La Corte Suprema definirá el control institucional sobre el Puerto de Ushuaia

El conflicto institucional y operativo por la administración del Puerto de Ushuaia quedó formalmente bajo la órbita de la máxima instancia judicial del país. Tras una serie de movimientos procesales en los tribunales del sur, el expediente ingresó el miércoles 18 de febrero a la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver el litigio según las reglas de su competencia exclusiva.

El proceso judicial se aceleró luego de que el juez federal de Ushuaia, Federico Calvete, declarara el 10 de febrero su incompetencia para intervenir en la acción declarativa de inconstitucionalidad presentada por el gobernador Gustavo Melella contra el Estado Nacional. Las partes involucradas adoptaron una estrategia orientada a dotar de la mayor celeridad posible la radicación del expediente en los tribunales de la calle Talcahuano.

El fiscal federal interino Fernando Rota, titular de la Unidad Fiscal Ushuaia, presentó un dictamen en el que expresó su consentimiento con la incompetencia declarada y, para evitar dilaciones burocráticas, renunció de manera expresa a los plazos procesales para interponer recursos, solicitando la remisión inmediata de las actuaciones. En la misma línea, el gobierno de Tierra del Fuego, representado por el abogado constitucionalista Antonio María Hernández, exigió la elevación directa del expediente.

Ante la licencia reglamentaria del juez Calvete, la jueza federal subrogante Mariel Borruto intervino en la causa, tuvo por contestados los requerimientos y ordenó la remisión mediante un pase digital. La disputa por la terminal portuaria más austral del país superó la instancia local y aguarda ahora la decisión de los ministros del máximo tribunal.

Los fundamentos del desembarco nacional

La controversia se originó el 20 de enero con el dictado de la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía de la Nación. La medida, rubricada por el director ejecutivo Iñaki Arreseygor, dispuso la suspensión preventiva de la habilitación del muelle y ordenó una intervención de carácter administrativa, técnica y operativa.

Para fundamentar el desplazamiento de las autoridades locales, la Casa Rosada se apoyó en los resultados de una auditoría realizada en octubre de 2025, que advirtió sobre presuntas deficiencias de seguridad estructural y falta de inversiones. Desde la perspectiva jurídica, el Gobierno nacional argumentó que la provincia vulneró el convenio de transferencia suscripto el 25 de septiembre de 1992.

El detonante de esa acusación fue la sanción de la Ley provincial 1.596 en julio de 2025, que autorizó el uso de fondos portuarios para cubrir el déficit de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), junto con el otorgamiento de préstamos por 4.200 millones de pesos al Ejecutivo local para financiar proyectos sanitarios. Para las autoridades nacionales, estos movimientos financieros evidencian un incumplimiento del compromiso de contabilizar los ingresos del muelle de manera independiente a las rentas generales.

Los argumentos del amparo provincial

En su demanda ante la Justicia, la administración de Melella encuadró la decisión de la ANPyN como una violación directa a la autonomía provincial y al sistema federal de gobierno. Con el patrocinio del jurista Juan Carlos Cassagne y el abogado Emiliano Víctor Fossatto, la provincia solicitó una medida cautelar para suspender los efectos de la resolución y que se declare la inconstitucionalidad de la intervención, por considerar que avasalla competencias no delegadas al poder central.

Desde la desplazada conducción de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia rechazó las acusaciones de desfinanciamiento y desvío de recursos. El ex titular del organismo aseguró que los fondos previstos en la ley de 2025 nunca fueron transferidos a la obra social y aclaró que los 4.200 millones de pesos constituyeron una inversión financiera respaldada con garantías bancarias e intereses, por lo cual la operatoria no habría afectado el normal desarrollo de la terminal.

La operatividad del muelle y la caja millonaria

Al haberse declarado incompetente la justicia federal de primera instancia, el pedido de medida cautelar interpuesto por la gobernación fueguina no fue resuelto y la resolución nacional se encuentra vigente. Actualmente, el control operativo de la terminal recae sobre un esquema de empleados designados por la ANPyN, quienes responden a las directivas del sindicalista Juan Avellaneda, jefe de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) en Tierra del Fuego. Avellaneda fue uno de los principales promotores de la denuncia administrativa que derivó en la intervención.

La indefinición judicial atraviesa a la terminal fueguina en su momento de mayor exigencia operativa: la temporada alta de cruceros. Más allá de la disputa por las competencias legales, el control del puerto representa la administración de un presupuesto anual cercano a los 22.000 millones de pesos. La magnitud comercial de la terminal resulta innegable, con un promedio de 700 embarcaciones recibidas por año.

Los registros oficiales de 2024 exponen que transitaron por sus muelles más de 232.000 personas. Durante 2025, el ritmo se mantuvo con el amarre de 511 buques de pasaje, 34 pesqueros y 30 naves de carga. Este último segmento resulta vital para la economía local, ya que es el responsable de movilizar los más de 19.300 contenedores anuales que proveen los insumos indispensables para el funcionamiento de la industria electrónica fueguina amparada por el subrégimen de promoción. Todo este engranaje económico y logístico depende ahora del pronunciamiento de la Corte Suprema.