
Al regreso de la feria judicial de enero, el Consejo de la Magistratura avanzará con un largo listado de denuncias que, de prosperar, podrían llevar a la destitución de dos jueces federales. Se trata de Patricio Maraniello, titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, y Gastón Salmain, a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Rosario. Ambos se reparten acusaciones que van desde el maltrato laboral y presunto abuso sexual, en el primer caso, hasta la ocultación de antecedentes disciplinarios graves y delitos de corrupción, en el caso del segundo magistrado.
El organismo que revisa la conducta de los jueces -y llegado el caso los sanciona- habilitó el receso de verano para tratar sus causas en la comisión de Acusación. También tienen otros expedientes en curso en el área de Disciplina.
Según dijeron a Infobae fuentes que trabajan en ambos casos, esta decisión principalmente permitió que sigan corriendo los plazos del proceso disciplinario durante enero y, así, evitar que las investigaciones se dilaten mucho más.
Algunas de las voces consultadas estiman que si los casos prosperan como hasta ahora y se verifican las sospechas sobre los jueces, ambos podrían ser citados a declarar antes de que termine el semestre.
Superada esa etapa, lo que sigue es la elaboración de un dictamen que ponga a consideración del Plenario del Consejo la desestimación de la denuncia, una sanción o el juicio político.
Por lo pronto, las comisiones recién se volverán a reunir en febrero y allí se resolverán los pasos a seguir. Mientras tanto, se están produciendo medidas de prueba como citaciones de testigos y producción y análisis de informes o documentación.
Al regreso de la feria, el 10 de febrero, otro juez será indagado por las denuncias de lesiones y amenazas contra seis empleados judiciales: Pablo Díaz Lacava, miembro del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Pampa.
La producción de prueba sobre su caso ya fue concluida y ahora resta escuchar su defensa.
El caso Maraniello
El juez Maraniello tiene 12 expedientes abiertos en la comisión de Acusación y otras dos denuncias que tramitan en Disciplina, donde van los reportes menos graves.
En su defensa, el titular del Juzgado Civil y Comercial Federal N° 5 presentó una serie de recursos: prórrogas, planteos de nulidad, pase de expedientes, archivos y más. Todo esto debería ser tratado en las próximas reuniones de labor de cada comisión.
El sindicato de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (UEJN) formalizó imputaciones por acoso sexual, violencia de género y maltrato laboral, episodios que habrían sufrido los trabajadores de su Juzgado. A esto se sumó el testimonio de una persona de identidad reservada, quien relató hechos que podrían constituir delitos contra la integridad sexual.

Los denunciantes describieron un ambiente de trabajo hostil. Empleados aseguraron que sufrieron amenazas y hostigamientos y señalaron un manejo irregular de los fondos destinados a gastos corrientes, lo que provocó la falta de insumos básicos para las tareas diarias, según estas versiones. Las declaraciones apuntaron también a una secretaria del Juzgado, quien presuntamente mantuvo un vínculo cercano con el magistrado y replicó sus conductas abusivas hacia los subordinados.
La comisión de acusación citó a 14 testigos, entre los que hay empleados y presuntas víctimas. Sus declaraciones serán la prueba central del caso.
Estas acusaciones ya se conocían para septiembre de 2025, cuando el juez Maraniello saltó a la primera plana de la discusión política nacional con un fallo que involucró a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Legisladores de la Coalición Cívica, organizaciones civiles y abogados independientes lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura por la supuesta censura previa a la prensa, luego de que Maraniello prohibiera la difusión de audios atribuidos a la hermana del presidente Javier Milei.
Todo ocurrió justo después de que se develaran las escuchas que destaparon la causa ANDIS. El magistrado fundamentó el otorgamiento de la cautelar para “impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas”.
Otra denuncia contra Maraniello refiere a retrasos y supuesta arbitrariedad. Un abogado reportó que un amparo de salud por un colchón para prevenir úlceras demoró más de ocho meses sin resolución, Y en otro episodio, una escribiente auxiliar acusó al juez de finalizar su interinato de manera “caprichosa” para intentar nombrar a personas vinculadas a la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, una entidad que el juez Maraniello preside.

