
El Gobierno nacional puso en marcha un esquema para reactivar el acceso al crédito hipotecario en la Argentina, con el objetivo de facilitar la compra de una vivienda propia y, de paso, darle impulso al sector de la construcción. Detrás del anuncio aparece un actor que no suele estar en el centro de la escena económica: el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), más conocido como FGS. Se trata de un fondo que administra el organismo previsional y que ahora pasará a cumplir un rol activo en el financiamiento de la vivienda.
El FGS fue creado en julio de 2007 y nació con un propósito puntual: preservar los recursos que respaldan el pago de las jubilaciones y pensiones del sistema previsional argentino. Su función es la de un resguardo financiero, pensado para que el Estado cuente con una reserva a la que recurrir en caso de que el sistema previsional atraviese dificultades para cubrir sus obligaciones.
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Ese patrimonio está compuesto por distintos tipos de inversiones. Entre ellas figuran títulos públicos, acciones de empresas, plazos fijos, obligaciones negociables y préstamos, tanto a provincias como a jubilados y beneficiarios de asignaciones.
La idea que guía la administración del fondo es que esos recursos generen rentabilidad, de manera que el patrimonio se mantenga y, de ser necesario, pueda usarse para sostener el pago de haberes. Con los años, el FGS también fue destinando parte de sus fondos a financiar proyectos productivos y de infraestructura, una función que ahora se amplía con la incorporación del crédito hipotecario.
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Un fondeo de dos billones de pesos para los bancos
El esquema que presentó el Gobierno se llama “Programa de licitación de Plazos Fijos con destino a crédito hipotecario” y prevé un monto total de $2 billones provenientes del FGS. La lógica de funcionamiento es la siguiente: el fondo constituye depósitos a plazo fijo en pesos, ajustables por UVA más un interés adicional, y son los bancos los que compiten entre sí para hacerse de esos depósitos. Los fondos que consiguen cada entidad deben destinarse, de manera exclusiva, a otorgar créditos hipotecarios a personas para la compra, construcción, ampliación o refacción de una primera vivienda.

El programa contempla dos tramos de depósitos. Uno a un año, con una tasa mínima de UVA más 2,50%, y otro a cinco años, con una tasa mínima de UVA más 4,50 por ciento. Cada licitación pone en juego $200.000 millones, y ninguna entidad financiera puede quedarse con más del 20% del monto convocado. Una vez que el banco recibe el depósito, tiene 90 días corridos para transformarlo en créditos hipotecarios. La primera licitación bajo este esquema estaba prevista para la semana siguiente al anuncio.
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Las condiciones para acceder a los créditos
El programa no solo ordena de dónde sale el dinero, también fija reglas para los préstamos que los bancos otorguen con esos fondos. La tasa que se le puede cobrar a quien pide el crédito tiene un techo de UVA más 7,50%. En cuanto a los plazos, los créditos deben tener una duración mínima de 15 años, sin un tope máximo establecido. También se definió un límite para el monto de cada préstamo, que no puede superar el equivalente a 150.000 UVA, una cifra cercana a los USD 200.000 al tipo de cambio actual, aunque en la práctica el monto promedio de los créditos hipotecarios históricamente se ubica alrededor de los 80.000 dólares.
Para dimensionar el alcance de la medida, el Ministerio de Economía difundió un ejemplo concreto. Se trata de un crédito equivalente a USD 80.000 para financiar una propiedad valuada en 106.667 dólares, con el préstamo cubriendo el 75% del valor del inmueble. Bajo un plazo de 25 años y una tasa de UVA más 7%, medio punto por debajo del techo del programa, la cuota inicial de ese crédito asciende a 865.098 pesos. Al tratarse de un préstamo ajustado por UVA, el valor de las cuotas no permanece fijo en pesos, sino que se actualiza con la inflación. El cálculo oficial tampoco incluye otros gastos de la operación, como los de escritura o trámites bancarios.
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El Ministerio también precisó el ingreso familiar necesario para acceder a ese crédito. Con una relación entre cuota e ingreso del 25%, el cálculo arroja un ingreso neto mensual de $3.460.391 para el grupo familiar, lo que equivale a que cada integrante de una pareja perciba un ingreso de bolsillo cercano a 1,7 millones de pesos.
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