Denuncian al Municipio de Tandil de frenar un desarrollo inmobiliario con maniobras administrativas ilegales

Una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal puso bajo investigación al intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, a funcionarios de su gabinete y a particulares, por una presunta maniobra de bloqueo administrativo deliberado vinculada a un extenso predio en la zona serrana de “La Porteña”, un corredor de alta valorización para el mercado inmobiliario. La presentación, a la que tuvo acceso Infobae, atribuyó al Ejecutivo municipal una serie de decisiones, omisiones y declaraciones públicas que -según los denunciantes- habrían impedido de manera arbitraria el avance de un expediente local, pese a la existencia de antecedentes de dominio, urbanísticos y tributarios favorables.

El escrito fue impulsado por los desarrolladores Juan Pedro Martín Burs, Roberto Gastón Giove y Jorge Heter, quienes solicitaron la apertura de una investigación penal preparatoria contra el jefe comunal; el secretario de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Luciano Lafosse; el empresario turístico Luis Cerone y contra “todo aquel que la investigación señale como coautor, encubridor o partícipe de la maniobra delictiva”. En la denuncia se mencionaron presuntos delitos de defraudación a la administración pública, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias, estafa procesal, falsedad ideológica y supresión de documento público, todo ello en concurso real y como parte de “un plan criminal organizado y sistemático ejecutado desde la cúpula del Ejecutivo Municipal de Tandil”.

El eje del planteo, en rigor, tiene vinculación con un inmueble conocido como "Chacra 274″, compuesto por alrededor de 250 parcelas, cuyo plano de subdivisión -según se detalló en la presentación- fue aprobado en 1947, décadas antes de la sanción de la Ley provincial 8912 de ordenamiento territorial y del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) de Tandil. Para los denunciantes, ese dato histórico resulta central, ya que habría otorgado al loteo un estatus jurídico que fue reconocido y validado durante años por el propio Municipio.

En ese sentido, el escrito enumeró una serie de actos administrativos que, a criterio de los presentantes, demuestran un reconocimiento estatal expreso del loteo en cuestión: liquidación y cobro de tasas municipales por parcela, celebración de convenios de pago, adhesión a moratorias, ejecución y posterior cancelación de juicios de apremio, y aceptación de trámites vinculados al predio ahora en conflicto. “El Municipio reconoce jurídica y tributariamente la existencia de los lotes”, remarcaron los desarrolladores inmobiliarios en su presentación ante la fiscalía tandilense.

La situación, siempre según la denuncia, cambió de manera abrupta cuando los titulares del emprendimiento intentaron avanzar en el lugar con un desarrollo denominado “Miradores de Monte Cristo”. A partir de ese momento, consideraron, el expediente administrativo quedó paralizado sin resolución formal, se introdujeron objeciones que no habían sido planteadas con anterioridad y se denegaron autorizaciones técnicas sin fundamentos claros. En ese marco, denunciaron la presunta desaparición de fojas del expediente y la negativa de funcionarios municipales a permitir la vista completa de la documentación.

Desde el Ejecutivo local ofrecieron una versión diferente. En declaraciones a un medio local, el secretario de Obras Públicas, Luciano Lafosse, explicó que el proyecto está frenado porque el predio se encuentra por encima de la cota de 220 metros sobre el nivel del mar y se encuentra ubicado en una zona considerada "área rural no urbanizable" según el Plan de Desarrollo Territorial vigente. El funcionario también advirtió la existencia de complicaciones legales vinculadas a una antigua sucesión familiar, lo que impediría habilitar obras como la apertura de calles sin que previamente se acredite adecuadamente la titularidad del dominio.

Lafosse sostuvo además que, aunque el plano de subdivisión original data de 1947, la normativa provincial se modificó sustancialmente en 1977 con la Ley 8912, que incorporó nuevos requisitos de infraestructura. Bajo esos parámetros, en una entrevista con La Voz de Tandil el funcionario afirmó que la decisión política de la Municipalidad será resguardar la zona como área de espacio natural y evitar, de ese modo, nuevos proyectos inmobiliarios en aquel sector. “Desde el Ejecutivo local -aseveró-, la iniciativa es que eso se mantenga como área natural”.

