Maestros y policías chocaron en La Paz mientras Bolivia acumula protestas multisectoriales

Centenares de maestros llegaron este miércoles a los alrededores de la plaza Murillo, sede del Ejecutivo y el Legislativo bolivianos, e intentaron rebasar una barricada policial. La confrontación, en la que los manifestantes lanzaron petardos, tomates y una carga de dinamita sin víctimas, terminó cuando los antidisturbios dispersaron la columna con gases lacrimógenos. Fue el tercer día consecutivo de protestas multisectoriales contra el gobierno de Rodrigo Paz, asumido en noviembre de 2025 tras poner fin a dos décadas de hegemonía del Movimiento al Socialismo.

La Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) marchó junto a la Central Obrera Boliviana (COB), principal central sindical del país. Ambas reclaman un incremento salarial del 20% para 2026, el compromiso de no privatizar empresas estatales y la derogación de una ley de tierras que, según denuncian, favorece a los grandes propietarios. El magisterio suma la renuncia de la ministra de Educación, Beatriz García, a quien acusa de impulsar una reforma que pondría en riesgo la enseñanza pública. Wilfredo Ajllahuanca, uno de sus dirigentes, rechazó negociar a través de intermediarios: el presidente, dijo, debería sentarse directamente y no enviar portavoces sin poder de decisión.

En paralelo, trabajadores de sindicatos fabriles tomaron la sede del Ministerio de Trabajo para exigir la renuncia de su titular, Edgar Morales, al que responsabilizan de bloquear los acuerdos salariales. La Policía recuperó el control horas después y detuvo a un número no precisado de manifestantes. El canciller Fernando Aramayo sostuvo que en algunas movilizaciones existe un “intento desestabilizador” de liderazgos que buscan recuperar espacio político. El Gobierno convocó a un encuentro nacional el sábado en Cochabamba para abrir el diálogo.

Las protestas también alcanzaron las carreteras. La Federación Única de Trabajadores Campesinos de La Paz Túpac Katari anunció bloqueos en las vías andinas hacia la frontera peruana. Un grupo de campesinos e indígenas amazónicos permanece en la capital desde el lunes con la misma exigencia: la anulación de la ley de tierras. La confluencia de frentes distintos —obreros, docentes, campesinos, transportistas— ilustra la dificultad del Gobierno para contener una presión social sin eje común ni dirección coordinada.

Pese al ambiente de tensión, Paz logró este miércoles un acuerdo con la Confederación de Chóferes de Bolivia para suspender nuevas huelgas, un día después del paro de 24 horas que paralizó la mayoría de las regiones. El Gobierno se comprometió a garantizar el suministro de diésel y a acelerar las compensaciones por la gasolina adulterada distribuida por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que dañó más de 9.300 motores. Según datos de la empresa, se abonaron cerca de tres millones de dólares en resarcimientos hasta la semana pasada.

La crisis del combustible concentra buena parte del desgaste del primer semestre de Paz. El Gobierno eliminó en diciembre la subvención a los carburantes —con subidas del 86% en gasolina y del 162% en diésel— para sanear unas finanzas que cerraron 2025 con una contracción del PIB del 1,6%, según el Instituto Nacional de Estadística. En cinco meses, YPFB acumuló tres presidentes y el sector dos ministros de hidrocarburos. La convergencia de demandas sin articulación política puede transformarse, advierten los analistas, en un pliego nacional de difícil gestión para un ejecutivo que además enfrenta la disidencia abierta de su propio vicepresidente.

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