Ricardo Lorenzetti valoró la implementación del sistema acusatorio en Argentina, al que definió como “muy importante y muy bueno” por su cercanía con la ciudadanía y su celeridad. Al mismo tiempo, advirtió que la reforma requiere ajustes institucionales y jurídicos para consolidarse.
El juez de la Corte Suprema habló de la necesidad de fortalecer con recursos el funcionamiento de la Procuración. Agregó que “hoy es necesario dedicarse muy fuertemente en la política criminal, priorizando la lucha contra el narcotráfico”.
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Enfatizó que “hay jurisdicciones en las cuales la investigación está delegada a nivel provincial, lo que se suele denominar narcomenudeo, y en otras no lo está. Entonces, hay que coordinar esa acción entre el nivel federal y el nivel provincial”.
En esa línea, Lorenzetti dijo que “la mayoría de las personas de este país saben dónde se vende la droga, menos los investigadores y la policía”. También cuestionó la caída de juicios relevantes contra organizaciones criminales.
Sobre los plazos procesales, indicó que el derecho a ser juzgado en un plazo razonable es “un derecho claramente accionable” para la defensa. Alertó que, en un sistema con recursos limitados y numerosos plazos breves, “estos plazos pueden producir muchas denuncias contra el sistema”.
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El magistrado también cuestionó la falta de actualización de las normas frente a la evidencia digital. Señaló que teléfonos, redes y archivos personales contienen información que obliga a revisar los límites del derecho a no incriminarse. “Hoy prácticamente cualquier intromisión en el mundo digital hace que ya la declaración indagatoria no sea necesaria”, afirmó. Recordó, además, que la Corte rechazó las búsquedas indiscriminadas de datos, conocidas como “expedición de pesca”.
Por último, pidió ampliar las garantías de la defensa en las etapas iniciales, con tiempos adecuados para revisar la prueba, y crear registros de decisiones, acuerdos y criterios fiscales. Según señaló, en el nuevo sistema “no hay un marco de referencia, es decir, no hay jurisprudencia”.
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Lorenzetti realizó este análisis al abrir una jornada enfocada en el rol del abogado litigante, desarrollada en el Salón Auditorio del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF).
Ante la próxima implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero de 2027, también se presentó el nuevo Código Procesal Penal Federal comentado, dirigido por Mariano Borinsky con la colaboración de unos 50 especialistas.
Nuevo Código comentado
El juez Mariano Borinsky sostuvo que el Código Acusatorio modifica la distribución de poder en el proceso penal, al “devolverle el proceso a las partes”, colocar al abogado en un lugar central y exigir el cumplimiento de plazos a jueces, fiscales y defensores.
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Durante una exposición en el Colegio de la Abogacía, el magistrado afirmó que la implementación del sistema ya redujo los tiempos de resolución. Como ejemplo, mencionó que, en Salta y Jujuy, “en un 82% de los casos, el plazo de solución del conflicto es antes del año”.
Borinsky aclaró que el código permite duplicar los plazos en causas de narcotráfico o crimen organizado, tanto en la investigación preparatoria como en el resto del trámite y la etapa de impugnación. También definió el modelo como una redistribución de atribuciones entre los actores judiciales: el fiscal asume el protagonismo de la investigación, mientras el juez decide.
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A su vez, rechazó la idea de una defensa pasiva y destacó sus facultades de investigación. “La defensa también tiene sus propios legajos, la defensa también tiene facultades de investigación, también puede entrevistar testigos, producir pruebas, auxilio judicial”, dijo. Para Borinsky, esa posibilidad de producir información integra una “distribución equitativa del poder” que vuelve al sistema “más democrático”.
Otros expositores
El fiscal Diego Luciani celebró la implementación del sistema acusatorio, pero advirtió que exige planificación, recursos tecnológicos, personal capacitado e infraestructura. Sostuvo que el cambio no puede limitarse al código: implica reemplazar la lógica del expediente por la oralidad.
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También citó la causa Vialidad, con más de 160 audiencias, 600 horas de debate y un alegato de 70 horas. Asimismo, planteó dudas sobre los plazos para investigaciones complejas y reclamó equilibrio entre eficacia, garantías, objetividad, transparencia e independencia para evitar la impunidad en casos de corrupción o crimen organizado.
Por su parte, la jueza Mariana Catalano sostuvo que el sistema acusatorio requiere magistrados presentes, humanos, imparciales, preparados para conducir audiencias y capaces de fundamentar sus decisiones en un lenguaje claro.
También pidió a los abogados asumir un papel protagónico: ejercer defensas activas, construir su propia teoría del caso, acceder al legajo de investigación y ser claros, concisos y persuasivos.
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En tanto, el expresidente del Colegio de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra destacó que el Código Procesal Penal Federal adopta un sistema acusatorio más acorde con la Constitución, basado en juicios orales y públicos, con jueces imparciales que controlan la investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo, advirtió que el cambio plantea desafíos para las defensas, que deberán reunir sus propias pruebas con menos recursos y acceso a la información que las fiscalías.
El exministro de Justicia, Germán Garavano sostuvo que la implementación del sistema acusatorio es un avance necesario, pero advirtió que requiere reformas, planificación y una reasignación de recursos para afrontar delitos complejos, como corrupción, narcotráfico, trata y terrorismo.
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A su turno, el abogado Francisco Onetto indicó que el sistema acusatorio debe garantizar una verdadera igualdad de armas entre fiscalía y defensa durante todo el proceso. Advirtió que los imputados deben acceder al legajo de investigación desde que son identificados, salvo excepciones justificadas y bajo control judicial, para evitar secretos de sumario encubiertos.
También cuestionó la tendencia a otorgar mayor valor a las pruebas de la fiscalía y reclamó que la defensa cuente con herramientas propias para investigar, producir pericias y construir teorías fácticas del caso, no solo argumentos jurídicos.
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