La Justicia peritó los equipos de espionaje secuestrados al ex presidente de ARSAT, Facundo Leal, durante un allanamiento en una causa por corrupción, que derivó además en el hallazgo de 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas.
Se trata de 19 dispositivos profesionales de inteligencia militar: micrófonos ocultos en anteojos, lapiceras, mouses de computadora y también inhibidores de señal, localizadores satelitales y un teléfono Iridium, según confirmaron a Infobae fuentes judiciales.
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Esta medida se sumó a otras de carácter patrimonial dispuestas por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal del caso Fernando Domínguez, para comenzar a reconstruir la “trazabilidad” de los ingresos y bienes de Leal: se le embargaron dos propiedades y al igual que los restantes imputados en la causa, tiene prohibido salir del país. En su caso, está detenido desde que se encontró la droga en su departamento de Palermo: 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.
La ruta del dinero ARSAT
En concreto se intenta establecer de dónde sacó el extitular de ARSAT los 2,4 millones de dólares cash que se encontraron en su departamento de Palermo y en una casa de su propiedad en Mendoza.
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Todo se precipitó en una investigación por supuesto cobro de sobornos para adjudicar el almacenamiento de costosos materiales de ARSAT, que era necesario preservar porque formaban parte del proyecto de Red Federal de Fibra Óptica.
La denuncia se presentó cuando se descubrió un robo en un predio de San Fernando, que manejaba la empresa Argentina Logistic Services (ALS), beneficiaria de un contrato con ARSAT para almacenar sus bienes.
El lugar no pertenece a la firma investigada sino que, según surgió durante la investigación, lo alquiló para poco después resultar adjudicataria por parte de la empresa estatal.
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Se calcula que la pérdida para ARSAT fue de 151.000 dólares en bienes robados o dañados que se guardaban en 17 shelters -contenedores tecnológicos utilizados para la conectividad de la Red Federal de Fibra Óptica- y que estaban por contrato bajo custodia en ese predio de la firma ALS. El robo se detectó el 4 de enero de 2024 durante una recorrida por el lugar, ubicado en la calle Excombatiente Sánchez 1982, en San Fernando.
Los equipos almacenados son considerados bienes estratégicos para el desarrollo de proyectos de infraestructura de telecomunicaciones. Formaban parte del Proyecto Shelter-2 de ARSAT, destinado a la instalación de 250 shelters en distintas regiones del país para ampliar la cobertura de la Red Federal de Fibra Óptica.
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Acuerdo venal
El fiscal Domínguez reclamó que se cite a declaración indagatoria a diez imputados y el juez hizo lugar este viernes al pedido.
En un dictamen advirtió que hay un “cuadro probatorio sólido que permite sostener la existencia de un acuerdo venal entre funcionarios públicos y empresarios privados, materializado posteriormente en la adjudicación irregular del contrato de custodia y traslado de bienes estratégicos para el desarrollo nacional, en este caso, pertenecientes a ARSAT”.
La aprobación del contrato se hizo sin pasar por el Directorio de ARSAT, sin dictámenes técnicos fundados para respaldar la elección de ese contratista. Hay “un indicio de direccionamiento deliberado del proceso contractual, en beneficio de una empresa determinada”, advirtió.
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Al analizar chats intercambiados por los imputados, el fiscal consolidó la hipótesis de la existencia de “negociaciones previas, intereses personales involucrados y una planificación coordinada” para que ALS “obtuviera el contrato sin competencia real y con condiciones sumamente favorables, en desmedro de los intereses de la empresa pública”.
Mirabelli ya dispuso el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil de los diez exfuncionarios de ARSAT y directivos de ALS imputados por presunto incumplimiento de deberes, negociaciones incompatibles y cohecho.
Leal estuvo al frente de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández y luego fue nombrado titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) hasta enero pasado.
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