Por último, la Asociación Civil Red de Defensa al Consumidor y Usuarios denunció que el magistrado dictó una sentencia contraria a la ley con el objetivo de favorecer al PAMI en un litigio. Según la presentación, el juez aceptó un planteo de competencia para quitarle una causa al Juzgado Federal de Mendoza y llevarla a su propio tribunal en Buenos Aires.
La defensa del juez
Sobre este caso Maraniello pidió el archivo de la causa. Explicó que el tema ya se analizó en sede penal y la acusación contra él fue descartada.
A las denuncias de abuso de poder, acoso laboral, maltrato y manejo inadecuado de recursos públicos también respondió de la misma manera. De acuerdo a la defensa del juez, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 10 ya declaró abstracta una causa que contenía varias de esas denuncias en julio del año pasado.
Las que no están incluidas en ese expediente, dijo Maraniello, deberían declararse nulas por distintas irregularidades que observó a lo largo del proceso disciplinario.
No obstante estos planteos, el Consejo de la Magistratura aguarda el descargo formal que debe presentar el magistrado para defenderse de las denuncias. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, ya solicitó una prórroga del plazo para exponer su versión de los hechos, que aún no fue concedida.
“Se trata de un legajo de extrema complejidad, que reúne acusaciones heterogéneas, pedidos probatorios diversos y cuestiones de distinta naturaleza, lo que impide un análisis serio, ordenado y responsable dentro del plazo otorgado”, postuló.
En cuanto al análisis de su conducta en el caso de los audios de Karina Milei, Maraniello solicitó que el tema no se trate en la comisión de acusación, sino en disciplina.
Salmain, acusado por corrupción
El juez de Rosario -que también subroga el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe- arrastra sospechas de corrupción desde los inicios de su carrera en tribunales.

La Dirección de Sumarios de la Corte Suprema de Justicia informó que en 2001 se instruyó un sumario contra él cuando se desempeñaba como auxiliar. Aquella investigación concluyó con su cesantía en 2002, motivada por la sospecha de que intentó sobornar a una empleada para manipular el sistema informático y direccionar expedientes previsionales.
Ahora en el Consejo de la Magistratura lo que se está analizando es si Salmain intencionalmente omitió incluir en su declaración jurada esa expulsión al momento de concursar para su cargo como juez, al que finalmente accedió en 2023.
Las sospechas de corrupción siguen con un listado de acusaciones que están bajo investigación en sede penal. El magistrado acaba de ser procesado y se ordenó su detención, que no puede materializarse por la inmunidad de arresto que le otorga su función judicial.
Esto ocurrió por la causa Attila, donde se busca esclarecer si el juez de Rosario -a cambio de una coima- firmó una resolución que habilitó a una financiera a comprar 10 millones de dólares a valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, en diciembre de 2023. De acuerdo a la reconstrucción fiscal, el objetivo criminal era desviar luego ese dinero a cuentas en el exterior.
Por este caso Salmain fue allanado en octubre. Durante esos operativos dio un paso en falso que mereció la apertura de una nueva causa contra él, por abuso de autoridad, que también será analizada en el Consejo de la Magistratura.
Hubo un primer intento fallido por requisar el despacho del juez rosarino -la orden judicial se filtró-, mientras la causa se encontraba bajo secreto de sumario. Salmain, según la imputación en su contra, intentó acceder al expediente y envió un oficio a las autoridades de la PSA para que le informaran detalles de los procedimientos y nombres de los agentes que intervinieron.
Anteriormente, en la causa Bailaque -otro ex juez de Rosario preso y acusado de múltiples delitos-, se encontraron conversaciones entre Salmain y Carlos Vaudagna, ex titular de AFIP en Santa Fe y actual imputado “arrepentido”. Los mensajes entre ellos dan cuenta de favores recíprocos.
Precisamente, Salmain era quien investigaba a Vaudagna y otros presuntos cómplices en distintas causas. Luego del hallazgo lo apartaron.
Mientras corren los plazos de los procesos en contra de ambos jueces, el Consejo de la Magistratura aguarda por la presentación de sus descargos y los resultados de diversas medidas de prueba solicitadas, que incluyen pedidos de informes a la AFIP, Migraciones y profesionales de la salud, así como auditorías sobre los gastos de funcionamiento de los juzgados bajo revisión.
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