El acuerdo sellado entre el Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires para traspasar la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña desató una tormenta institucional en la Justicia. Lo que el Ejecutivo presenta como el saldo de una deuda histórica de la autonomía porteña, los jueces lo interpretan como una sentencia de muerte para el fuero laboral, motivando una reacción corporativa inmediata ante la inminencia de su tratamiento legislativo.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) rompió el silencio con un pronunciamiento contundente tras confirmarse la hoja de ruta del oficialismo: el convenio ingresó formalmente ayer martes 10 de febrero al Senado (bajo el expediente 186/25) y la intención de la Casa Rosada es aprobarlo hoy mismo en el recinto, tratándolo en conjunto con la reforma laboral.
Los tres argumentos del “No”
El malestar en los despachos de Lavalle y de la Cámara del Trabajo no es solo por la pérdida de poder, sino por lo que consideran un avasallamiento constitucional que se está ejecutando en tiempo récord. Al analizar la letra chica del texto que hoy debatirán los senadores, los magistrados detectaron tres puntos críticos:
- El fantasma del “fuero residual”: la Cláusula Sexta del convenio es la que encendió las alarmas. Allí se estipula que las causas iniciadas antes del traspaso seguirán en la Justicia Nacional, pero todas las nuevas demandas irán directamente a la Justicia de la Ciudad. Esto convierte a la actual Justicia Nacional del Trabajo en un “fuero residual” destinado a la extinción: los jueces actuales no recibirán expedientes nuevos y se limitarán a administrar un stock de causas viejas hasta que se jubilen. Como la Nación se compromete a no cubrir vacantes, el fuero morirá por “inanición” procesal.
- El “desguace” inmediato: cierre de 30 juzgados y una Sala: la AMFJN advirtió sobre la “gravedad institucional” del “vaciamiento” operativo. El convenio es explícito en este punto: la Cláusula Cuarta ordena la supresión de todos los juzgados vacantes. El Anexo I del documento que tienen los senadores pone nombre y apellido al recorte: se cierran definitivamente 30 juzgados de primera instancia (desde el N° 2 hasta el N° 80 en sus distintas vacantes) y se disuelve la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que actualmente no tiene jueces designados. Para los magistrados, eliminar de un plumazo una Sala de Cámara y decenas de tribunales es un ataque directo a la estructura del Poder Judicial.
- La disputa por la “última palabra”: el tercer eje de conflicto es jurídico y político. La Cláusula Novena ratifica al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad como la instancia encargada de revisar los recursos de inconstitucionalidad. Esto genera un choque frontal con la jurisprudencia de la Corte Suprema (fallo “Levinas”), que establecía que la Corte es el tribunal superior de la causa para la justicia nacional. Los jueces laborales temen que, al someter sus fallos a la revisión del TSJ porteño, se pierda la uniformidad de la jurisprudencia nacional y se someta al fuero a una instancia que los sindicatos perciben como más permeable a los intereses del Gobierno de la Ciudad y del sector empresario.
Una “sorpresa” anunciada
La reacción de los jueces no es nueva, sino el estallido de una tensión que se viene gestando desde finales del año pasado. El convenio que ingresó ayer al Senado es, en los hechos, la materialización del artículo 91 de la Ley de Modernización Laboral, un punto que la AMFJN ya había rechazado enfáticamente en diciembre.
En aquel momento, cuando el Gobierno introdujo sorpresivamente ese artículo en el proyecto de ley antes de enviarlo al Congreso, la Asociación presidida por el juez federal Andrés Basso emitió un comunicado calificando los cambios como “inadmisibles”.
La entidad advirtió entonces que la iniciativa —que habilitaba la “progresiva disolución” de la Justicia Nacional del Trabajo una vez firmado el convenio de transferencia— atentaba “contra la vida del fuero” y desconocía principios básicos de organización judicial. “Cualquier reforma debe darse dentro de un marco de respeto a las instituciones que garantice la independencia judicial y el no avasallamiento de los fueros nacionales”, sostuvo la AMFJN en ese documento de diciembre, declarándose en “estado de alerta permanente”.
Para el oficialismo, sin embargo, la medida es un paso natural para cumplir con la autonomía porteña y se alinea con fallos recientes de la Corte Suprema. En el Gobierno de la Ciudad destacan que ya cuentan con un fuero laboral local incipiente que funcionaría como destinatario natural de las competencias. Pero para los magistrados nacionales, lo que se busca es desmantelar una jurisdicción con más de siete décadas de historia y una fuerte tradición protectoria de los derechos del trabajador.
La respuesta gremial
En paralelo al reclamo institucional de los jueces, la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN) activó su propia medida de fuerza. El gremio conducido por Julio Piumato convocó a un paro nacional para este miércoles 12 de febrero.
La huelga comenzó a las 10 e incluye una movilización hacia la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, situada en la calle Lavalle 1554, al mediodía. El sindicato denuncia que el traspaso pone en riesgo la estabilidad laboral, la carrera administrativa y el régimen salarial de los empleados, y anticipó que acompañará la marcha de la CGT al Congreso en rechazo a la reforma laboral.
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