La ex presidenta Cristina Kirchner podrá subir dos horas por día a la terraza del edificio de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, tras ser condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad.
La decisión del Tribunal Oral Federal 2, que ejecuta la pena, se tomó luego del segundo informe de control trimestral sobre el cumplimiento de las condiciones fijadas cuando se le otorgó la prisión domiciliaria en junio pasado.
El juez del TOF2 Jorge Gorini resolvió mantener el régimen de encierro en el departamento de San José 1111, pero autorizó que la ex presidenta pueda acceder a la terraza del inmueble por un máximo de dos horas diarias, un beneficio equiparado a la salida al patio prevista para los internos alojados en establecimientos penitenciarios.
CFK puede salir sin restricciones al balcón de su departamento y ahora se agrega la terraza del edificio, bajo esas condiciones.
La resolución ratificó la continuidad de la prisión domiciliaria, el uso de la tobillera electrónica y los controles trimestrales, pero introdujo otra modificación a las visitas sin necesidad de permiso incluídas en un listado que aportó la ex presidenta. Se recortó un porcentaje de quienes tenían autorizado ingreso irrestricto y en esos casos tendrán que detallar los motivos de las visitas. Abarca algunos abogados, médicos, contadores y familiares.
Audiencia clave
Todos estos cambios se resolvieron en la previa de una audiencia clave convocada para el próximo lunes 22 por la Cámara de Casación Penal, que tiene que resolver sobre una apelación de la defensa a otra tanda de nuevas restricciones impuestas el 19 de noviembre pasado, luego de la visita simultánea de nueve economistas al departamento.
La foto del evento fue publicada por la ex mandataria en su cuenta de la red social X y, para el juez Gorini, esa reunión “realizada, en los términos en que fue difundida por la propia involucrada, no sólo demuestra falta de prudencia sino que, además, desconoce la naturaleza punitiva de la prisión domiciliaria y desvirtúa los fines que inspiran esta modalidad”.
Por ello, desde el 19 de noviembre, el Tribunal autoriza cada visita de manera previa, salvo las incluidas en un listado de abogados, médicos y familiares directos.
El pedido de ver a la ex presidenta debe estar acompañado de una justificación detallada y concreta sobre la necesidad de la reunión, especificando además la fecha y el horario previsto para su realización.
Pero además se fijaron límites más estrictos: los encuentros no pueden exceder las dos horas de duración, solo se permiten hasta dos veces por semana y la cantidad de asistentes simultáneos no puede superar las tres personas.
La supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las reglas de conducta fijadas están a cargo de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que ahora emitió su segundo informe.
Frente a este escenario, los defensores Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que la decisión de restringir el contacto de la expresidenta con el exterior carece “de sustento lógico y jurídico”.
El recurso sostiene que antes del 19 de noviembre no existía ninguna norma que fijara un número máximo de visitantes, por lo que no pudo haber incumplimiento de una obligación inexistente.
Además, la defensa remarca que las nueve personas que visitaron a Fernández de Kirchner el 17 de noviembre estaban incluidas en una nómina previamente autorizada y que el propio Tribunal había permitido visitas grupales similares en otras ocasiones, sin objeciones.
El escrito también subraya que la reunión del 17 de noviembre no alteró la tranquilidad del vecindario y fue de carácter político-académico, como otras ya aprobadas.
En la apelación que ahora analiza la sala IV de Casación, sostuvieron que el endurecimiento de las condiciones provocaba “un gravamen de naturaleza irreparable”.
También hicieron reserva de acudir a organismos internacionales de derechos humanos si el reclamo no prospera en el ámbito local.
Tras la audiencia del próximo lunes, los camaristas Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver si avalan o no estas nuevas condiciones de visitas para la ex presidenta condenada por administración fraudulenta en la causa que investigó delitos con la obra pública vial nacional en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
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