Dos de las causas más voluminosas que se investigan en Comodoro Py por maniobras multimillonarias con el dólar oficial y el “rulo cambiario”, durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández en 2023, están a estudio de la Cámara Federal porteña para definir si siguen su curso por separado o se unifican. En ambas se investiga a Elías Piccirillo y a Martín Migueles.
El conflicto se originó con un planteo del juez federal Ariel Lijo para que su par María Servini le envíe su expediente. La magistrada se negó y el tema llegó al tribunal de apelaciones superior de ambos, la Cámara Federal. Ahora el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, dictaminó que por el momento ambas pesquisas deberían seguir por separado.
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En las causas se investigan maniobras con la compraventa de dólar a precio oficial y posterior reventa a valor blue, el conocido rulo cambiario, por cifras multimillonarias durante el cepo. Entre los imputados hay financistas, así como bancos y casas de cambio. Figuran Piccirillo, Migueles y Francisco Hauque, un ex socio del primero que podría convertirse en arrepentido si es eventualmente citado a declaración indagatoria, según anticipó su defensa en tribunales.
Piccirillo está procesado bajo arresto domiciliario en otra causa penal, por montar un operativo para acusar falsamente por narcotráfico a Hauque, a quien le debía dinero. Como derivación, se llegó a los delitos cambiarios y luego a las supuestas maniobras con los SIRA, permisos de importación, entre 2022 y 2023.
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El futuro de las investigaciones
Al requerírsele opinión como paso previo a resolver, Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara, concluyó que hay pruebas en marcha en las dos investigaciones y que por el momento es aconsejable que sigan separadas. La decisión será ahora del Tribunal revisor.
En el caso de la que lleva Lijo, está delegada en la fiscalía de Franco Picardi, quien además denunció supuestas maniobras de cobro de sobornos para agilizar los SIRA, permisos de importación con dólar a precio oficial durante el cepo, como otra pata de los ilícitos que cometían los acusados.
Entre las últimas medidas de prueba que ordenó el fiscal figura determinar quién visitó entre 2020 y 2024 a Piccirillo y Migueles en las casas donde vivieron en el barrio privado de Nordelta durante ese período. El fiscal contextualizó además las maniobras en los años de cepo cambiario, cuando la mayoría de los argentinos sólo podía acceder a USD 200 mensuales en el mercado oficial. También citó a nuevos testigos y pidió levantar el secreto fiscal de otros sospechosos.
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En cuanto a la investigación que se lleva en el juzgado de Servini, Migueles está embargado, con restricciones para acceder a sus cajas de seguridad y modificar el paquete accionario de su empresa Arg Exchange SA. La denuncia apunta a compras de divisas por unos USD 67,9 millones entre el 3 y el 20 de octubre de 2023, con presuntas transferencias y extracciones en efectivo que forman parte del análisis judicial.
En total entre todos los imputados, se investigan maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares también durante 2023, a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente.
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Diecisiete de estas firmas habrían canalizado $141.596 millones provenientes de más de 2.700 personas físicas y 647 jurídicas, con la sospecha de que parte de esos fondos sería de origen ilícito, según la acusación.
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