La causa judicial que investiga al ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por la presunta creación de una usina de fake news financiada con fondos del Congreso Nacional dejará de tramitar en Salta y pasará a los tribunales federales de la avenida Comodoro Py.
La Cámara Federal porteña, a través de una resolución firmada por el juez Roberto Boico, determinó que el expediente debe continuar en el Juzgado Federal N° 7, a cargo de Sebastián Casanello. La investigación está delegada en el fiscal Guillermo Marijuán, según indicaron fuentes judiciales a Infobae.
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Tras cumplir su mandato en diciembre, la jueza federal de Garantías N° 2 de Salta, Mariela Giménez, imputó a Estrada por abuso de autoridad y peculado de servicios. El exlegislador había esquivado el llamado de la Justicia gracias a la inmunidad que le otorgaban los fueros.
Hoy, fuera de la función pública, el dirigente salteño se reperfiló como uno de los economistas consultados por Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, fue uno de los nueve profesionales que la visitó en San José 1111, reunión que le valió a la expresidenta un endurecimiento en las condiciones de su prisión domiciliaria.
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La causa, a Comodoro Py
El fallo de la Cámara Federal porteña fundamentó el traslado en el origen de los fondos públicos involucrados y el lugar donde se habría montado la usina de desinformación, que serían las oficinas de Estrada en Diputados.
El juez Boico explicó que, dado que Estrada ejercía como legislador nacional y que los sueldos de los asesores que habrían ejecutado las fake news provenían del presupuesto del Congreso, corresponde que intervenga el fuero federal porteño.
El origen de la investigación se remonta al 16 de enero de 2025, cuando se presentó una denuncia formal contra el legislador por la provincia de Salta. La acusación central sostuvo que el funcionario empleó fondos estatales para financiar la creación de cuentas anónimas en redes sociales, específicamente en la plataforma TikTok. Según el texto de la denuncia, estas maniobras tuvieron como objetivo realizar “operaciones difamatorias” mediante la publicación de información falsa dirigida contra funcionarios, empresarios y periodistas.
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El contenido, principalmente, vinculaba al gobierno salteño con el narcotráfico. La Fiscalía Federal de Salta, a cargo de Carlos Amad, sostuvo que esta maniobra buscó intimidar a la población o manipular la opinión pública, lo que el dirigente kirchnerista habría usado para su beneficio político.
Según la acusación, el uso de dinero público para financiar campañas de desprestigio constituye una violación flagrante de la Ley de Ética Pública.
Un elemento determinante en el expediente fue la confesión de dos colaboradores directos del exdiputado. Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, quienes figuraban como asesores contratados por la Cámara de Diputados, admitieron ante la justicia provincial haber gestionado las cuentas desde donde se viralizaron los ataques.
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Ambos reconocieron haber ejecutado las órdenes de Estrada para acceder a un juicio abreviado en los tribunales locales salteños.
Al recibir la denuncia en Comodoro Py, el fiscal Marijuán intentó derivar el caso para que se investigue en Salta. Sin embargo, el juez Casanello rechazó esa maniobra y ordenó profundizar la pesquisa en sede federal.
El conflicto sobre quién debía juzgar los hechos se agudizó cuando se constató que existían dos investigaciones sobre los mismos hechos. Por un lado, la justicia de Salta analizaba la creación de las cuentas en redes sociales por parte de los empleados legislativos. Por otro, se intentaba determinar la responsabilidad del diputado en la gestión de los recursos estatales que financiaron esas actividades.
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Ante este escenario, el fiscal federal porteño solicitó que todos los expedientes se remitieran a Buenos Aires para evitar decisiones contradictorias y garantizar una visión integral del caso.
Casanello coincidió con este criterio y pidió a la jueza federal de Salta que se inhibiera de seguir actuando. Argumentó que existía una identidad absoluta entre los hechos investigados en ambas jurisdicciones: el uso que un diputado nacional hizo de los trabajos y servicios de sus asesores para una actividad impropia.
La jueza Mariela Giménez rechazó el pedido en una audiencia oral realizada en junio, sosteniendo que los sucesos ocurrieron bajo su territorio y que su investigación se había iniciado primero. Y, además, envió la disputada de competencias a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que también puja por el caso el magistrado provincial que condenó a los asesores.
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Así llegó la disputa entre juzgados federales a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Py. Con la determinación del juez Boico, la jueza de Salta se vio obligada a remitir de inmediato la carpeta judicial, que se unificará con el caso a cargo de Casanello y Marijuán.
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