Cómo sigue el trámite para cubrir las vacantes de Bruglia y Bertuzzi en la Cámara Federal de Comodoro Py

El pedido del camarista federal Leopoldo Bruglia para suspender el Concurso 461, abierto para cubrir el cargo que actualmente ocupa en la Sala I de la Cámara Federal porteña, ya ingresó formalmente al ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación, aunque por ahora no modificó el avance administrativo del expediente.

La nota enviada por Bruglia al presidente del Consejo y titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, fue distribuida entre todos los consejeros mientras el trámite del concurso continúa su curso hacia el plenario del organismo.

El expediente del concurso en cuestión, en rigor, ya salió de la Comisión de Selección y los tres dictámenes aprobados el 30 de abril ya fueron girados a la presidencia del Consejo, encargada de convocar a la reunión de plenario donde deberán tratarse las ternas y un volumen importante de otros temas.

Ese trámite define dos cargos estratégicos de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital, el tribunal de alzada que revisa las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py en causas de corrupción, narcotráfico, trata y otros delitos complejos. Los cargos actualmente son ocupados por Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes llegaron al tribunal mediante traslados dispuestos durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según estimaciones dentro del propio Consejo, el plenario que deberá votar las ternas -junto con otras propuestas vinculadas a distintos concursos judiciales y el recientemente aprobado Código de Ética- no debería realizarse más allá de mediados del mes de junio.

El Concurso 461 llegó al plenario con tres dictámenes distintos. El mayoritario, impulsado por el consejero juez Diego Barroetaveña, propuso para el primer cargo a Fernando Luis Poviña, Agustina Inés Rodríguez y Pablo Yadarola. Para el segundo cargo postuló a Julio César Di Giorgio, Cecilia Patricia Incardona y al propio Bertuzzi.

También fueron elevados otros dos dictámenes firmados por los consejeros Vanesa Siley y Alberto Maques, con distintas combinaciones de candidatos para ambos cargos.

En paralelo, dentro del organismo de elección y remoción de jueces remarcan que Bruglia no participa formalmente del Concurso 461 como postulante. Técnicamente, señalan, el camarista es un tercero respecto del trámite, a diferencia de los concursantes que sí integran el expediente y eventualmente pueden formular impugnaciones vinculadas al procedimiento o a las decisiones adoptadas durante el proceso de selección.

Bajo esa interpretación, el planteo presentado por el juez no cuestiona aspectos técnicos propios del concurso ni las postulaciones incluidas en los dictámenes aprobados por la Comisión de Selección, sino el contexto institucional en el que se abrió el proceso para cubrir los cargos actualmente ocupados por él, Bertuzzi y Germán Castelli.

En ese marco, dentro del organismo sostienen que el trámite del concurso sólo podría frenarse mediante una orden judicial concreta.

En su presentación, el camarista pidió que se suspenda el concurso y denunció una “maniobra ilegal” orientada a removerlo junto a Bertuzzi y Castelli. El magistrado expresó que el proceso “fue iniciado hace seis años por un fragmento de la política y ahora está cercano a consumarse, novado por otro sector”, y aseveró que en ambos momentos “convergieron los intereses de los mismos operadores ocultos en el sistema, en los ya mentados ‘sótanos de la democracia’”.

El magistrado también cuestionó que el Consejo hubiera impulsado concursos únicamente respecto de esos tres jueces trasladados y no sobre el resto de las vacantes ocupadas bajo el mismo mecanismo.

“No me voy a cansar, es necesario repetir, que no pretendo que se perjudique a ninguno de los jueces trasladados, estamos todos en la misma situación. Sólo me defiendo señalando los actos discriminatorios, que terminan configurando una maniobra ilegal y una grave violación a elementales derechos de orden constitucional”, escribió.

En otro tramo agregó: “O se cumple con una manda judicial completa, respecto de todos los involucrados, o no se aplica. Pero a ninguno. El continuar con este único concurso implica complacencia y aceptación de una maniobra espuria”.

En paralelo, Bruglia cuestionó que actualmente existan pliegos remitidos al Senado para cubrir otras vacantes ocupadas por jueces trasladados sin que previamente se hubieran abierto concursos similares. En particular mencionó cargos vinculados al Tribunal Oral en lo Criminal N° 8 y a la Vocalía N° 10 de la Sala III de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional.

Al respecto, dijo que “esto -claramente- es no dar cumplimiento a la manda judicial, conforme al conocimiento y voluntad de los consejeros que entienden que debe cumplirse con el fallo de la Corte”.

La mención al Máximo Tribunal tiene que ver con un fallo de noviembre de 2020, donde resolvió que los traslados de jueces constituían un mecanismo “de marcada excepcionalidad” y advirtió que los cargos ocupados por Bruglia, Bertuzzi y Castelli debían ser concursados para obtener estabilidad definitiva. Al mismo tiempo, la Corte ordenó que los magistrados permanecieran provisoriamente en sus puestos hasta que el Consejo de la Magistratura realizara los concursos y se designaran nuevos jueces mediante el procedimiento constitucional.

Así las cosas, previo al tratamiento en el plenario podrían producirse conversaciones entre miembros del Consejo para intentar acercar posiciones y eventualmente unificar parte de los dictámenes antes de la votación final.