Tres jueces federales de Comodoro Py 2002 ordenaron decenas de allanamientos y libraron órdenes de presentación entre Navidad y víspera de Año Nuevo en causas por maniobras con la compra de dólar a precio oficial y su reventa a valor “blue” durante el cepo impuesto en el gobierno de Alberto Fernández, en 2023 y antes de las elecciones.
En uno de los casos se allanó la casa de la madre de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera vinculada a la AFA y a clubes de fútbol por contratos de sponsoreo y préstamos, que a la vez es centro de otras causas penales por supuesto lavado de activos. Ahora quedó salpicada también en esta investigación.
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El “rulo” que llegaría a Piccirillo
La causa asociada al ex marido de Jésica Cirio empezó con la confesión de un arrepentido en julio pasado. En un celular y un pendrive que aportó en la investigación en su contra por el armado de un falso procedimiento policial para incriminar en un caso de droga a un acreedor y socio de Piccirillo, se encontraron audios e imágenes sobre presuntas operatorias de entidades financieras y no financieras, así como la eventual participación de funcionarios del Banco Central, en maniobras con el dólar oficial a lo largo de 2023, durante el cepo cambiario.
Esta prueba, según pudo saber Infobae, se halló en los dispositivos secuestrados a este acusado en la causa a cargo del juez federal Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi.
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Todo derivó en seis procedimientos concretados ayer: una orden de presentación al Banco Central y allanamientos en domicilios particulares de cinco inspectores. La Cámara Federal porteña acaba de resolver que esta pesquisa siga por ahora en el juzgado federal 11 en los tribunales de Retiro, que subroga Casanello. Lo hizo ante un conflicto de competencia con otra magistrada, María Eugenia Capuchetti, quien investiga el origen de los fondos que le debía Piccirillo a su supuesta víctima: $6.530 millones. Por ahora no hay elementos que permitan asociar esta deuda con las maniobras cambiarias, concluyó el camarista Pablo Bertuzzi y dispuso que ambas investigaciones sigan por separado. Le dio la razón a Capuchetti.
Sur Finanzas
La financiera de Ariel Vallejo ligada a la AFA, que preside Claudio “Chiqui” Tapia, es investigada en otras causas penales por supuesto lavado de activos y apareció ahora en la pesquisa por el “rulo” con el dólar a cargo de la jueza federal María Servini. Entre los múltiples allanamientos que ordenó estuvo el domicilio de la madre de Vallejo en Banfield. Aquí se investigan maniobras ilegales con la compra de unos 1400 millones de dólares también durante 2023, a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio operaron a través de dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares al tipo de cambio oficial, sin justificación económica suficiente: “Por el modo en que se canalizaron las sumas de dinero en cuestión, se pondría en crisis su origen y licitud”.
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La hipótesis central de la investigación es la existencia de un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario, mediante el cual se compraban dólares al valor oficial que luego eran revendidos a un precio mucho más alto, ya sea a otras entidades financieras o en el mercado informal, utilizando una compleja red de intermediarios.
La Justicia busca ahora reconstruir el circuito completo del dinero, determinar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si existió lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.
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En cuanto a la tercera investigación que por hechos similares se lleva en Comodoro Py, comenzó en diciembre de 2024 a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y derivó en 62 allanamientos el viernes pasado, 26 de diciembre. Se secuestró documentación, dispositivos electrónicos, sumas millonarias en pesos y armas de fuego. En este caso se sospecha que también entre enero y agosto de 2023 se retiró de cinco casas de cambio un total de 474.846.739 dólares en efectivo producto de las maniobras con la compraventa de la divisa estadounidense a precio oficial durante el cepo del gobierno de Alberto Fernández.
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Determinó que los plazos para juzgar a los implicados ya estaban vencidos. De quedar firme esta decisión, podría derivar en el cierre de todo este tramo de la causa. La jueza Capuchetti había llamado a indagatoria para octubre a todos los imputados