La denuncia planteó un claro contrapunto a esa postura oficial. Y es que los desarrolladores aseguraron que los argumentos técnicos y normativos invocados por el Municipio apuntan a encubrir un “bloqueo político ilegal”, orientado a demorar las actuaciones y a desgastar económicamente a los titulares del emprendimiento para asirse del terreno. En esa línea, presentaron un pedido de pronto despacho dirigido al intendente Lunghi, en el que advirtieron que el trámite administrativo permanece inmovilizado pese al cumplimiento de los requisitos exigidos en distintas etapas.

Uno de los puntos más sensibles del escrito se vincula con declaraciones públicas del propio jefe comunal. En una entrevista a la radio LU22 Tandil, Lunghi manifestó haber solicitado una “cautelar” para frenar el avance del proyecto en curso. Para los denunciantes, esa afirmación resultó particularmente grave, en tanto el “mismo intendente, cuya investigación solicitamos hoy, entre otros delitos por abuso de autoridad, afirmó haber ‘solicitado una medida cautelar’ que, hasta la fecha, no ha presentado ni nos ha sido notificada”. Para los firmantes, se trató de una frase “extorsiva y falaz” que “nos ha provocado un grave perjuicio económico, dado que las declaraciones del intendente generaron temor en posibles compradores de lotes en Miradores de Monte Cristo, afectando su disposición a invertir”.

El caso ya cuenta con un trámite penal en virtud de una presentación anterior de Juan Pedro Martín Burs y Jorge Heter, quienes habían denunciado por supuestas irregularidades al ahora suspendido juez en lo Civil y Comercial Nº 1 de Tandil, José Martín Zárate, y a su par del Juzgado Nº 2, Francisco Blanc, acusados de intervenir de modo arbitrario y funcional a intereses privados para apropiarse del predio de 250 lotes.

En dicha presentación, ambos firmantes aseveraron ser “legítimos cesionarios de los derechos hereditarios emergentes de la sucesión de Ángel María Valiente Noailles” y reseñaron que al asumir el control de la propiedad encontraron instalada en ella una precaria vivienda ocupada por Juan Miguel Ramírez, un hombre con “notorias limitaciones intelectuales”, según advirtieron, que repetía de manera “monocorde” que cualquier cuestión vinculada al predio debía discutirse con el empresario local Luis Cerone. Según relataron allí, este hombre de negocios se mostró desde el primer momento como representante de Ramírez y “exigió la suma de quinientos mil dólares para desinteresar a Ramírez y otros cien mil para los abogados designados" en un supuesto juicio llevado adelante por el casero del lugar para “recobrar la posesión” a su favor.

Los denunciantes definieron aquel hecho como el “primer hito de una serie de maniobras” que, dijeron, formaron parte de “un despliegue netamente extorsivo” destinado a lograr el desapoderamiento “de los derechos que poseemos sobre la propiedad”. También ubicaron al juez Zárate como uno de los engranajes de ese presunto esquema, en tanto resolvió en 2012 un interdicto que restituyó a Ramírez solo tres de las parcelas del predio, pero años más tarde, en 2022, dictó una medida cautelar de “no innovar” sobre la totalidad de la chacra y ordenó el desalojo de los denunciantes.

Con respecto a la reciente denuncia ante el Ministerio Público Fiscal de los desarrolladores contra el jefe municipal, el secretario Lafosse y otros particulares, el texto hizo hincapié en que la decisión de paralizar el proyecto inmobiliario no tuvo su causa en razones técnicas ni legales sino que “se cayó” gracias a una “orden política”, cuyo beneficiario económico último sería el empresario Cerone. Para ello, se incorporaron audios, videos y mensajes de WhatsApp que, a criterio de los interesados, demostrarían que funcionarios municipales reconocieron la inexistencia de impedimentos técnicos y la existencia de directivas internas para frenar cualquier avance en la construcción.

A su vez, tal como se mencionó, la denuncia dio cuenta de actos de supresión y ocultamiento de documentación del caso, incluida la desaparición de fojas del expediente municipal y la retención indebida del trámite bajo custodia de funcionarios locales.

En consecuencia, en el tramo final del escrito los denunciantes instaron a la fiscalía a adoptar “diligencias urgentes”, al advertir sobre un presunto riesgo de ocultamiento o destrucción de documentación administrativa en poder de funcionarios municipales. También pidieron que se audite el destino de los fondos recaudados por el Municipio en concepto de tasas e impuestos correspondientes a los lotes, cuyo reconocimiento administrativo -según expresaron- luego fue desconocido.