Honduras enfrenta una crisis de feminicidios marcada por la impunidad

La violencia contra las mujeres continúa representando uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos en Honduras.

El registro de 195 feminicidios informado por el Observatorio de Violencia Social y de Género de Catrachas volvió a poner sobre la mesa una problemática que organizaciones defensoras consideran estructural y que, aseguran, requiere una respuesta más contundente del Estado.

Seydi Irías, integrante de la Red Lésbica Catrachas y del Observatorio de Catrachas, señaló que el número de víctimas llevó a las organizaciones a exigir que se declare una emergencia nacional frente a los feminicidios.

La petición no se limita a una declaración política. De acuerdo con Irías, implica destinar mayores recursos a la investigación, garantizar la aplicación efectiva de las leyes y fortalecer las instituciones encargadas de responder ante los crímenes contra las mujeres.

“Lamentablemente van sumando una y otra, también las familias que pierden a sus familiares, las madres”, manifestó la defensora, al insistir en la necesidad de reconsiderar la solicitud de una emergencia nacional.

El impacto sobre las familias

Detrás de cada feminicidio existe una familia afectada y una comunidad que enfrenta las consecuencias de una muerte violenta que, en muchos casos, pudo haberse prevenido.

Para las organizaciones defensoras, la dimensión del problema no puede medirse únicamente por el número de víctimas. También debe considerarse el impacto que los asesinatos tienen sobre madres, hijos, hermanos y demás familiares de las mujeres asesinadas.

Irías sostuvo que una respuesta efectiva requiere recursos suficientes para investigar los casos y garantizar que las leyes existentes sean aplicadas.

El reclamo adquiere especial relevancia en un contexto en el que el endurecimiento de las penas no necesariamente se tradujo, según las organizaciones, en una reducción de los crímenes ni en mayores niveles de justicia para las víctimas.

La legislación hondureña elevó la pena contemplada para el delito de femicidio de 25 a 30 años de prisión. Sin embargo, Irías cuestionó que ese endurecimiento no siempre se reflejó en las sentencias y planteó la necesidad de fortalecer la aplicación de la normativa.

El debate trasciende la cantidad de años de prisión que puede enfrentar un agresor.

Para las organizaciones de derechos humanos, una política efectiva contra los feminicidios debe incluir investigación criminal, acceso a la justicia, prevención de la violencia y mecanismos capaces de identificar situaciones de riesgo antes de que terminen en asesinatos.

La violencia extrema en los crímenes

Otro de los elementos que preocupa a las organizaciones es la violencia extrema con la que son cometidos algunos de estos asesinatos.

Migdonia Ayestas, coordinadora del Observatorio de la Violencia, señaló que los casos no deben analizarse como hechos aislados, debido a que algunos presentan niveles de ensañamiento, tortura y crueldad que evidencian dinámicas de control y dominación sobre las víctimas.

Desde esta perspectiva, la violencia feminicida puede ser la expresión más extrema de patrones de violencia machista en los que el agresor busca ejercer control y castigo sobre la mujer.

El análisis de estos patrones resulta clave para las organizaciones, porque permite comprender que los feminicidios no ocurren de manera desconectada de otras formas de violencia contra las mujeres.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que alrededor del 95% de los casos de muertes violentas de mujeres permanecen en la impunidad, una situación que considera una alerta para el sistema de justicia hondureño.

La impunidad también representa, desde la perspectiva de los derechos humanos, una segunda afectación para las familias de las víctimas, que además de enfrentar la pérdida de una mujer deben lidiar con procesos judiciales que pueden no llegar a una resolución efectiva.

Prevención y respuesta institucional

Joselin Padilla, coordinadora de la Defensoría de la Mujer del Conadeh, señaló que el desafío no consiste únicamente en incrementar las penas.

El planteamiento apunta a la necesidad de fortalecer las capacidades de las instituciones encargadas de investigar y sancionar estos delitos, pero también de desarrollar mecanismos de prevención.

La existencia de indicadores, según este enfoque, permitiría determinar si las medidas adoptadas están contribuyendo realmente a reducir los feminicidios, mejorar las investigaciones y garantizar justicia para las víctimas.

La investigación de los asesinatos requiere capacidades del Ministerio Público y de los cuerpos encargados de la investigación criminal. La judicialización depende del sistema de justicia, mientras que la prevención demanda políticas públicas que involucren a diferentes sectores del Estado.

A ello se suma la necesidad de mejorar los mecanismos de atención y protección para mujeres que enfrentan situaciones de violencia, especialmente aquellas que pueden encontrarse en riesgo de sufrir agresiones cada vez más graves.

Para las organizaciones defensoras, actuar únicamente después de que ocurre un feminicidio significa llegar demasiado tarde.

La propuesta de declarar una emergencia nacional frente a los feminicidios busca colocar el problema en el centro de las prioridades del Estado. Irías explicó que la solicitud implica, entre otros aspectos, disponer de presupuestos destinados a la investigación y garantizar que las leyes aprobadas sean aplicadas de manera efectiva.

Para las organizaciones y organismos de derechos humanos, elevar las penas puede ser insuficiente si los casos no llegan a los tribunales o si las investigaciones no consiguen identificar a los responsables.