El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, advirtió este lunes sobre el impacto de las vacantes en el funcionamiento de la Justicia y reclamó que continúe el proceso de cobertura de cargos de jueces, fiscales y defensores.
Lo hizo durante el acto oficial por la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal (CPPF) en Misiones, celebrado en el Centro de Convenciones del Parque del Conocimiento, en Posadas, y encabezado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
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“No hay un discurso republicano, ni de defensa de la justicia, que se pueda asentar sobre la base de un sistema judicial que carezca de jueces, fiscales y defensores”, sostuvo Rosatti durante su intervención.
El titular de la Corte reconoció, en ese contexto, el avance de los procesos destinados a cubrir puestos actualmente vacantes. “De manera que vaya mi reconocimiento especial al señor ministro por lo que se viene haciendo en los últimos meses en materia de cobertura de las vacantes, y esperamos que esto siga así. Y también el reconocimiento al Senado de la Nación, por supuesto”, señaló.
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Y agregó: “Creo que, me atrevo a decir, tanto el Dr. Casal como el Dr. Ranchetti deben compartir este criterio. No podíamos seguir trabajando sobre la base de 25, 28, 30% de vacantes. Necesitamos un sistema judicial que funcione a pleno, y para eso necesitamos a nuestra gente”.
Además de Rosatti y Mahiques, participaron del acto el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña; el procurador general de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal; el defensor general de la Nación, Julián Langevin; y el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua.
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La actividad coincidió con la puesta en marcha del sistema acusatorio en toda la provincia, con alcance sobre las sedes judiciales de Posadas, Eldorado, Oberá y Puerto Iguazú. Con Misiones, el nuevo Código Procesal Penal Federal pasó a funcionar en 10 distritos federales y 17 provincias.
El cambio modifica la distribución de funciones dentro de las investigaciones por delitos federales. Bajo el esquema acusatorio, el Ministerio Público Fiscal queda a cargo de investigar y formular la acusación, mientras que la defensa representa técnicamente a la persona imputada y los jueces intervienen como terceros imparciales para resolver las controversias planteadas por las partes en audiencias orales.
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El modelo se apoya, entre otros principios, en la oralidad, contradicción, inmediación, publicidad y concentración, con una dinámica que reduce el peso del expediente escrito y concentra buena parte de las decisiones en audiencias.
La implementación en Misiones fue precedida por trabajos de capacitación, incorporación de tecnología y adecuación de espacios judiciales. En las semanas anteriores, el Ministerio de Justicia desarrolló actividades de formación destinadas a jueces, fiscales, defensores y equipos que comenzarán a operar con el nuevo régimen.
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También se prepararon las salas necesarias para las audiencias. Según había informado el Consejo de la Magistratura, se adecuaron seis espacios distribuidos entre Posadas, Puerto Iguazú, Oberá y Eldorado, junto con dependencias de la Oficina Judicial. La inversión destinada a infraestructura y mobiliario ascendió a $103.776.700.
La Procuración General, por su parte, reorganizó su estructura para adaptarla al nuevo modelo y creó mediante la Resolución PGN 59/26 la Fiscalía de Distrito de Misiones, que desde este lunes concentra la representación del Ministerio Público Fiscal en la provincia.
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La jurisdicción tiene además una particularidad geográfica vinculada con su extensa zona fronteriza y el movimiento de personas y mercaderías, un escenario en el que interviene habitualmente la Justicia federal en investigaciones relacionadas con delitos complejos y transnacionales.
La próxima etapa del cronograma está prevista para el 21 de septiembre en la jurisdicción federal de La Plata. El sistema comenzará luego a regir en la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027 y en Córdoba desde el 8 de marzo. Para Tucumán, Paraná, San Martín y la justicia nacional ordinaria con asiento en CABA todavía no se fijaron fechas de implementación.
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