Los chats que revelan cómo Sur Finanzas intentó engañar a la Justicia durante los allanamientos

La madrugada del 1° de diciembre de 2025, mientras los efectivos de la Policía Federal desplegaban un megaoperativo en Adrogué y distintas localidades de Lomas de Zamora para desbaratar la presunta cueva financiera ligada al fútbol, dentro de las oficinas de Sur Finanzas se ejecutaba una obra de teatro. No se trataba solo de borrar servidores o esconder computadoras: la organización había montado una puesta en escena para “entregar” resultados falsos a la Justicia y proteger el corazón del negocio .

Fuentes judiciales consultadas por Infobae confirmaron detalles inéditos que surgen del expediente que tramita en el Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez federal subrogante Luis Armella. La contundencia de estas pruebas llevó al magistrado a ordenar la inmediata detención de cuatro piezas clave del engranaje: Daniela Sánchez (secretaria), Juan Miguel Soler (técnico), César Zapaia (oficial de cumplimiento) y Rolando Soloaga (jefe de seguridad) .

La investigación, que cuenta con la intervención de la fiscal Cecilia Incardona, permitió reconstruir la letra chica del encubrimiento: desde un “oficial de cumplimiento” -el encargado por ley de reportar operaciones sospechosas y evitar el lavado- que se burlaba por chat de los investigadores, hasta la orden taxativa de dejar un “puchito” de efectivo en las cajas para que los policías creyeran que el allanamiento había sido exitoso .

El “puchito”

Hasta ahora se sabía que la financiera había vaciado sus cuentas. Sin embargo, la investigación detectó una maniobra psicológica más sofisticada. Daniela Sánchez, identificada como secretaria de extrema confianza de Ariel Vallejo -el dueño de Sur Finanzas y empresario señalado por sus vínculos con la AFA-, no solo ordenó retirar el grueso del capital; instruyó específicamente dejar una suma menor, insignificante para el volumen que manejaban, a modo de señuelo .

Según se desprende de las escuchas y el análisis de chats, la orden fue dejar un “puchito” de dinero para ser hallado y secuestrado por la Policía. El objetivo era doble: simular colaboración y evitar que los agentes siguieran buscando las sumas millonarias que, presuntamente, ya habían sido retiradas por un sujeto identificado en la causa como “Enrique” .

“Tmb lo escondí jajaja”

Uno de los hallazgos más escandalosos del expediente involucra a César Zapaia. Su cargo formal en la estructura era el de Oficial de Cumplimiento; es decir, la persona designada por ley para prevenir el lavado de activos y reportar operaciones sospechosas.

Lejos de colaborar, Zapaia jugó un rol activo en la obstrucción. El 10 de diciembre, días después de los primeros procedimientos, mantuvo un chat revelador con Juan Miguel Soler, el técnico informático de la empresa. Allí, Zapaia reconoció haber escondido al menos dos computadoras y su propio teléfono celular durante el allanamiento .

Cuando el técnico le preguntó cómo había logrado salvar su dispositivo, la respuesta del oficial antilavado fue una burla a la autoridad judicial: “tmb lo escondí jajaja”. En la misma conversación, se jactó de haber entregado a la Policía Federal equipos obsoletos y teléfonos que “no tenían nada”, asegurando la impunidad de la información sensible

La “covacha” y los ploteos arrancados

La logística para ocultar la flota de vehículos también tuvo sus particularidades. Rolando Esteban Soloaga, apodado “Rolo” y señalado como jefe de seguridad y logística, coordinó el traslado de camionetas Toyota SW4 a un escondite que él mismo denominó la “covacha de civil”.

El expediente destaca la desesperación por borrar los vínculos con la empresa. Soloaga dio instrucciones precisas a sus subordinados para “sacarle el pegamento del ploteado” a la unidad identificada con el dominio AC 201 VR. Esa camioneta, que fue finalmente secuestrada en Turdera el 11 de diciembre, llevaba originalmente la inscripción “TRASLADO DE VALORES”, una leyenda que la organización necesitaba hacer desaparecer antes de que llegara la Justicia.

Este mismo imputado, “Rolo”, aparece en la mira por movimientos financieros que no se condicen con su perfil: entre el 17 y el 23 de octubre de 2025, depositó en efectivo casi 98 millones de pesos en una cuenta del Banco Hipotecario a nombre de Neblockchain S.A., la firma antecesora de Sur Finanzas.

Conexión Villa Gesell: la madre y el parador

Si bien los focos estuvieron puestos en el Conurbano, la Justicia reorientó la brújula hacia Villa Gesell tras hallar documentación clave. Los investigadores detectaron un galpón en el Paseo 110 (N° 1151/1153) que funcionaba como depósito oculto. El contrato de alquiler de ese inmueble figura a nombre de Graciela Beatriz Vallejo, madre del principal acusado.

La estructura costera se completa con un balneario. Se investiga la sociedad detrás del parador ubicado en la Calle 107 y la playa, anteriormente conocido como “Cluster Palace Beach” y hoy denominado “Cuatro Mares”. Ariel Vallejo se presentaba como la cara visible del lugar, mientras que su madre figura como directora suplente en los papeles.

Lavado entre ecografías

Una de las hipótesis más firmes es la utilización del rubro salud para canalizar fondos ilícitos. Las denuncias y hallazgos apuntan a la firma RDA (Radiología y Diagnóstico de Lomas de Zamora).

La vinculación dejó de ser una sospecha cuando, en el depósito de Turdera utilizado por la financiera, los investigadores encontraron material de diagnóstico por imágenes mezclado con la documentación económica. Además, se hallaron recibos que prueban que Sur Finanzas pagaba directamente los alquileres de los locales donde funcionaba el centro de radiología, confirmando la confusión patrimonial entre ambas firmas.

Huellas dactilares por la fuerza

Ante la sistemática destrucción de pruebas y el bloqueo de dispositivos, el juez Luis Armella tomó una determinación que sienta un precedente importante en la investigación de delitos complejos. Autorizó explícitamente a la Policía Federal a utilizar la “fuerza mínima, racional e indispensable” para desbloquear los celulares incautados.

Esto implica que, si los imputados se niegan a entregar sus claves, los agentes pueden utilizar compulsivamente sus huellas dactilares o el reconocimiento facial para acceder a los contenidos. El magistrado argumentó que esta medida no viola la garantía contra la autoincriminación, ya que se exige al imputado un “comportamiento pasivo”, equiparable a una extracción de sangre o una rueda de reconocimiento.

Prófugos y viajeros

Mientras la causa avanza con las recientes detenciones, la situación de otros implicados es incierta. Gastón Pannia, empleado de la firma de sistemas PGSNET que daba soporte a la financiera, fue ubicado en España. Por su parte, Nahiara Gamarra, la secretaria que ordenó “limpiar bien” su computadora, fue reportada por la policía como “de vacaciones” al momento de intentar dar con su paradero. Peor suerte corre Gerardo Carroza, quien se había presentado como Gerente General en operativos anteriores, y que ahora no pudo ser hallado en ninguno de los domicilios vinculados a la organización.