República Dominicana apuesta por la cooperación internacional para enfrentar al crimen organizado

La República Dominicana busca fortalecer su capacidad institucional frente al crimen organizado transnacional a través de la cooperación con la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe, según destacó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la apertura del Encuentro Anual 2026 de EL PACCTO 2.0, celebrado en Santo Domingo.

La funcionaria advirtió que las organizaciones criminales se adaptan y operan con mayor rapidez que los procedimientos de los Estados, incluso mediante el uso de inteligencia artificial para movilizar recursos ilícitos.

El encuentro, que reúne del 13 al 15 de octubre a delegaciones de seguridad y justicia de la región y de la Unión Europea, tiene como objetivo definir las prioridades de cooperación para el período 2027-2030 e identificar iniciativas que refuercen la respuesta conjunta frente a las redes criminales.

Raful explicó que las redes criminales operan a través de fronteras y conectan actividades como el tráfico de drogas, armas y personas con el movimiento ilícito de capitales, lo que exige respuestas coordinadas entre instituciones y países.

“Las organizaciones criminales se adaptan y operan con mayor rapidez que los procedimientos de los Estados”, señaló la ministra, quien vinculó esa necesidad de coordinación con el trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta, que el presidente Luis Abinader encabeza para revisar indicadores de seguridad y coordinar respuestas entre las instituciones responsables.

Entre los avances concretos, la ministra destacó la incorporación del país a la Red LYNX contra la trata de personas y su participación en una operación multinacional desarrollada en diez países que permitió rescatar a 153 víctimas.

También mencionó la colaboración con CARICOM IMPACS frente al tráfico de armas en el Caribe, así como el aporte de la cooperación europea al fortalecimiento institucional, con iniciativas en:

• Clasificación penitenciaria
• Creación de una unidad de asuntos internos en el sistema de prisiones
• Análisis criminal con inteligencia artificial en el Ministerio Público
• Formación anticorrupción para funcionarios responsables de las contrataciones públicas.

El informe de Estados Unidos sobre trata de personas confirma los desafíos pendientes

El contexto en el que se desarrolla el encuentro de EL PACCTO 2.0 coincide con la publicación del informe sobre trata de personas 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, que mantuvo a República Dominicana en el Nivel 2 de su clasificación.

El documento, que evalúa a 187 naciones y abarca principalmente el año calendario 2025 con datos actualizados hasta enero de 2026, concluye que el país “realiza esfuerzos significativos” pero todavía no cumple plenamente con los estándares mínimos para erradicar este delito.

Entre los avances reconocidos por Washington figura la reforma a la Ley 137-03, promulgada en julio de 2025, que incrementó las penas de prisión para los responsables de trata de personas: de un rango previo de 15 a 20 años se pasó a penas de 20 a 25 años, que se elevan hasta 25 a 30 años cuando las víctimas son niños o personas con discapacidad.

Este endurecimiento legislativo se enmarca precisamente en el tipo de fortalecimiento institucional que Raful atribuyó, en parte, a la cooperación con organismos internacionales.

El informe estadounidense describe además el perfil que adopta el delito en territorio dominicano. En materia de trata sexual, identifica a las mujeres colombianas como la principal nacionalidad entre las víctimas extranjeras, captadas con falsas ofertas laborales y despojadas de sus pasaportes bajo esquemas de deudas ficticias. El documento añade que los traficantes reclutan a adolescentes en calles, playas y a través de redes sociales o la dark web.

El texto también señala que el país continúa siendo un destino de turismo sexual infantil para agresores extranjeros provenientes principalmente de Norteamérica y Europa. En cuanto a la explotación laboral, el informe indica que afecta de manera particular a niños haitianos y a menores en situación de calle, utilizados para mendicidad organizada, trabajo doméstico, agricultura, construcción, robos y tráfico de drogas.

Estos hallazgos refuerzan el argumento central planteado por Raful durante el encuentro de EL PACCTO 2.0: la necesidad de que la cooperación internacional se traduzca en herramientas operativas permanentes, capaces de sostener el intercambio de información entre países y de atender fenómenos transnacionales como la trata de personas, que no pueden resolverse mediante la acción aislada de un solo Estado.