La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Víctor Alderete en una causa por corrupción en el PAMI

La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves el sobreseimiento por prescripción del ex interventor del PAMI Víctor Adrián Alderete en una causa por hechos de corrupción investigados durante su gestión al frente del organismo en la presidencia de Carlos Menem, luego de rechazar un recurso presentado por la querella del propio instituto.

El máximo tribunal desestimó por falta de fundamentación autónoma la presentación contra la decisión que había dispuesto el sobreseimiento. La resolución fue firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Con ese pronunciamiento quedaron cerradas las actuaciones que seguían en trámite ante el Tribunal Oral Federal N° 6 y en las que se le atribuían a Alderete, junto con otros imputados, los delitos de uso de documento público falso, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, sustracción y ocultación de medios de prueba e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En términos procesales, el sobreseimiento por prescripción supone que, por el tiempo transcurrido en los términos previstos por la ley, se extingue la posibilidad de continuar con la persecución penal por esos hechos. En consecuencia, el imputado queda desvinculado del proceso respecto de esos delitos.

El expediente, identificado como “Alderete, Víctor Adrián y otros”, integra el conjunto de investigaciones abiertas por presuntas irregularidades cometidas durante su paso por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados.

Víctor Alderete asumió la intervención del PAMI el 15 de enero de 1997, durante el segundo mandato de Carlos Menem, en reemplazo de Alejandro Bramer Marcovic. Más adelante, luego de un proceso de normalización institucional del organismo, pasó a ocupar la presidencia de su directorio y permaneció al frente de la obra social hasta diciembre de 1999.

Durante esos años, su gestión quedó alcanzada por distintas investigaciones penales vinculadas con contrataciones y administración de fondos públicos. En 2015, Alderete aceptó su responsabilidad en un juicio abreviado y fue condenado a tres años y seis meses de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La condena quedó firme en 2019 y el Tribunal Oral Federal N° 6 dispuso que la cumpliera bajo prisión domiciliaria con monitoreo electrónico, en atención a su edad.

Entre los hechos por los que fue condenado figuraron el pago de sobreprecios para la impresión del libro PAMI, una transformación necesaria, la compra de 40.000 ejemplares y el desembolso de USD 400.000 a una empresa por servicios que, según se determinó en la causa, no fueron prestados.

Ese proceso se resolvió mediante un acuerdo de juicio abreviado en el que el ex funcionario reconoció su responsabilidad por hechos relacionados con contrataciones efectuadas durante su paso por el organismo.

Mientras tanto, ante el TOF 6 continuaron en trámite otros expedientes surgidos de aquella gestión. Entre las figuras penales analizadas aparecían las negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, la utilización de documentación falsa y conductas vinculadas con la presunta sustracción u ocultamiento de elementos de prueba.

En ese marco, el PAMI, constituido como querellante en la causa, recurrió la decisión que declaró prescripta la acción penal respecto de Alderete y dispuso su sobreseimiento. El planteo llegó finalmente ante el Máximo Tribunal, que este jueves resolvió desestimarlo al considerar que carecía de fundamentación autónoma.

De este modo, quedó firme el sobreseimiento de Alderete y el archivo de la causa.