El juez federal Ariel Lijo puso en marcha el peritaje de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, quien fue director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el inicio de la gestión libertaria hasta que se conocieron las grabaciones que revelaron el desfalco del organismo. Ya hay peritos designados y, además, se confirmó que el exfuncionario será citado para tomar una muestra de voz, tal como anticipó Infobae el mes pasado.
El estudio pericial busca esclarecer el origen y la veracidad de los audios. Se intentará detectar, entre otros puntos, ediciones o modificaciones hechas con inteligencia artificial.
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La controversia en torno a las grabaciones es la mejor carta que tienen para jugar las defensas de los acusados, coinciden distintas fuentes del caso consultadas por este medio. Es que, de verificarse su origen clandestino -por ejemplo, escuchas ilegales-, los audios podrían hacer caer toda la causa y que se declare nula, por haber nacido de una prueba ilícita.
Para proceder de esta manera, la Justicia debería entender que esos archivos fueron el puntapié del caso, que es precisamente lo contrario a lo que sostiene el fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación. El acusador alegó en reiteradas oportunidades que tiene pruebas independientes e incluso anteriores a la incorporación de los audios.
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El peritaje
Lijo le encomendó el peritaje a la Dirección Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Ante esa fuerza deberá presentarse Spagnuolo, con fecha aún a confirmar, para aportar “material indubitado” con el que se pueda comparar su voz con la que se escucha en los audios. Lo harán hablar para grabarlo y tener un registro fidedigno.
El fiscal Picardi designó a cinco especialistas que trabajan en los laboratorios de Multimedia Forense y Análisis Técnico de Telecomunicaciones de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para participar de la pericia, según supo Infobae de fuentes judiciales.
Mientras las defensas de Diego Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina y el lobista Miguel Ángel Calvete pusieron sus respectivos peritos de parte.
El estudio tiene, de momento, diez puntos de pericia: seis ofrecidos por la fiscalía y cuatro por Martín Magram, abogado de la Suizo.
Buena parte del trabajo estará enfocada en el posible uso de inteligencia artificial. El juez ordenó buscar “características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática (incluyendo, sin limitar a, sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial)”.
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Además, en otro punto, requirió que se detecte si existió algún tipo de “edición mediante IA o herramientas de síntesis digital” con la que se haya manipulado la voz de Spagnuolo.
En paralelo, también se buscará hacer una “comparación de parámetros acústico-fonéticos” entre la voz del exfuncionario y la que se escucha en los audios; “identificación de eventuales operaciones de edición posteriores a su captura original”; y una “reconstrucción cronológica de modificaciones”.
La causa
Mientras se desarrolla el peritaje, el fiscal Picardi y el juez Lijo avanzan con una nueva tanda de indagatorias, que se extenderá hasta el 12 de junio.
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Por ahora nadie habla: ya se negaron a declarar Spagnuolo, Calvete, exfuncionarios, empresarios y empleados del sector público y privado.
Según la acusación, desde que el presidente Javier Milei llegó al poder, en la ANDIS se habría montado una asociación ilícita dedicada a defraudar a la administración pública. Es el primer caso de corrupción que estalló en la gestión libertaria.
El desvío de fondos para personas con discapacidad se habría logrado mediante la manipulación de procesos de contratación pública para la provisión de medicamentos e insumos PACBI del Programa Federal Incluir Salud, según la fiscalía.
Se habría simulado la competencia entre oferentes y se direccionaron adjudicaciones a empresas previamente seleccionadas, lo que resultó en beneficios económicos ilegales y la entrega de coimas a funcionarios.
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Un elemento clave en la maniobra fue el uso direccionado del Sistema Integrado de Información y Administración de Prestaciones (SIIPFIS), implementado en la ANDIS en junio de 2024.
A través de este sistema, se canalizaron las compulsas de precios de medicamentos e insumos PACBI, manipulando las contrataciones en beneficio de droguerías y firmas proveedoras “amigas”, vinculadas a los miembros de la organización, lo que les permitió obtener sumas millonarias de las arcas públicas, de acuerdo a la acusación.
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