La Cámara Federal porteña reabrió una investigación que busca determinar si hubo otros implicados en el entramado que derivó en la presentación a la Justicia de un informe “trucho” por parte del perito David Cohen en la causa GNL, que investigó sobreprecios en la importación de gas licuado durante el kirchnerismo.
El Tribunal de Apelaciones revocó el archivo que había sido dispuesto en primera instancia, al considerar que aún restan medidas de prueba relevantes para esclarecer si hubo otras personas involucradas en la maniobra.
La decisión fue adoptada por mayoría por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah, con la disidencia de Martín Irurzun, en la causa en la que es querellante el ex funcionario del kirchnerismo, Roberto Baratta.
Relevancia institucional
En su voto, los camaristas que conformaron la mayoría sostuvieron que la querella señaló diligencias “que no lucen ni irrazonables ni manifiestamente inconducentes”, y remarcaron que “lo averiguado hasta ahora en la causa da aval a su pretensión”, por lo que correspondía avanzar con nuevas medidas antes de cerrar el caso.
“Se parte de la idea que es ilógico asumir que la maniobra del perito, realizada en el contexto de una causa de relevancia institucional, haya respondido a una iniciativa propia o aislada. De ahí la necesidad de corroborar o descartar quién o quienes estuvieron implicados en su planeamiento o instigación”, remarcaron Boico y Farah.
El eje del expediente es el contexto en el que se produjo un peritaje con afirmaciones falsas que avalaban la acusación de pago de sobreprecios y que entregó Cohen al fallecido juez Claudio Bonadio, quien llevaba adelante esa investigación.
Según recordaron los jueces, cuando salió a la luz que el peritaje tenía citas falsas y otras copiadas de un sitio de Internet se abrió una causa penal y Cohen fue procesado por falso testimonio agravado.
Hubo una “clara oposición entre lo aseverado en el peritaje que presentara en solitario y sostuviera en su testimonio y lo objetivamente verdadero”. Cohen hasta mencionó un organismo inexistente y usó citas ajenas como propias.
Trama más amplia
Pero la parte del caso que seguía en investigación y fue archivado por el juez federal Sebastián Ramos apuntaba a determinar si esa conducta fue individual o si existió una trama más amplia detrás.
Al revocar ese archivo, los jueces remarcaron la necesidad de avanzar en el cruce de información con otros expedientes donde podría haber datos relevantes, así como en otras medidas previstas.
En disidencia, el camarista Irurzun consideró que la investigación ya agotó las líneas de prueba propuestas por la querella y que no se logró reunir evidencia que respalde su hipótesis. Señaló que durante la instrucción “se llevaron adelante múltiples medidas” —incluyendo informes, análisis de llamados telefónicos y recolección de datos— cuyos resultados “no han permitido dar un sustento verosímil” a la teoría del caso.
Según su criterio, la apelación no logró demostrar de qué manera las nuevas medidas sugeridas podrían modificar el estado actual del expediente ni aportar elementos que superen el plano conjetural, por lo que correspondía confirmar el archivo.
Pese a esa postura, la mayoría se impuso y ordenó reabrir la causa, con el objetivo de profundizar la investigación sobre el posible entramado detrás de la pericia “trucha” de Cohen.
La causa GNL donde se presentó esa pericia llegó a juicio oral y hubo condenas por parte del Tribunal Oral Federal 7 para el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y Baratta.
Se investigaron irregularidades vinculadas a la adquisición e importación de 11 cargamentos de gas natural licuado, en el marco del “Programa Energía Total”, que había sido creado en julio de 2007 para afrontar la situación energética, a través de la sustitución del consumo de gas natural y energía eléctrica por combustibles alternativos.
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