Confirmaron procesamientos de exfuncionarios por presunto desvío de fondos para confeccionar guardapolvos

La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de exfuncionarios del entonces Ministerio de Desarrollo Social y de responsables de tres cooperativas por presuntas maniobras de defraudación con fondos destinados a la fabricación de guardapolvos escolares para sectores vulnerables. Según la resolución firmada por los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, existen elementos suficientes para sostener que se habría desarrollado una maniobra para desviar fondos públicos asignados a la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante un convenio suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social para la confección de 165.000 guardapolvos durante el gobierno de Alberto Fernández.

La resolución recae sobre los exfuncionarios Leonardo Sebastián Moyano, Osvaldo Eugenio Minervini, director de Organización Comunitaria, y Eliana Gisela Gladys Rodríguez, asesora administrativa. Y sobre miembros de las cooperativas investigadas: Paula Rosana Goroso, Mirta Lorena Zafra, Yesica Gabriela Goroso, Olga Edith Martínez, Matías Sebastián Celano, Lucas Marcelo Acosta, Marcela Verónica Campanella, Alexis Oscar Lugos, Gladis María Itatí Lugos y Mario Gustavo Figueroa.

Compleja maniobra de defraudación

La Cámara sostuvo que el esquema investigado operó en dos planos: por un lado, mediante el cambio del sistema de adquisición de guardapolvos, que pasó de la contratación directa a la modalidad de subsidio institucional, prevista en la Resolución 208/18, lo que habría permitido eludir controles y seleccionar discrecionalmente al beneficiario; y, por otro, a través de la subcontratación de las cooperativas Solutex Ltda. y General Mitre Manos Unidas Ltda., que, según la pesquisa, carecían de capacidad operativa real para cumplir con las tareas encomendadas.

Los camaristas ratificaron los procesamientos por presunta administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública y -en algunos casos- también por abuso de autoridad, que dictó el juez federal Sebastián Casanello, cuando estuvo a cargo del caso subrogando el juzgado federal 11, vacante desde la muerte de su titular, Claudio Bonadio.

Según la acusación, se atribuye a los acusados haber intervenido “al menos desde el mes de enero de 2023 hasta el mes de diciembre de 2024, en una compleja maniobra de defraudación por medio de la cual se desviaron fondos públicos asignados a la ‘Cooperativa de Trabajo 15 de julio LTDA’, a través del convenio celebrado con el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para la implementación de un “Proyecto Social de Acción Conjunta”.

El objetivo era la producción de guardapolvos con una doble finalidad: fomentar el trabajo social productivo a través de la intervención de organismos no gubernamentales sin fines de lucro y el otorgamiento de los uniformes a los sectores más vulnerables de la sociedad.

“En representación del organismo nacional, todos los convenios fueron firmados por el titular de la Secretaría de Articulación de Política Social, Leonardo Sebastián Moyano”, recordó la acusación, y se hicieron bajo la gestión de la entonces Ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz. Moyano es uno de los exfuncionarios con procesamiento confirmado.

La Cooperativa 15 de Julio recibió un subsidio de $710.366.250 para producir los guardapolvos, pero no habría cumplido íntegramente con las entregas comprometidas, además de registrar irregularidades en las rendiciones, certificaciones y movimientos de fondos. La investigación detectó que parte del dinero habría sido derivado a terceros y utilizado para gastos ajenos al objeto del convenio.

Los cheques librados por la cooperativa 15 de Julio “fueron presentados al cobro por empresas que, en su mayoría, no guardan relación alguna con el sector textil”, remarcó el Tribunal de Apelaciones. Además, hubo aplicación de fondos a “gastos ajenos al rubro textil, como la compra de un vehículo y transferencias a personas no asociadas” a las cooperativas.

La Cámara hizo lugar parcialmente a planteos respecto de los embargos. Consideró que el monto de $3.130 millones fue fijado sin un análisis individualizado de la situación de cada imputado, y ordenó al juez de primera instancia dictar nuevos embargos diferenciados, según el grado de responsabilidad atribuido a cada uno. Esta decisión quedará a cargo del magistrado Ariel Lijo, quien subroga ahora el juzgado federal 11 donde se lleva el caso.

Además, se confirmó la prohibición de salida del país para los procesados, al entender que la medida resulta proporcional a la gravedad de los hechos investigados, al monto del perjuicio económico y al nivel de organización que habría tenido la maniobra.