El Tribunal Oral Federal 8 fijó para el 22 de septiembre el inicio del juicio oral contra Alejandra Gils Carbó por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública en la compra del edificio de la Procuración en Perón 667.
Durante el debate se analizará el supuesto direccionamiento de una licitación pública y el pago de comisiones millonarias para la compra del inmueble por un valor de $43,850.000.
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Las audiencias serán semanales y estarán a cargo de los magistrados Gabriela López Iñíguez, Nicolás Toselli y Sabrina Namer. El fiscal será Marcelo Colombo y se prevé la declaración de unos 100 testigos.
Además de la ex procuradora general, estarán en el banquillo el productor de seguros Juan Carlos Thill; la representante de la inmobiliaria Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios, Bárbara Jaureguiberry, y el ex directivo de la empresa Arfinsa que vendió el inmueble, Adrián González Fischer.
El cuarto acusado era el subdirector de la Procuración, Guillermo Bellingi, quien quedó excluido del proceso después de que su abogado se presentó ante el TOF 8 a notificar que falleció recientemente.
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Se trata del exfuncionario que apareció muerto en Villa Elisa, La Plata, con una herida de arma blanca en el tórax, por lo que se abrió una investigación por un posible suicidio.
Con la incorporación del certificado de defunción al expediente, los jueces quedarán en condiciones de declarar extinguida la acción penal en su contra.
El caso
En el año 2016, la investigación se inició a cargo del fiscal Eduardo Taiano y del juez federal Julián Ercolini. Un año después, Gils Carbó fue procesada por presunta administración fraudulenta, pero luego la Cámara Federal porteña descartó que estuviera acreditado un perjuicio económico para el Estado y sostuvo la acusación por negociaciones incompatibles con la función pública.
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En definitiva, la imputación se concentró en el supuesto armado de una licitación para favorecer de antemano al edificio finalmente adquirido y a los beneficios obtenidos por personas vinculadas con quienes participaron en el trámite.
De acuerdo con esa hipótesis, los sospechosos se valieron de “formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble”, aunque la compra estaba decidida “de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA”.
Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA. Durante la operación se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.
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Por otra parte, el inmueble tuvo un costo de $43.850.000, que según la acusación era un “monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que solo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.
Gils Carbó fue la procuradora general de la Nación hasta 2017, cuando el juez Ercolini resolvió su procesamiento. Su defensa siempre sostuvo que la adquisición del edificio fue legítima y que no cometió ningún delito.
Actualmente, la exprocuradora se desempeña en el ámbito privado como la abogada del empresario Gerardo Ferreyra, acusado de haber pagado sobornos a exfuncionarios del Ministerio de Planificación Federal en el juicio por los Cuadernos de la corrupción.
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De acuerdo a esa hipótesis, los sospechosos se valieron de “formas engañosas orientadas a hacer aparecer como legítima la licitación pública que llevó a la adquisición del inmueble”, aunque la compra estaba decidida “de antemano, previo acuerdo con ejecutivos de la sociedad propietaria del edificio, Arfinsa Argentina Financiera SA”.
Esta empresa ofertó en el marco de la licitación lanzada por el Ministerio Público Fiscal, a través de Jaureguiberry Asesores Inmobiliarios SA. Durante la operación se pagó una comisión de 7,7 millones de pesos a la inmobiliaria Jaureguiberry, que a su vez pagó otra comisión de 3 millones por asesoramiento a Thill, el medio hermano de Bellingi.
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Por otra parte, el inmueble tuvo un costo de $43.850.000, que según la acusación era un “monto significativamente mayor a los 27 millones de pesos que se hubieran pagado de haberse concretado la operación relativa a la licitación pública N° 17/2012, que sólo dos meses antes había sido dejada sin efecto”.
Gils Carbó fue la procuradora general de la Nación hasta 2017, cuando el juez Ercolini resolvió su procesamiento. Su defensa siempre sostuvo que la adquisición del edificio fue legítima y que no cometió ningún delito.
Actualmente, la exprocuradora se desempeña en el ámbito privado como la abogada del empresario Gerardo Ferreyra, acusado de haber pagado sobornos a ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal en el juicio por los Cuadernos de la corrupción.
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