
La Corte Suprema de Justicia dejó firme este martes la condena a cuatro años y medio de prisión efectiva contra Claudio Uberti, ex titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), por su participación en el ingreso al país de una valija con 790.550 dólares que llevaba el empresario venezolano Guido Antonini Wilson cuando ambos arribaron a la Argentina en agosto de 2007.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa de Uberti por incumplimientos formales. En particular, señalaron que la presentación no cumplió con los requisitos previstos en la Acordada 4/2007, que regula la forma y el contenido de las quejas ante el máximo tribunal. En consecuencia, la Corte desestimó la presentación directa y dejó firme la condena dictada en las instancias anteriores.
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Uberti había sido condenado como coautor del delito de contrabando de importación de divisas agravado por la intervención de dos o más personas y por su condición de funcionario público, en grado de tentativa. Por la misma razón formal, la Corte también rechazó los recursos presentados por otros ex funcionarios aduaneros condenados en la causa a penas menores, de entre diez meses y un año de prisión en suspenso, por encubrimiento de contrabando agravado.
Se trata del guarda aduanero Jorge Félix Lamastra; María Cristina Gallini, entonces responsable del Control Aduanero del Aeroparque Jorge Newbery; Guillermo David Lucángeli, ex jefe de la División de Fiscalización y Operativa Aduanera de Aeroparque; y Rosa Nélida García Santillán, ex directora de Fiscalización y Operativa Aduanera de la Aduana de Ezeiza. En todos los casos, el máximo tribunal entendió que las presentaciones no reunían las exigencias formales necesarias para habilitar su análisis.
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El episodio que dio origen a la causa ocurrió en la madrugada del 4 de agosto de 2007, cuando un vuelo privado de la empresa Royal Class aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery procedente de Venezuela. La aeronave había sido contratada por Energía Argentina S.A. (ENARSA), empresa con participación estatal, en el marco de gestiones vinculadas a contratos energéticos bilaterales. Entre los pasajeros se encontraban Uberti; su secretaria privada, Victoria Carolina Bereziuk; el entonces presidente de ENARSA, Exequiel Omar Espinosa; el empresario venezolano Guido Antonini Wilson; y otros ciudadanos vinculados a la petrolera estatal PDVSA.
Durante el control de equipajes, una valija que no había pasado por el escáner llamó la atención del personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Fue la agente María de Luján Telpuk quien insistió en revisar el equipaje luego de que el escáner detectara una gran cantidad de objetos rectangulares. Consultado por su contenido, Antonini Wilson respondió que llevaba “libros y unos papelitos”. Al abrir la valija, se encontraron billetes de dólares estadounidenses. En un primer momento, el empresario dijo que se trataba de unos 60 mil dólares, pero al ser contabilizados se comprobó que el monto ascendía a 790.550 dólares, acondicionados en billetes de baja denominación, usados y sin faja bancaria.
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El dinero fue incautado y posteriormente destinado a jardines de infantes de zonas carenciadas. Antonini Wilson, en tanto, participó ese mismo día de un acto en la Casa Rosada y luego regresó a Estados Unidos. Nunca se presentó ante la Justicia argentina ni retiró el dinero, y los pedidos de extradición formulados por el país resultaron infructuosos.
El caso tuvo derivaciones internacionales. En Estados Unidos, Antonini Wilson colaboró con el FBI y declaró que el dinero estaba destinado a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En Miami, la Justicia federal estadounidense juzgó y condenó a tres ciudadanos venezolanos y a un uruguayo, acusados de actuar como agentes encubiertos del gobierno de Hugo Chávez para intentar comprar el silencio del empresario.
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En la Argentina, la causa atravesó un largo derrotero. Uberti fue inicialmente indagado y luego beneficiado con una falta de mérito, y el expediente estuvo cerca de prescribir. La investigación se reactivó cuando se imputó también al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido y al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, lo que permitió extender los plazos por tratarse de ex funcionarios públicos.
En diciembre de 2018, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dictó un procesamiento de más de 500 páginas que reimpulsó la causa y la llevó finalmente a juicio oral. El debate se realizó en 2023 ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, que condenó a Uberti a cuatro años y medio de prisión efectiva y absolvió a De Vido y a Echegaray. También fueron condenados los funcionarios aduaneros mencionados, con penas en suspenso.
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En noviembre de 2024, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia. En ese fallo, los camaristas destacaron que la integración probatoria para sostener la responsabilidad de Uberti “no padece de arbitrariedad o parcialidad” y que existía un cuadro indiciario “de peso cargoso indudable”. Según Casación, el hecho no se limitó al intento de ingreso de la valija con dinero, sino que formó parte de un entramado destinado a frustrar el adecuado ejercicio de las facultades de control aduanero.
Así las cosas, con la decisión del máximo tribunal quedó firme la sentencia condenatoria y cerró el trámite del caso, tras casi dos décadas de proceso judicial. Uberti estuvo al frente del OCCOVI entre 2003 y 2007, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, encabezado entonces por De Vido. Se encuentra acusado como miembro de una asociación ilícita en la causa “Cuadernos”, donde declaró como arrepentido.
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