La Sala IV de la Cámara de Casación de Comodoro Py deberá resolver si confirma o revoca el procesamiento de Alberto Fernández por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en la causa Seguros.
Los magistrados Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky convocaron este lunes a una audiencia para recibir los argumentos del expresidente, quien sostiene que en el supuesto caso de que haya existido alguna maniobra ilegal en la contratación de seguros, nunca estuvo al tanto.
La duda es si el fiscal general Raúl Plee mantendrá la opinión de su par ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, quien, cuando el año pasado se dio esta misma discusión, se había inclinado a favor del reclamo de Fernández porque entendió que “no se hallaron pruebas suficientes para mantener la acusación con el grado de certeza requerido en la etapa actual del proceso”.
No obstante, en esa instancia de apelación, los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y -parcialmente- Eduardo G. Farah confirmaron el procesamiento sin prisión preventiva del exmandatario y de la mayoría de los exfuncionarios y empresarios involucrados en este expediente.
Por su parte, la defensa a cargo de Mariana Barbitta consideró que la decisión del juez de instrucción Sebastián Casanello es arbitraria porque le imputaron delitos por los que no fue indagado y tampoco recurrió a especialistas en materia de seguros que permitan conocer los hechos investigados.
Una vez que todas las partes expongan sus argumentos, el tribunal de Casación quedará en condiciones de resolver, en un plazo ordenatorio de 20 días.
La causa
La sospecha que surgió durante la etapa de instrucción era que por la contratación de seguros para organismos públicos, se pagaron comisiones millonarias a intermediarios privados.
La hipótesis sostiene que a través del decreto N° 823/2021, el exmandatario dispuso que NACIÓN SEGUROS centralizara la designación discrecional de intermediarios y aseguradoras privadas sin seguir los procedimientos de selección previstos.
Entre los principales beneficiarios la justicia encontró al broker amigo de Fernández, Héctor Martínez Sosa; a su esposa y ex secretaria, María Cantero y al ex titular de NACIÓN SEGUROS, Alberto Pagliano.
En el momento del procesamiento Casanello detalló que durante la gestión de Alberto Pagliano, la empresa estatal NACIÓN SEGUROS abonó comisiones “por intermediación con organismos públicos principalmente a tres grupos de productores liderados por Héctor Martínez Sosa, Pablo Torres García y Oscar Castello”.
Se calcula que las comisiones percibidas por el grupo alcanzaron los 2.200 millones de pesos, equivalente a un 59,6% de las comisiones a todos los intermediarios de las pólizas emitidas a entes estatales durante el gobierno de Alberto Fernández.
A su vez, el juez detectó que la asunción de Cantero como Secretaria privada ejecutiva del Presidente de la Nación, desde el primer momento “fue tomada como una oportunidad para profundizar y desarrollar los negocios de su núcleo familiar, gestionando directa o indirectamente las contrataciones de los distintos organismos del Estado en su favor”.
El antecedente en la Cámara Federal
La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la teoría de la existencia de un esquema de corrupción que operó mediante el direccionamiento en la contratación de seguros tomados en Nación Seguros por distintas reparticiones públicas, entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.
Al ratificar el procesamiento sin prisión preventiva de Alberto Fernández por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, también mantuvo un embargo sobre sus bienes por 14.600 millones de pesos y la prohibición de salida del país sin autorización.
Para el tribunal Fernández cumplió un rol crucial para que el empresario Héctor Martínez Sosa se hiciera de una gran cantidad de contratos públicos, aprovechando su vínculo personal y económico, así como su capacidad de injerencia en la designación de autoridades de la aseguradora estatal.
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