Rastrean la ruta del dinero en la compra de autos de alta gama de supuestos testaferros de autoridades de AFA

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky ordenó una nueva tanda de declaraciones de testigos vinculados al rastreo de los fondos con que la sociedad integrada por supuestos testaferros de autoridades de la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, pagó 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón de la casaquinta de Pilar.

Se trata de un gerente del banco donde la sociedad “Real Central SRL” tiene la cuenta desde la cual -según certificaba un contador- salían los “fondos de origen lícito” con que pagaba cada vehículo, informaron a Infobae fuentes del caso.

Esta línea de investigación está vinculada a los certificados contables que se usaron para justificar cada adquisición. Se habrían detectado “ciertas inconsistencias” en los saldos bancarios invocados al momento de algunas de las operaciones.

Por otro lado el juzgado convocó a un “broker”, productor de seguros, que manejaba las pólizas de todos los vehículos, que eran de responsabilidad civil contra daños a terceros. Se busca determinar quién las abonaba y rastrear también el origen de esos fondos.

El lote de vehículos y motos que están secuestrados por orden judicial fue valuado en 3.861.100 dólares por peritos oficiales.

En esta semana se prevé además concretar la declaración de dos pilotos de helicóptero que aterrizaron en reiteradas oportunidades en el helipuerto de la quinta de Villa Rosa, Pilar, valuada en 17 millones de dólares, y en la mira judicial porque figura como propiedad de Real Central, la sociedad integrada por Luciano Pantano, monotributista y su madre jubilada Ana Conte.

A la espera de una definición

En paralelo, la Cámara Federal de San Martín comenzó a intervenir para definir qué juez seguirá adelante con la investigación: el Tribunal de Apelaciones dio vista ya al fiscal Alberto Gentilli para que dictamine si el caso tiene que continuar bajo la órbita de Aguinsky o debe ser enviado al distrito de Campana, al juzgado federal de Adrián González Charvay, como reclamó la defensa de Pantano, porque las propiedades investigadas están bajo su jurisdicción.

Este último magistrado aceptó el planteo del supuesto testaferro y le reclamó a Aguinsky que se inhiba. Ante la negativa, el conflicto quedó pendiente de resolución en ese Tribunal de Apelaciones. La fiscalía recibió el caso ayer y tiene tres días para dictaminar.

Fuentes judiciales explicaron que se está a la espera de esta definición clave antes de avanzar con nuevas medidas, entre ellas citar a una nómina de empleados de la quinta.

También quedó en stand by la convocatoria a Pantano y su madre para notificarles de la causa y ofrecerles la posibilidad de hacer un descargo. Esto estaba previsto para diciembre pasado pero la misma mañana de la cita judicial la defensa logró evitarla pidiendo que el juez Aguinsky deje el caso.

Los investigados

Pantano fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.

Su madre Conte es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

Pantano, además, tuvo desde 2021 la mitad de las acciones de una empresa llamada “Central Parks Drinks S.R.L.”, de poca actividad y con un capital social de apenas 300.000 pesos. El 16 de mayo de 2024 la rebautizaron como “Real Central S.R.L.”, y su capital se incrementó a 58.000.000 de pesos.

Con esa reestructuración, el ex dirigente futbolístico también le cedió su 50% de la empresa a su madre, que se convirtió en la accionista mayoritaria de la sociedad.

Dos semanas después la empresa compró el predio de 105.000 metros cuadrados donde está la mansión. La millonaria adquisición y los ingresos de Pantano y Conte se perciben incompatibles, al menos de momento.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

En ese aspecto, el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial debe dictaminar si amplía el objeto procesal de la causa en base a una nueva denuncia que se recibió esta semana desde la Coalición Cívica vinculada al capítulo internacional de la investigación.

Al respecto el juez Aguinsky ya citó como testigo el próximo 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, denunciante de supuestos delitos cometidos en la contratación de intermediarios para los contratos de AFA en el exterior.