Paul Starc, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), realizó reuniones en Washington con autoridades estadounidenses como parte de la investigación sobre presunto lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo fue intercambiar información relevante acerca de sociedades y operaciones financieras que permanecen bajo análisis judicial en ambos países.
La visita, que concluye esta semana, se enfocó en el diálogo con integrantes de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN). Este acercamiento institucional aspiró a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. También participó de los encuentros el embajador argentino en EEUU, Alec Oxenford.
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Fuentes oficiales anticiparon que Starc regresa a la argentina con un gran volumen de información relevante sobre uno de los casos más importantes de los últimos años, que puso sobre la lupa los manejos financieros del organismo rector del fútbol argentino.
Desde 2016, la UIF y el FinCEN mantienen un acuerdo de colaboración que les permite requerir y compartir documentación significativa sobre delitos financieros con proyección en Argentina y Estados Unidos. En este contexto, se apunta a esclarecer el flujo de fondos y el entramado de sociedades vinculadas a la AFA.
La investigación judicial abarca una red de empresas que, según las pesquisas, podrían haber servido para desviar recursos desde la entidad madre del fútbol argentino. Diversos informes identifican movimientos sospechosos a través de estructuras jurídicas radicadas en Florida, Georgia y Delaware. El interés principal está puesto en operaciones cuyos beneficiarios finales continúan fuera del alcance de la detección inmediata.
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Entre las compañías analizadas destaca Tourprodenter LLC, creada en 2021 y formalmente administrada por Erica Gillette, pareja del empresario Javier Faroni. Esta firma posee un contrato de exclusividad con la AFA para la organización de partidos amistosos y la concreción de acuerdos comerciales internacionales.
Según los expedientes, se sospecha que Tourprodenter y al menos otras cinco entidades podrían carecer de actividad genuina y funcionar como sociedades fantasma. Las autoridades judiciales citaron a declarar a Faroni y a Gillette, y examinan transferencias millonarias, incluyendo el desvío de al menos USD 42 millones a firmas con sede en Miami.
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La investigación abarca también cuentas bancarias abiertas en entidades estadounidenses, presuntamente a nombre de quienes dirigen las estructuras jurídicas sospechadas, en posible vinculación directa con dirigentes de la AFA. Se procura determinar el recorrido y el destino de los fondos enviados fuera del país.
El marco operativo entre la UIF y el FinCEN se ajusta a estándares internacionales avalados por el grupo Egmont y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), del que Argentina forma parte junto a otras 37 jurisdicciones. Esta coordinación es decisiva ante la complejidad de los mecanismos detectados.
Ante potenciales violaciones a la normativa estadounidense, la investigación podría derivar en la intervención directa del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con competencia en delitos de lavado de dinero y crímenes federales. No se descarta la realización de nuevas reuniones entre funcionarios estadounidenses y Starc si surgen elementos relevantes durante su estadía.
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La identificación de las personas que realmente controlan las estructuras financieras se consolida como clave para impedir que sociedades opacas continúen sirviendo como refugio para fondos de procedencia ilícita, reforzando la cooperación internacional en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
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