Tras los dichos de Quintela, pidieron reabrir la causa por las salidas de De la Rúa y de Rodríguez Saá en 2001

Lo solicitó el fiscal Carlos Stornelli. Se trata de la investigación sobre el presunto plan para desestabilizar los gobiernos de finales de 2001. El pedido se fundamenta en declaraciones de Ricardo Quintela y Cristina Kirchner

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El fiscal federal Carlos Stornelli solicitó este viernes el desarchivo de una causa sobre las circunstancias que rodearon las renuncias de los expresidentes Fernando De la Rúa y Adolfo Rodríguez Saá durante la crisis de 2001. El planteo, presentado ante el juez federal Sebastián Ramos, se fundamenta en la aparición de nuevos elementos que, según Stornelli, permitirían probar la existencia de una maniobra organizada para derrocarlos.

El detonante de este pedido fueron las declaraciones que hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en una entrevista radial el último miércoles. Durante el programa Mañana Sylvestre, Quintela sostuvo que en el año 2001 “tomamos decisiones y avanzamos en la reconstrucción de un país que estaba destruido”. En el mismo sentido, Quintela agregó: “Tuvimos 39 compañeros muertos, es cierto, ciudadanos argentinos muertos, es cierto, pero hay sacrificios que valen la pena”.

A raíz de estos dichos, Stornelli presentó este miércoles una denuncia penal contra el gobernador riojano en los tribunales federales de Comodoro Py. La presentación, que recayó en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Servini, apunta a que se investigue la posible comisión de delitos como la incitación a la violencia colectiva y la amenaza de sedición. El fiscal consideró que las manifestaciones del mandatario, quien también afirmó que el gobierno de Javier Milei “no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027”, tienen una connotación típica que justifica la reapertura del expediente de 2001.

Parte de los dichos de Quintela que generaron polémica

El video de Cristina Kirchner y el “manual de saqueos”

Además de los dichos de Quintela, Stornelli incorporó como prueba un video difundido en plataformas digitales donde la expresidenta Cristina Kirchner analiza los estallidos sociales de 1989 y 2001. En esa exposición, la exmandataria habla de un “manual de instrucciones políticas para saqueo, violencia y desestabilización de gobiernos”.

En el material audiovisual citado por el fiscal, CFK afirma que los saqueos que obligaron a la salida anticipada de Raúl Alfonsín fueron provocados por sectores políticos. Respecto a los sucesos de 2001, la expresidenta manifestó: “También sabemos cómo se organizó eso, sabemos cómo empezó, sabemos quiénes eran los actores”. El fiscal considera que este testimonio refuerza la hipótesis de que las renuncias no fueron solo una consecuencia de la crisis social, sino de una maniobra dirigida.

El antecedente del archivo y el testimonio de De la Rúa

La causa 348/2002 fue enviada a archivo el 27 de diciembre de 2013 por el entonces juez Luis Rodríguez, quien era titular del Juzgado Federal Nº 9. En aquella oportunidad, el magistrado consideró que los hechos eran cuestiones políticas y sociales que no podían ser investigadas bajo la Ley de Defensa de la Democracia. Sin embargo, la fiscalía —a cargo de Stornelli— siempre mantuvo que el plexo probatorio no era unívoco y que existían indicios de ilícitos atentatorios contra el orden democrático.

Fernando De la Rúa fue Presidente de la Nación entre 1999 y 2001.
Fernando De la Rúa fue Presidente de la Nación entre 1999 y 2001.

Dentro de los elementos que el fiscal busca revalorizar se encuentran las declaraciones que el propio Fernando de la Rúa prestó en el expediente. El expresidente manifestó en su momento: “Permanentemente recibí información de planes y acciones para provocar el retiro del gobierno”. También señaló que informes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) alertaban sobre la presencia de intendentes acompañando las marchas y una presunta falta de intervención de la policía provincial para controlar los desmanes en el Gran Buenos Aires.

El argumento de la imprescriptibilidad

Para lograr la reapertura del caso después de más de 24 años, Stornelli invocó el artículo 36 de la Constitución Nacional. El fiscal sostiene que los hechos denunciados son imprescriptibles, ya que constituyen un atentado contra el sistema democrático y el orden constitucional.

Según el escrito presentado ante el juez Ramos, la gravedad institucional de las renuncias forzadas exige que se profundice la investigación para descubrir la verdad. Tras la presentación de este viernes, el magistrado deberá decidir si hace lugar al pedido de Stornelli para retomar las medidas de prueba y profundizar el análisis del contexto político de aquella crisis.

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