El subsecretario de Justicia de Mendoza, Marcelo D’Agostino, renunció ayer por la tarde a su cargo tras haber sido denunciado penalmente por su ex pareja por abuso sexual, lesiones y amenazas en el marco de violencia de género.
La decisión, calificada de “indeclinable y voluntaria” por el propio D’Agostino, busca -en sus palabras- “garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia” durante la investigación impulsada por la fiscal Valeria Bottini.
El funcionario -considerado el operador más influyente del gobernador Alfredo Cornejo ante los tribunales- abandona el cargo en un momento de crisis para el gabinete provincial, dado el alcance institucional de la acusación y el rol estratégico que desempeñaba desde 2015.
Como parte de la presentación judicial, la denunciante -quien es licenciada en comercialización, docente y periodista- formuló imputaciones que abarcan abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y graves, amenazas coactivas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades.
El texto, de 40 carillas, describe episodios sucesivos de violencia física, incluido el registro fotográfico de lesiones, y denuncia la imposición de prácticas denigrantes y conductas orientadas a ejercer control y aislamiento sobre la víctima. Según la acusación, los hechos denunciados se habrían producido entre 2021 y 2024, con un “prolongación del hostigamiento hasta fines de 2025”, enmarcados en una relación personal que inició en el ámbito profesional.
En el escrito judicial, se solicitó la prohibición de acercamiento, retención del pasaporte, restricción de salida del país, botón antipánico y embargo preventivo de bienes para D’Agostino. Además, se requirió protección también para la abogada de la denunciante, dada la influencia institucional que ostentaba el funcionario hasta el momento de presentar la denuncia.
La denuncia y el impacto político
La presentación ante la Justicia fue realizada personalmente por la ex pareja de D’Agostino en el Polo Judicial de Mendoza, según confirmó el Ministerio Público Fiscal a Diario Uno.
La investigación quedó a cargo de la fiscal Valeria Bottini, de la Unidad Fiscal de Delitos de Violencia de Género. El procurador general, Alejandro Gullé, se apartó del caso por su vínculo de larga data con el ex subsecretario de Justicia.
En un comunicado oficial, el Ministerio Público Fiscal informó: “Se encuentran en curso las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados”. Y agregó que “no se brindarán mayores precisiones para preservar el adecuado desarrollo de la investigación”, dado que se trata de delitos de instancia privada.
La denuncia incluye descripciones sobre violencia física reiterada, daños sobre objetos personales y la utilización del poder institucional como mecanismo de intimidación con referencias a exigencias intrusivas sobre la vida privada, grabaciones de conversaciones y restricciones sobre las redes sociales y ámbitos académicos.
En su carta de renuncia entregada al gobernador, D’Agostino rechazó la veracidad de las acusaciones. Escribió: “Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo”.
El ex funcionario señaló también: “Deseo que este proceso se lleve a cabo con total libertad y sin que mi permanencia en la función sea un impedimento o genere suspicacias sobre el actuar de los distintos órganos del Estado”.
D’Agostino se desempeñaba sin interrupciones en el área de Justicia desde la primera gestión de Cornejo, sosteniéndose incluso tras el cambio de ministerio en el organigrama y a lo largo de las administraciones de Rodolfo Suárez.
El Consejo de la Magistratura queda sin representante mendocino
La gravedad institucional de la renuncia radica en que D’Agostino era el principal interlocutor entre el Poder Ejecutivo y la Justicia en Mendoza, además de representante oficial del Gobierno provincial en el Consejo de la Magistratura, órgano encargado de seleccionar y calificar futuros magistrados.
Su influencia lo convirtió en un actor relevante de la modernización judicial, liderando reformas estructurales como la Reforma Procesal Civil y Comercial, la instauración del juicio por jurado y la ley de extinción de dominio.
Además, ocupó cargos a nivel nacional como presidente del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento (FOFECMA) y vicepresidente del Consejo Federal de Justicia (Cofejus).
La sucesión en la Subsecretaría de Justicia aún no ha sido definida y el vacío en el Consejo de la Magistratura podría ser cubierto temporalmente por la ministra Mercedes Rus, según información de MDZol.
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