La investigación judicial que busca determinar si existen bienes ocultos por parte de las máximas autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), derivó en la apertura de un nuevo frente penal en los tribunales federales de Comodoro Py.
La Fundación Apolo formalizó una denuncia que dio origen a una causa paralela para que se investigue la posible comisión del delito de encubrimiento, a raíz de una secuencia de hechos sugestivos que habrían tenido como finalidad frustrar medidas de prueba ordenadas en el expediente principal.
La presentación, que lleva las firmas de los dirigentes Yamil Santoro y José Magioncalda, y cuenta con el patrocinio letrado de los abogados Ignacio Falcón y Nicolás Silvera, no apunta contra los investigados por lavado o enriquecimiento, sino que solicita investigar la posible responsabilidad penal de “funcionarios públicos aún no identificados”.
El escrito plantea la hipótesis de que integrantes del Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal o las fuerzas de seguridad habrían filtrado información reservada sobre la ejecución inminente de allanamientos, permitiendo así la sustracción de bienes objeto de la investigación antes del arribo de las autoridades.
Tras el sorteo de rigor en la mesa de entradas de la Cámara Federal, este nuevo expediente quedó radicado en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, bajo el número de causa CFP 281/2026.
Traslado nocturno y falla técnica
El núcleo de la presentación judicial se centra en los sucesos ocurridos en una propiedad situada en la localidad de Villa Rosa, partido de Pilar. Este inmueble se encuentra bajo investigación en el expediente principal donde se analizan los bienes atribuidos a los directivos de la AFA.
De acuerdo con el texto de la denuncia, en la noche previa a que se hiciera efectiva una orden de allanamiento dispuesta por la Justicia, se registraron en dicho predio movimientos de bienes. Específicamente, la Fundación Apolo denunció la remoción y traslado de 14 caballos que se encontraban alojados en el lugar.
El escrito destaca un hecho simultáneo que fundamenta la sospecha de una maniobra coordinada: al momento de realizarse el traslado de los animales, el sistema de videovigilancia de la zona registró un “desperfecto técnico”. Esta falla dejó fuera de servicio a las cámaras de seguridad en la franja horaria crítica, impidiendo así el registro de imágenes que permitieran identificar los vehículos de transporte utilizados, sus dominios y a las personas que participaron de la logística.
Según la información volcada en el expediente, los equinos habrían sido trasladados en una primera instancia a un complejo inmobiliario que dispone de instalaciones hípicas (stud). Posteriormente, habrían sido derivados a una propiedad de grandes dimensiones perteneciente a un dirigente político del conurbano bonaerense, cuya identidad no fue precisada en esta instancia procesal.
La hipótesis de la filtración
Los denunciantes sostienen que la secuencia temporal de los hechos —la remoción de los bienes en horario nocturno, la falla simultánea en los sistemas de monitoreo y la inminencia de la medida judicial— constituye un indicio vehemente de la existencia de un aviso previo.
Para la Fundación Apolo, el conocimiento anticipado de la fecha y la modalidad de una diligencia judicial que debía mantenerse bajo reserva “solo puede explicarse por la intervención de funcionarios con acceso a ese tipo de datos”. Bajo este razonamiento, la filtración de la información habría tenido como objetivo directo “neutralizar la eficacia del allanamiento” y sustraer los bienes del alcance de la Justicia.
En virtud de estos elementos, la presentación encuadra los hechos en el delito de encubrimiento, tipificado en el artículo 277 del Código Penal de la Nación. Específicamente, se hace referencia a las conductas de ayudar a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de esta.
Asimismo, el escrito solicita al juez Martínez de Giorgi que evalúe la aplicación de los agravantes previstos en la misma norma penal. Estos incisos elevan la escala punitiva cuando el autor del encubrimiento es un funcionario público que se vale de su cargo para cometer el ilícito, dada la mayor responsabilidad institucional que ello implica.
Medidas de prueba solicitadas
En el apartado final de la denuncia, la entidad solicitó la apertura de una “investigación penal exhaustiva” tendiente a individualizar a los autores de las presuntas filtraciones y determinar su grado de participación. Entre las medidas sugeridas, se requiere el relevamiento de comunicaciones y la citación de testigos que puedan aportar datos sobre el origen de la fuga de información.
Finalmente, los firmantes recordaron que esta presentación se suma a otras denuncias realizadas anteriormente en el marco de la misma causa, en las que ya se había advertido sobre posibles irregularidades procesales. Desde la Fundación sostienen que es necesario investigar si existe un patrón de conducta destinado a obstaculizar sistemáticamente el avance de la causa que involucra a la cúpula de la AFA.
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