
La compleja trama judicial y patrimonial por el reconocimiento de filiación de la hija de un empresario de General Villegas sumó un nuevo capítulo procesal: el expediente fue elevado a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que ahora deberá definir dónde deben tramitarse las actuaciones y cómo debe integrarse el tribunal que intervenga en la causa. De este modo, el caso -que arrastra más de tres décadas de recorrido- vuelve a escalar en la estructura de la justicia bonaerense.
Se trata de un proceso atravesado por episodios controvertidos que marcaron su desarrollo. Entre ellos, la cremación del cuerpo del empresario sin autorización judicial y el extravío de una carta que se encontraba bajo resguardo en la caja de seguridad del juzgado interviniente. Ambas situaciones fueron señaladas en distintas etapas del expediente y contribuyeron a la complejidad de una causa que ya había tenido fuerte impacto tras el reconocimiento de la filiación y sus consecuencias patrimoniales.
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En este contexto, la decisión de elevar las actuaciones al máximo tribunal provincial se produjo luego de una serie de planteos cruzados entre tribunales de distintas jurisdicciones y de impugnaciones de la defensa que cuestionaron la conformación de la Cámara interviniente. El conflicto procesal gira en torno a la competencia: qué tribunal resulta habilitado para continuar con el trámite de un expediente que, además de su dimensión familiar, tiene derivaciones económicas relevantes.
Así las cosas, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Pergamino rechazó intervenir y devolvió el expediente a la Cámara de Apelaciones de Trenque Lauquen. Desde allí, el tribunal resolvió elevar las actuaciones a la Suprema Corte bonaerense para que dirima el conflicto de competencia y determine la correcta integración del órgano judicial que deberá seguir interviniendo.
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El expediente llegó al máximo tribunal, integrado por los ministros Daniel Soria, Sergio Torres e Hilda Kogan, a partir de dos planteos de la defensa, que objetaron la forma en que el juez subrogante de Trenque Lauquen había intentado conformar la Cámara. En particular, se cuestionó el mecanismo de sorteo utilizado para designar el tribunal, procedimiento que finalmente derivó en una intervención favorable a la Cámara de Pergamino. Ese sorteo fue señalado como irregular, lo que abrió una discusión técnica sobre la validez de la integración del tribunal y la competencia territorial.

La controversia no sólo frenó el avance del expediente sino que generó un escenario de incertidumbre procesal que ahora deberá ser resuelto por la Corte provincial. En primer término, la Suprema Corte de Justicia bonaerense deberá determinar cuál es el órgano judicial competente para continuar con la causa. Pero, además, tendrá que pronunciarse sobre la forma en que deben integrarse las actuaciones y el tribunal que intervenga, en un contexto donde la defensa sostiene que se vulneraron garantías procesales en la conformación previa de la Cámara.
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El eje del caso se trasladó de ese modo del debate sobre la filiación y sus derivaciones patrimoniales al terreno estrictamente procesal. La disputa por la competencia y la integración del tribunal puede condicionar los próximos pasos del expediente y la velocidad con la que avance, en una causa que acumula más de treinta años de controversias judiciales.
Fuentes judiciales señalaron que la intervención de la Suprema Corte bonaerense busca ordenar el trámite y evitar nuevos conflictos entre tribunales. La resolución del máximo tribunal provincial será determinante para definir el futuro del expediente y establecer un criterio sobre la competencia y la integración de cámaras en situaciones similares.
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Mientras tanto, el caso continúa abierto y suma un nuevo capítulo en su recorrido por los tribunales bonaerenses, a la espera de una definición que permita encauzar el proceso y avanzar hacia las próximas instancias judiciales.
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