Un productor de seguros confirmó ante el juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky que las pólizas de medio centenar de autos de alta gama encontrados en la casaquinta de Pilar, propiedad de supuestos testaferros de autoridades de la AFA, se abonaban en efectivo por ventanilla, a través de una entidad que presta el servicio de cobranzas.
La propiedad y los vehículos están a nombre de Real Central, integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre jubilada Ana Conte. Ambos son las caras visibles de una investigación por presunto lavado de dinero y defraudación que habría sido cometida en perjuicio de los asociados a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, según la hipótesis de la causa.
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La declaración se incorporó como un nuevo elemento del entramado que la Justicia busca reconstruir para determinar el origen de los fondos utilizados en la operatoria diaria de la vivienda y de otras propiedades bajo análisis. El objetivo es llegar a quienes financiaban esos gastos y avanzar así en la identificación de los verdaderos titulares de los bienes.
El testimonio del broker permitió confirmar que todas las pólizas de los vehículos eran pagadas en efectivo por ventanilla a través de una empresa de cobranzas que presta el servicio y así quedaba bancarizado. Pero es muy difícil determinar quién acudía a realizar esos pagos en cada ocasión.
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A partir de esa información, el juzgado procura ahora identificar quién realizaba esos pagos y rastrear el origen de los fondos utilizados. El testigo se comprometió a aportar al juzgado más información y documentos en los próximos días, explicaron a Infobae fuentes judiciales.
Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.
Su madre Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
El contador y el Porsche
En la misma investigación, se espera con expectativa la declaración de un contador que firmó una certificación contable que daba cuenta de la legalidad del origen de fondos utilizados para la compra de un Porsche valuado en alrededor de 500 millones de pesos. Ese auto forma parte del lote secuestrado en el galpón tasado por un total de 3.861.100 de dólares.
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Ya se determinó que los telepases se pagaban con una tarjeta de crédito corporativa de AFA a nombre de Pantano, dada de baja por orden judicial. Con ese mismo plástico se abonaban servicios de suministro eléctrico a numerosos domicilios “que serían ajenos al quehacer propio de la institución deportiva”, entre otros gastos de índole particular de terceras personas.
El contador fue convocado luego que una testigo -personal jerárquico del banco donde estaba la cuenta de la sociedad- mostró al juez los movimientos y aseguró que el dinero nunca podría haber salido de allí y que esa certificación sería apócrifa. Casi de inmediato se convocó al profesional firmante a declarar para esta semana.
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Los helicópteros
En la investigación se espera además la respuesta de la empresa Flyzar de Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos a un requerimiento enviado el viernes por el juez para que informe de manera urgente quiénes contrataron los servicios de vuelo de la aeronave matriculada LV-FKY desde o hacia el helipuerto identificado como HNE (en la quinta), “desde el 25/04/2025 a la fecha y por qué medios de pago se cancelaron aquellos servicios”. También “qué tipo de cobertura de siniestros poseía la aeronave en cuestión y qué compañía de seguros prestaba aquel servicio”.
También el juez pidió saber “si los pasajeros de esos viajes eran identificados previamente por FLYZAR S.A” y si, según legislación vigente al momento de efectuar los vuelos, “era obligatorio llevar por parte de los pilotos y/o por esa empresa un manifiesto de los pasajeros que abordaron esos vuelos y, en caso negativo, cuál sería el método de identificación de los pasajeros en caso de que ocurra algún accidente”.
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El requerimiento de información se mandó después de la declaración de dos pilotos que hicieron reiterados vuelos al helipuerto privado de la quinta de Villa Rosa, Pilar, pero dijeron bajo juramento de verdad que no recordaban pasajeros y que además en muchas ocasiones lo hicieron como entrenamiento.
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