El sistema de justicia penal juvenil registró durante 2024 miles de niños, niñas y adolescentes (NNyA) involucrados en causas penales en todo el país, según el Mapa federal publicado esta semana por la Corte Suprema de Justicia, que reúne datos de las 24 jurisdicciones sobre causas tramitadas y respuestas judiciales adoptadas.
Con la confección del “Mapa de niños, niñas y adolescentes con intervención penal de la República Argentina”, la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes (BGD) del Máximo Tribunal apuntó a dimensionar el alcance de la aplicación del régimen punitivo juvenil durante el último año y, al mismo tiempo, identificar cuántos NNyA fueron alcanzados por procesos penales, cuántos expedientes se iniciaron y qué tipo de respuestas se dispusieron en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para el caso, en la Ciudad de Buenos Aires durante 2024 ingresaron a la justicia de menores 610 NNyA, que al momento del hecho investigado tenían menos de 18 años. A ese universo se asociaron 438 causas penales. En cuanto a las decisiones adoptadas, 9 NNyA quedaron sujetos a medidas de privación de la libertad o alojamiento en instituciones, con 9 disposiciones de ese tipo. Además, 28 NNyA fueron alcanzados por respuestas no privativas, lo que derivó en un total de 94 medidas no privativas durante el período.
Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, los datos aportados por la Procuración General muestran un volumen significativamente mayor de intervenciones. Durante 2024 se registraron 1.802 NNyA imputados formalmente en la justicia juvenil, en un total de 1.892 causas penales. En este caso, el registro incluye únicamente procesos en los que hubo al menos una imputación formal, conforme al Código Procesal Penal provincial, y la edad consignada corresponde al momento de esa imputación.
En relación con las respuestas más restrictivas, se informó que 1.472 NNyA se encontraban bajo alguna modalidad de restricción de la libertad al 31 de diciembre de 2024, con 1.472 medidas vigentes a esa fecha. El relevamiento incluye jóvenes detenidos, con semilibertad, internados, con prisión domiciliaria, sujetos a medidas de seguridad o a mecanismos de morigeración de la prisión preventiva. En este distrito no se informaron datos sobre medidas no privativas.
A su vez, en la provincia de Córdoba, el Poder Judicial informó que durante 2024 ingresaron a la justicia provincial de menores 2.437 NNyA, asociados a 2.382 causas penales. En cuanto a las intervenciones de carácter privativo, 314 NNyA quedaron alcanzados por este tipo de respuestas, con 376 medidas dispuestas durante el año. Paralelamente, se registraron 384 NNyA alcanzados por medidas no privativas, con un total de 570 disposiciones de ese tipo.
En La Pampa, el informe consigna 1.390 NNyA con ingreso a la justicia de menores por causas penales durante 2024, vinculados a 1.744 causas penales. En este caso, 49 NNyA estuvieron sujetos a restricciones de la libertad, con 21 medidas adoptadas. La jurisdicción no informó datos sobre respuestas no privativas.
En la provincia de Mendoza, el Poder Judicial reportó 349 NNyA con ingreso en la justicia penal juvenil, asociados a 462 causas penales. El informe aclara que los expedientes que involucran a jóvenes no punibles por la edad tramitan ante el Ministerio Público Fiscal y no generan intervención de la justicia penal juvenil ni este tipo de respuestas. Aun así, se registraron 30 NNyA alcanzados por medidas de carácter privativo, con 57 disposiciones adoptadas. Asimismo, 319 NNyA fueron alcanzados por respuestas no privativas, con 405 medidas durante el año.
En Corrientes, el relevamiento indica que durante 2024 ingresaron a la justicia de menores 312 NNyA, asociados a 268 causas penales. En esa provincia, 12 NNyA quedaron sujetos a medidas restrictivas, con 13 disposiciones adoptadas. Además, se registraron 5 NNyA alcanzados por medidas no privativas, con 5 resoluciones de ese tipo.
Finalmente, en Entre Ríos, la publicación consigna 105 NNyA con ingreso en la justicia penal juvenil durante 2024, vinculados a 192 causas penales. En relación con las respuestas más severas, 11 NNyA estuvieron sujetos a restricciones de la libertad, con 32 medidas dispuestas. Al mismo tiempo, 96 NNyA fueron alcanzados por medidas no privativas, con 224 resoluciones adoptadas.
Más allá de las cifras por jurisdicción, el Mapa indica que todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportan información con desagregación por rango etario, género, nacionalidad y tipo de delito, a partir de una matriz común de indicadores. Las causas penales se clasifican en categorías como delitos contra el orden público, contra la administración pública, contra la fe pública, contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad pública y contra las personas.
No obstante, el documento advirtió que, pese a la utilización de estos criterios comunes, los datos no son comparables entre jurisdicciones, debido a las diferencias existentes en los sistemas judiciales locales, la normativa aplicable y los criterios de registro. Por ese motivo, el estudio incorpora aclaraciones metodológicas específicas para cada provincia.
El informe estadístico 2024 estuvo a cargo de la Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, un organismo creado en 2004 mediante la resolución CSJN 1674/04, que coordina el funcionamiento de un sistema informático destinado a registrar, compartir y consultar de manera inmediata y segura información sobre NNyA involucrados en causas judiciales. Además de producir estadísticas periódicas, la BGD desarrolla instancias de capacitación, recopilación de jurisprudencia e intercambio de buenas prácticas entre operadores judiciales, con el fin de fortalecer el análisis de la intervención penal juvenil y fomentar decisiones basadas en datos duros.
En el caso del Mapa 2024, la oficina dependiente de la Corte Suprema resaltó que el relevamiento se llevó a cabo con la colaboración del área de Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Niños, Niñas y Adolescentes de UNICEF, y que durante 2025 se llevaron adelante reuniones con referentes estadísticos de los distintos poderes judiciales y ministerios públicos provinciales para avanzar en el fortalecimiento y la mejora de la información suministrada , en un informe que consolida por segundo año consecutivo la cobertura de las 24 jurisdicciones del país.
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