La denuncia del abogado Jorge Monastersky por la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional, quedó a cargo este lunes del juez federal porteño Sebastián Ramos.
La presentación se concretó el viernes último por mail ante la Justicia Federal y se sorteó a primera hora: quedó a cargo del magistrado Ramos y del fiscal federal Ramiro González, informaron fuentes judiciales a Infobae.
El denunciante reclamó que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.
Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril pasado y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”.
Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.
La “Compañía”
Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.
La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.
El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.
También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.
Riesgo institucional y urgencia judicial
La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.
La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.
Medidas de prueba
El abogado pidió una batería de medidas de prueba, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.
La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.
Últimas Noticias
Pidieron nuevos informes sobre las propiedades y los viajes de Manuel Adorni en la causa por enriquecimiento ilícito
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió una nueva tanda de informes sobre inmuebles y viajes al exterior vinculados al Jefe de Gabinete y a su esposa Bettina Angeletti
Reclamó a su expareja una compensación por “postergar su vida”, perdió el juicio y quedó con una deuda judicial
Una mujer alegó que la relación le generó un desequilibrio patrimonial y que debió posponer sus proyectos para cuidar al hijo de ambos. Sin embargo, el tribunal concluyó que no existió un perjuicio económico comprobable y le impuso las costas procesales
Esperaba que el semáforo cambiara a verde y un árbol aplastó su auto: la Justicia condenó al municipio por la falta de mantenimiento
El conductor estaba detenido en una esquina cuando el ejemplar se desplomó sobre el techo y el baúl de su vehículo. Tras comprobar las lesiones físicas y materiales, un fallo ordenó una indemnización de más de siete millones de pesos por fallas en el control y mantenimiento de la arboleda pública
Pagaron un crucero a Buzios, el barco chocó y terminaron en otro destino: la Justicia condenó a la empresa
El viaje que partió de Buenos Aires derivó en un conflicto judicial tras una colisión con otra embarcación. La Justicia rechazó la “fuerza mayor” alegada por la naviera y concluyó que el cambio de itinerario frustró el servicio contratado, por lo que ordenó indemnizar a los pasajeros
$LIBRA: la querella pidió la indagatoria de Javier Milei, Adorni y otros 14 involucrados en el caso
Así lo reclamó el damnificado Martín Romeo ante el juez Marcelo Martínez De Giorgi. El planteo incluye a nuevos actores involucrados en la investigación a partir de las revelaciones que surgieron del celular del cripto empresario Mauricio Novelli
