La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas por presunto lavado de activos sumó un elemento clave: la Justicia comprobó la existencia de una estructura organizada y jerárquica dentro de la empresa, dedicada exclusivamente a borrar pruebas y ocultar documentación sensible antes y después de los allanamientos.
El expediente, que tramita bajo la órbita del juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona, avanza sobre el funcionamiento interno de la compañía y el rol de sus principales responsables, encabezados por Ariel Vallejo, un empresario con vínculos cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
Según consignó TN, entre el 1º y el 11 de diciembre de 2025 se activó un protocolo de emergencia destinado a la eliminación de evidencia. El esquema incluyó el borrado de registros de cámaras de seguridad, el retiro de dinero en efectivo, el formateo masivo de computadoras, la desconexión de sistemas internos y el ocultamiento de dispositivos electrónicos.
“Que vaya a recaudar”
La reconstrucción de los hechos se basa en una serie de comunicaciones internas recuperadas por los investigadores, que exponen una cadena de mando precisa. Uno de los episodios centrales ocurrió en la madrugada del 1° de diciembre de 2025. A las 00:51, Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo, le envió instrucciones concretas a la tesorera de la firma, Micaela Sánchez, quien hoy se encuentra procesada con arresto domiciliario por encubrimiento.
En ese intercambio, la orden fue directa: que un empleado identificado como Enrique “vaya a recaudar dinero” y, acto seguido, que le transmitiera a “Agustín” la directiva de que “borre las cámaras”. En la misma secuencia, se pidió que “Juan”, del área de Sistemas, “se quede en su casa”, una maniobra que, según consta en el expediente, buscaba apartarlo de la escena para evitar que colaborara con las autoridades o para preservar su perfil técnico para tareas posteriores de limpieza digital.
La causa también identifica a Agustín Maciel como el ejecutor de una de las órdenes más sensibles: el mismo 1° de diciembre eliminó los registros fílmicos de la empresa, confirmando la hipótesis del borrado de seguridad.
Cuadernos ocultos y CPUs vacíos
La estructura de encubrimiento habría involucrado a varias áreas de la empresa. La investigación señala el rol de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos, quien envió un mensaje a “Juan Soler” ordenando que “ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas”. El objetivo era claro: inutilizar los sistemas informáticos para impedir el rastreo de las operaciones financieras.
Días después, el 6 de diciembre, la preocupación por la documentación física quedó plasmada en un chat entre una cajera llamada Cecilia y la tesorera Micaela Sánchez. “Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?”, escribió la cajera. “¿Qué te había dado?”, preguntó Sánchez. “Dos cuadernos. Están bien guardados", confirmó Cecilia. Para la Justicia, este diálogo es una prueba irrefutable del resguardo deliberado de contabilidad paralela fuera del circuito formal.
La operación continuó hasta el 11 de diciembre, cuando Micaela Sánchez volvió a comunicarse con el área de Sistemas para avisar que “en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito”, en referencia explícita al retiro de hardware y teléfonos celulares para ponerlos fuera del alcance de los investigadores.
En paralelo, Rolando Soloaga, jefe de choferes, informó en un grupo interno que, “a pedido del jefe”, se montarían guardias en el estacionamiento para “que vean que estemos y no se roben nada”, además de coordinar tareas de limpieza y el retiro de ploteos identificatorios de las camionetas de la empresa.
La caída en el “bunker” de Turdera
Esas órdenes impartidas por chat tuvieron su ejecución material el 11 de diciembre, cuando la maniobra fue descubierta gracias al llamado de un vecino, que alertó a la fiscalía que camionetas Toyota SW4 de la financiera realizaban “una mudanza” rápida hacia un galpón en Turdera, partido de Lomas de Zamora.
Al allanar el lugar, la Policía Federal encontró lo que los chats anticipaban: cajas con documentación, servidores, cajeros automáticos y cajas fuertes. Allí detuvieron in fraganti a la tesorera Micaela Sánchez intentando ocultar celulares debajo del asiento de un vehículo, junto a dos choferes.
Como consecuencia de este operativo, el pasado 23 de diciembre el juez Armella procesó con prisión preventiva —bajo modalidad de arresto domiciliario— a Sánchez y a los choferes Sergio Da Silveira y Juan Cervín. Los acusó de “encubrimiento agravado” por intentar destruir pruebas de un delito mayor.
La defensa y el contexto
Desde el entorno de Ariel Vallejo se desmarcaron de las acusaciones. Aseguran que el empresario no dio ninguna orden para destruir material probatorio. “Menos aún después del allanamiento, porque se llevaron todo”, argumentan.
Respecto al accionar de los empleados, la estrategia defensiva sugiere que pudieron haber actuado motu proprio, amparados en la garantía constitucional que prohíbe la autoincriminación, lo que implicaría que destruir pruebas que los comprometen personalmente no constituiría un delito autónomo exigible a ellos.
Estas evidencias se suman a un expediente voluminoso por lavado de activos, que ya cuenta con el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados. La Justicia investiga una trama de préstamos inflados, movimientos millonarios de efectivo sin justificar y la utilización de una red de monotributistas sin capacidad económica real para simular operaciones.
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