisión de cerrar el expediente sin tomar medidas para reconstruir adónde fueron las divisas e identificar posibles beneficiarios privados. Indicó que todavía faltan pruebas para determinar el recorrido de los fondos y los vínculos entre funcionarios y operadores privados.
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En esta causa, se analizó si hubo delitos de parte de los funcionarios argentinos en la negociación, la firma y la ejecución del préstamo stand-by, un crédito especial, acordado en 2018, primero por USD 50.000 millones y luego ampliado hasta USD 57.100 millones.
La denuncia original incluyó al expresidente Mauricio Macri, al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, y a dos actuales integrantes del gabinete nacional: el ministro de Economía Luis Caputo, entonces secretario de Finanzas y luego presidente del Banco Central de la República Argentina, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, en esa época titular del Banco Central.
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En su escrito, el fiscal Agüero Iturbe dijo sobre la decisión de la Cámara Federal que “la resolución es incorrecta por el argumento de su falta de razón en tanto aquélla se asienta sólo en lo que se supone -no se sabe fehacientemente- que no sucedió”. Agregó que el artículo 193 del Código Procesal Penal Nacional obliga a realizar medidas orientadas a comprobar si existe un delito.
También sostuvo que el archivo violó el principio acusatorio, porque impidió que el Ministerio Público avanzara con medidas que consideraba necesarias antes de una decisión definitiva.
El recurso agregó que los compromisos asumidos por la Argentina en convenciones internacionales contra la corrupción exigen investigar los hechos denunciados e identificar bienes de posible origen ilícito.
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Además, cuestionó que los jueces consideraran suficiente la información ya reunida, entre ella los datos del Banco Central sobre los 100 mayores compradores netos de divisas y las personas jurídicas, es decir las empresas y otras entidades, con mayores adquisiciones.
Según señaló el fiscal, la investigación debía establecer si las decisiones tomadas por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central permitieron obtener divisas que luego se destinaron a la formación de activos externos, es decir a sacar fondos del circuito local para colocarlos afuera, en perjuicio de las arcas públicas.
Antecedentes
La jueza de primera instancia, María Eugenia Capuchetti, archivó el expediente en febrero pasado, al concluir que los hechos denunciados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad.
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En su resolución, entendió que los memorandos firmados con el Fondo Monetario Internacional eran documentos técnicos y no normas internas que impusieran un destino obligatorio y preciso para los fondos.
Esta decisión fue confirmada por la Sala 1 de la Cámara Federal, que entendió que las eventuales infracciones administrativas no permitían acreditar la intención específica requerida para el delito de abuso de autoridad.
Los camaristas también consideraron que las consecuencias patrimoniales de una política monetaria no habilitan, por sí solas, la intervención penal sobre decisiones económicas de gobierno.
La investigación avanzó durante más de cinco años y reunió documentación oficial, informes de la Auditoría General de la Nación, la Sindicatura General de la Nación y el Banco Central, además de testimonios y otros elementos sobre el acuerdo y la formación de activos externos.
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