El proyecto de Rosenkrantz que el Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis para modernizar la formación de futuros jueces

El Consejo de la Magistratura tiene bajo análisis una iniciativa presentada por el vicepresidente de la Corte Suprema y presidente del Consejo Académico de la Escuela Judicial, Carlos Rosenkrantz, para reformular integralmente el Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados (PROFAMAG), el trayecto de capacitación destinado a quienes aspiran a ingresar a la magistratura.

La propuesta, a la que tuvo acceso Infobae, fue desarrollada durante más de dos años en el ámbito del Consejo Académico. Su alcance excede una reorganización de materias: apunta a delinear un perfil de magistrado con herramientas prácticas para resolver casos, conducir audiencias, administrar una dependencia, liderar equipos y desenvolverse frente a los desafíos tecnológicos que atraviesan al sistema de Justicia.

En sus fundamentos, el documento sostiene que el PROFAMAG “no puede ser un sustituto imperfecto de la educación curricular universitaria”. La capacitación, plantea, debe concentrarse en competencias propias del ejercicio jurisdiccional, entre ellas el razonamiento práctico, la toma de decisiones, la dirección de audiencias y la conducción de equipos.

La iniciativa busca además que los futuros jueces desarrollen “habilidades de gestión, liderazgo y manejo del personal”, junto con una comprensión crítica de las nuevas tecnologías y de su impacto sobre la función judicial.

Los fundamentos presentan el cambio como una “actualización integral y no un ajuste parcial”, porque alcanza al diseño académico, la organización de la cursada, las condiciones de ingreso y permanencia, la selección de los docentes y el financiamiento.

Inteligencia artificial, oralidad y gestión judicial

Uno de los principales cambios aparece en los contenidos que integrarán el nuevo esquema. La inteligencia artificial aplicada a la Justicia y la gestión judicial digital conformarán un área específica destinada a brindar herramientas para “comprender, evaluar y utilizar críticamente las nuevas tecnologías en el ámbito judicial”.

La materia Inteligencia Artificial y Nuevas Tecnologías contempla contenidos sobre sesgos algorítmicos, transparencia, protección de datos y explicabilidad, junto con el análisis crítico de herramientas de IA que pueden aplicarse al funcionamiento de una oficina judicial.

La oralidad también tendrá un espacio propio, con un fuerte componente práctico destinado al manejo de audiencias y al desarrollo de herramientas comunicacionales. A ese eje se sumarán la evaluación de la prueba y los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.

Otro apartado estará dedicado a la forma en que los jueces elaboran y comunican sus decisiones. Se prevén cursos sobre comunicación escrita eficaz, lenguaje claro y redacción de sentencias accesibles, con talleres orientados a producir resoluciones comprensibles para la ciudadanía.

La administración de los tribunales tendrá, a su vez, un peso específico. El plan incluye capacitación en conducción de personal, principios de administración, auditoría, evaluación institucional, estadísticas judiciales y comunicación para una gestión de calidad.

Para la conducción de equipos se trabajará sobre liderazgo, comunicación efectiva, feedback y coordinación de acciones, además de situaciones habituales de un juzgado vinculadas con licencias, funciones disciplinarias y promociones.

También se incorpora Justicia Abierta, con contenidos sobre acceso a la información pública, datos abiertos, rendición de cuentas, participación ciudadana e integridad judicial. A ello se agregan litigios colectivos, acceso a la Justicia para personas en situación de vulnerabilidad, derechos de las víctimas, perspectiva de género y control de convencionalidad.

Dos años y 450 horas de formación

Sobre ese perfil se organiza una cursada más extensa. La propuesta eleva el PROFAMAG a 450 horas, un incremento superior al 50% respecto del esquema anterior. Sus fundamentos plantean la necesidad de invertir “más tiempo, más recursos y más exigencia” en la preparación de quienes aspiran a ejercer la magistratura.

Del total, 363 horas serán virtuales y 87 presenciales. Las instancias cara a cara se concentrarán principalmente en actividades que requieren entrenamiento práctico, como manejo de audiencias, resolución de conflictos, talleres de decisión judicial, conducción de equipos y experiencias de campo.

La duración prevista es de dos años. El sistema de módulos independientes será reemplazado por semestres fijos, correlatividades y una secuencia obligatoria. Se contemplan hasta 150 alumnos por semestre, distribuidos en cuatro comisiones de entre 35 y 40 personas.

Nuevas condiciones de ingreso y permanencia

Los aspirantes deberán ser abogados con al menos cuatro años de antigüedad en el título. El reglamento proyectado exige además la inexistencia de sumarios en los organismos donde se hayan desempeñado y, para quienes provengan del ejercicio privado, no haber recibido sanciones por infracciones al Código de Ética profesional.

El ingreso se definirá mediante una escala en la que será necesario alcanzar al menos 50 puntos. Los antecedentes laborales podrán aportar hasta 45; los académicos y docentes, 25; el desempeño universitario, 20; y los cursos previos de gestión realizados en la Escuela Judicial, 10.

Los fundamentos describen el mecanismo como “un ingreso exigente, pensado para premiar el mérito”. La Dirección Académica podrá entrevistar a los postulantes y procurará diversidad geográfica y laboral y paridad de género antes de elevar la nómina al Consejo Académico. Según el reglamento, la decisión de selección no podrá recurrirse.

Durante la cursada deberán cumplirse todas las actividades obligatorias, asistir al menos al 80% de las clases y obtener una calificación mínima de siete. La pérdida de regularidad se producirá ante determinadas cantidades de módulos desaprobados o ausencias injustificadas, y sólo podrá solicitarse una readmisión durante todo el trayecto.

Docentes por concurso y un programa arancelado

La iniciativa establece además una convocatoria abierta para integrar el plantel docente. Como regla general, se exigirán cinco años de experiencia en educación superior o formación judicial y diez años de trayectoria profesional, académica o de investigación. Para áreas recientes, como la inteligencia artificial, podrán admitirse excepciones ante antecedentes especialmente relevantes.

Cada postulante deberá presentar un programa para la materia que pretende dictar. La convocatoria establece que la enseñanza debe orientarse a “la formación práctica y al ejercicio real de la función jurisdiccional”. Se prevé seleccionar dos o más profesores por asignatura y fijar una remuneración de una UMA y media por hora cátedra.

Otro cambio sustancial será el financiamiento. El PROFAMAG pasará a ser arancelado. El monto se determinará para cada edición y la recaudación tendrá como destino prioritario el pago de honorarios docentes, sin sustituir la asignación presupuestaria de la Escuela Judicial.

En paralelo, se crea un sistema de becas por mérito académico, necesidad económica y procedencia geográfica, con exenciones parciales o totales.

El trámite ante el Consejo de la Magistratura

La Escuela Judicial funciona en el ámbito del Consejo de la Magistratura, por lo que la reformulación del PROFAMAG debe atravesar sus instancias institucionales antes de ser implementada.

El nuevo esquema fue trabajado y aprobado en el ámbito del Consejo Académico y luego elevado para su tratamiento. El documento solicita a la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial que avance con el trámite correspondiente para permitir su puesta en marcha.

Hasta que ese procedimiento se complete, continuará vigente el programa actual. La propuesta contempla un régimen de transición para quienes ya lo estén cursando, con un plazo para finalizar las materias pendientes antes de la implementación plena del eventual nuevo programa de formación.